Yucatán: Ixil detiene proyecto inmobiliario. Denuncia malversación y hostigamiento por el gobierno
Comunidad maya logra cancelación de megaproyecto inmobiliario Cedrón por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), anuncia acciones penales contra Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos
Denuncia malversación de fondos públicos por el Gobierno del Estado de Yucatán para hostigar a la comunidad y favorecer intereses privados de familias Abimerhi y Millet
Acusa a Tribunal Colegiado en Material Penal y Administrativa de conflicto de intereses y de violar derechos de comunidades indígenas para facilitar despojo de tierras
Emite alerta por posible operativo de la Policía Estatal aprovechando fechas navideñas
La comunidad maya de Ixil obtuvo una nueva victoria en la defensa del territorio ancestral y el medio ambiente, al conseguir la clausura del megaproyecto inmobiliario Cedrón, desarrollado por Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos [1].
En la denuncia, presentada el 28 de noviembre ante la SEMARNAT y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), miembros de la comunidad señalan:
“El desarrollo Cedrón está vendiendo lotes y deforestando un área forestal sumamente cercana a Ixil, lo que supone riesgos graves para nuestra subsistencia, dado que nuestra comunidad depende de la agricultura tradicional maya, la cual requiere la conservación de amplias áreas de selva para funcionar y es incompatible con la deforestación de áreas extensas. También aumenta el riesgo de inundación en nuestra comunidad, que en el año 2020 sufrió serias inundaciones, pérdidas de cosechas, animales domésticos, así como de las pocas posesiones que tenemos en nuestras casas, pues estuvieron inundadas por dos semanas. Sabemos que la deforestación aumenta gravemente la vulnerabilidad de nuestra comunidad ante huracanes y tormentas tropicales, los cuales serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Ya se han vendido casi todos los lotes de la primera etapa, que según refiere la página web, “cuenta con un total de 490 lotes residenciales que van desde los 160 m² hasta los 572 m²”. De acuerdo a la página web, el proyecto consta de otras tres etapas más.”
La comunidad anunció acciones penales contra las empresas FIAT y ECOPSA, pues continúan entrando trabajadores en los terrenos, violando los sellos de clausura instalados por PROFEPA. Solicita que PROFEPA haga un seguimiento adecuado a los proyectos inmobiliarios clausurados, pues las empresas en general continúan su actividad tras la instalación de sellos de clausura, como ocurre en Ixil.
El megaproyecto Cedrón no es el único que está afectando negativamente a Ixil. Las familias Abimerhi y Millet pretenden apropiarse de 350 hectáreas al norte de la comunidad, en un área distinta al megaproyecto Cedrón, el cual se ubica al oriente de Ixil. Este despojo se intenta consumar a través de una orden de aseguramiento emitida de manera ilegal por la Fiscalía General del Estado (FGE), y del hostigamiento permanente a la comunidad por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La comunidad de Ixil denuncia la malversación de recursos públicos estatales en beneficio del intento de estas dos familias de apropiarse de estas tierras. La comunidad sustenta dicha afirmación en un informe remitido el 4 de diciembre por el Oficial Responsable de Grupo Dorados y UERCOF a la Dirección Jurídica de la SSP, en el que describe la vigilancia y hostigamiento continuo de la comunidad:
“Es oportuno hacer saber que, al momento de la redacción del presente documento, se encuentra como responsable del Operativo y de la Unidad Policial 6857 el Policía Segundo, Kevin Enrique Leal Alvarado, con tres elementos de tropa, todos del Grupo Dorados, quienes se encuentran en el Primer Punto Permanente de Seguridad, ubicado a un costado de la carretera (inicio de la delimitación territorial). Aproximadamente a trescientos metros de distancia se encuentra el Segundo Punto Permanente de Seguridad, a cargo del Policía Primero, Juan Enrique Quijano Huchim, con un elemento de tropa, ambos del Grupo Frailes, Unidad Policial 6666. Aproximadamente a quinientos metros de distancia del Segundo Punto se encuentra el Tercer Punto Permanente de Seguridad, a cargo del Policía Primero, José Zapata Dzul, con un elemento de tropa, ambos del Grupo Kairos, unidad policial 6750.
Durante el transcurso del día el Policía Segundo, Kevin Enrique Leal Alvarado, a bordo de la Unidad 6857, realiza recorridos de vigilancia y disuasión, teniendo especial cuidado en que los sellos y el alambrado utilizado para delimitar el terreno no sean alterados, el Responsable Operativo, tiene contacto con los encargados de los Puntos Permanentes de Seguridad y durante la noche se disponen guardias consistentes en que el personal se mantenga realizando las referidas tareas. Importante mencionar que hasta el momento de la realización del presente Informe, no ha ocurrido manifestación, altercado o disturbio alguno relativo a las citadas tierras.”
El objetivo de este oneroso operativo, iniciado el 17 de agosto, es intimidar y hostigar a la población de Ixil e interferir en sus actividades productivas. La presencia permanente de tres Unidades Policiales y ocho elementos de tropa pertenecientes a tres grupos policiales diferentes no tiene ninguna relación con la seguridad pública, y beneficia únicamente los intereses privados de las familias Abimerhi y Millet, con gran costo para el erario público. A modo de comparación, la suma total dedicada a Ixil por el Gobierno de Yucatán en el marco del Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER) en 2022 fue de 244.000 pesos, una suma mínima frente a lo gastado en hostigar a los campesinos de Ixil.
El hostigamiento a la comunidad va más allá de la presencia policial. Grandes camionetas blancas sin placas, así como automóviles sin placas, circulan por Ixil con total impunidad, transportando a personas ajenas a la comunidad que colaboran con las unidades policiales. Los agentes de policía piden credencial a quienes quieren acceder a las tierras de cultivo, toman fotografías y apuntan las placas de las camionetas y motos utilizadas por los campesinos de Ixil. En varias ocasiones dijeron a personas de la comunidad que no pueden llevar a cabo sus tareas de rotación de cultivos [2] ni construir pequeñas chozas de madera para guardar sus herramientas, lo que resulta necesario debido a que los caminos cosecheros están cerrados con alambres de púas y sellos instalados por la Fiscalía General del Estado. Esos sellos señalan que quien los altere enfrenta penas de hasta 3 años de cárcel. Por este motivo, los campesinos no pueden acceder con motocicletas o camionetas, por lo que necesitan pequeñas chozas para resguardar sus herramientas y bombas de agua y así no tener que transportarlas cada día. Los policías impiden estas tareas, por lo que los campesinos se ven obligados a acceder a sus tierras caminando, brincando entre los alambres de púas, transportando a mano todas sus herramientas.
Las familias Abimerhi y Millet tienen fuertes vínculos políticos y empresariales con el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y con el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda. Un miembro de la familia Abimerhi obtuvo en 2015 el puesto de Diputado del Congreso del Estado de Yucatán por el Distrito 4 que Mauricio Vila Dosal había ocupado en la legislatura previa [3]. Los agentes de la SSP son instruidos para inducir a seleccionar los servicios de grúas y corralón propiedad de Chikri Abimerhi cuando atienden cualquier siniestro. Chikri Abimerhi se ostenta como copropietario de las tierras de Ixil afectadas por la orden de aseguramiento. Es de conocimiento público el destacado papel de las familias Abimerhi y Millet en el financiamiento de la campaña electoral de Mauricio Vila Dosal.
Estas familias tienen asimismo control de una sala clave del poder judicial en Yucatán: un sobrino en segundo grado de Chikri Abimerhi, llamado Vicente Guillermo Sánchez Abimerhi, es Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa con sede en Mérida. Este tribunal resuelve en segunda instancia todas las demandas relacionadas con delitos federales de carácter penal, y falla de forma sistemática a favor de intereses empresariales y en contra de las comunidades mayas.
El 7 de diciembre dicho Tribunal Colegiado revocó la orden de suspensión provisional dictada por el Juzgado Primero de Distrito, la cual había dejado sin efectos la orden de aseguramiento de tierras de Ixil dictada por la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque la ley establece que se requiere una orden judicial para asegurar un bien inmueble, la FGE ordenó el aseguramiento sin contar con una orden judicial. El Tribunal Colegiado decidió, de forma arbitraria, que una orden emitida por un Ministerio Público es equivalente a una orden emitida por un juez, lo que contraviene el orden jurídico vigente. También afirmó que el aseguramiento no implica afectaciones a la comunidad, pese a que consta en el expediente que numerosas familias mayas dependen de esas tierras para su sustento.
Un grupo de representantes de Ixil viajará pronto a Ciudad de México para solicitar a la Suprema Corte que decida sobre la orden de suspensión definitiva, dada la infame trayectoria de este Tribunal Colegiado, denunciado numerosas veces por favorecer sistemáticamente a intereses empresariales.
El lunes 11 de diciembre, 4 días después de que fuera revocada la orden de suspensión provisional, un helicóptero sobrevoló el casco urbano de Ixil y las tierras sujetas a la orden de aseguramiento. Varias personas de la comunidad afirman que era un helicóptero de la SSP. Debido a ello, la comunidad de Ixil pide a otras comunidades mayas, organizaciones solidarias y a la sociedad civil que se mantengan alerta por si en los próximos días, aprovechando las fiestas navideñas, la SSP llevase a cabo un operativo ilegal para expulsar a las familias mayas que continúan cultivando las tierras colectivas, y de ese modo facilitar su despojo por las familias Abimerhi y Millet.
El Gobernador Mauricio Vila promueve Yucatán como “paraíso” inmobiliario sobre la base de despojo, agresiones y violaciones de derechos de las comunidades, para aumentar las ganancias de una élite empresarial con la que mantiene fuertes vínculos. No muestra interés alguno por las necesidades y deseos de los pueblos y comunidades mayas, ni de familias trabajadoras que sufren costos crecientes en concepto de alquiler y de insumos de todo tipo. Yucatán se está congestionando en todos los sentidos: tráfico, desechos, agua potable, contaminación del acuífero, etc. El supuesto “paraíso” que vende Vila está convirtiéndose en un infierno para las comunidades, e incluso para compradores que encuentran con una realidad muy diferente a la que les vendieron. Pero Ixil y otras comunidades mayas como Kinchil seguiremos defendiendo nuestro territorio, nuestros montes y nuestra forma de vida.