En Yucatán hace falta una perspectiva integral de seguridad que reconozca la protección y respeto a los derechos humanos
Reflexiones sobre el modelo de seguridad pública en Yucatán
*Enrique Gallegos @gallegosm_e
Foto portada: David Jiménez
Durante los últimos años las instituciones de seguridad pública en Yucatán han sido objeto de críticas y cada vez se presta más atención a la actuación de corporaciones estatales y municipales. En lo que va del año se han registrado diversos casos de abuso policial, tortura y detenciones arbitrarias, pero por respeto a las víctimas y sus familiares, omitiré los detalles de casos en particular.
Es innegable que, a pesar de las bajas cifras en la incidencia de ciertos delitos, existen problemas importantes en el modelo de seguridad pública de Yucatán. En primer lugar, hace falta una perspectiva integral de seguridad que reconozca la importancia de la protección y respeto a los derechos humanos; es decir, no solamente se debe responder reactivamente ante la incidencia de delitos, también deben existir acciones que mejoren las prácticas dentro de las corporaciones.
Otro aspecto importante al que urge prestar atención son las violaciones a derechos humanos y la represión de la protesta social. En la conciencia social, cada vez se teme más a la policía de lo que se cree que puedan proteger.
Un tercer problema es que existen pocas fuentes de información oficial sobre las violaciones a derechos humanos, lo cual tiene una doble dimensión. Por un lado, no existe una voluntad institucional de documentar y rendir cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública; por otro lado, la falta de datos claros y actualizados impide dimensionar el problema y tomar medidas para actuar en consecuencia.
Es preocupante que hasta ahora las autoridades no hayan reconocido que existe un problema institucional en las corporaciones de seguridad pública en el Estado. El Gobierno del Estado, el Congreso Local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán frecuentemente usan eufemismos para ignorar o evadir las responsabilidades cuando un caso de violencia policial se ha hecho público; ya sea por falta de capacitación o sensibilización, no nombrar la tortura, las detenciones arbitrarias y/o ilegales, así como las muertes en custodia, implica que las reparaciones a las víctimas y las sanciones a los responsables no cumplan sus objetivos.
Por último, hay una deuda pendiente de parte de las instituciones académicas y otros sectores como los Colegios de abogadas y abogados, y Cámaras empresariales. Solo gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación, así como organizaciones de la sociedad civil, activistas y las victimas se han detonado discusiones públicas, serias y objetivas sobre la realidad de Yucatán en materia de seguridad.
*Enrique Gallegos es abogado e investigador. Consultor en las áreas temáticas de derechos de pueblos y comunidades originarias; impactos de proyectos de desarrollo; tortura y detenciones arbitrarias; así como de acceso a la información pública.
Miembro de la Red de Litigio Estratégico de la Península Yucatán @RedLitigio e investigador de Elementa Derechos Humanos.