Yucatán: miles personas sin derechos laborales y trabajando en condiciones de precariedad
En Yucatán, 763 mil personas (65 por ciento de la población) trabajan sin seguridad social
Texto y foto: Abraham Bote Tun
Yucatán está entre los 15 estados del país con mayor cantidad de personas sin derechos laborales y miles de personas trabajando en condiciones de precariedad: sin ingreso suficiente y sin seguro social, reveló el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El Observatorio basa su análisis en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al Trimestre de 2022.
De acuerdo con los datos de la agrupación, en el estado existen 391 mil personas sin contrato estable (trabajadores asalariados), el 53 por ciento de la población; en este apartado Yucatán se posiciona en el lugar 15.
Además, hay 763 mil personas, que representa el 65 por ciento, sin seguridad social y otras 807 mil personas sin ingreso suficiente, el 74 por ciento, en ambos rubros el estado se coloca en el lugar 15.
También hay un registro de 654 mil personas no tienen representación sindical; ocupando el lugar 18 a nivel nacional.
El observatorio detalla que la región Sur Sureste del país, donde se concentran los mayores niveles de desarrollo y actividad económica exportadora, conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, más de la mitad de la población, 5 millones 140 mil personas trabajan sin contrato estable (63 por ciento) y 6 millones 991 mil personas trabajan sin organización sindical (86 por ciento).
De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, esta zona del país ocupa el primer lugar en indicadores de precariedad laboral: 10 millones 898 mil personas trabajan y carecen de ingreso laboral suficiente para adquirir lo más básico y superar el umbral de pobreza (79 por ciento) y 11 millones 198 mil trabajan y carecen de seguridad social (75 por ciento).
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, recordó que la Constitución, en su artículo 123, garantiza a los mexicanos el derecho al trabajo digno, en el cual se reconoce el derecho de los trabajadores a un ingreso salarial suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, en el orden material, social y cultural.
También el derecho a coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos, los que serán titulares de los contratos colectivos.
“Así que la exigencia es simplemente: cumplir con la ley; respetar lo que el artículo 123 reconoce como derecho de los trabajadores y que también ya forma parte de los derechos humanos, conforme a los Tratados internacionales firmados por México. Hoy darles vigencia plena a esos derechos es un imperativo si se quiere avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, manifestó.
Ante este panorama, el organismo exige trabajo con remuneración suficiente y derechos laborales, conforme a los derechos humanos y la Constitución, crear un sistema de protección social universal, no condicionado, que permita acceso universal a servicios de salud, servicios de cuidado y pensiones de ingreso en edad avanzada, desempleo e incapacidad.
Para lograr este propósito, proponen establecer acuerdos con líderes y organismos empresariales que se comprometan con los derechos humanos, con una remuneración mínima para cubrir el costo de dos canastas básicas (8 mil 220 al mes) y con contratos estables y demás prestaciones legales, de manera verificable.