El espejismo de la ciudad ideal: caos vial, crisis hídrica y de vivienda en Mérida
Por Abraham Bote Tun
El Índice de Competitividad Urbana 2026 exhibe los rezagos de la capital yucateca en movilidad, vivienda y medio ambiente. Tras más de una década de gobiernos del PAN en Mérida, el modelo de ciudad que privilegia la inversión contrasta con los derechos que siguen sin garantizarse.
Mérida, Yucatán.— Durante años, Mérida ha sido promocionada como una de las mejores ciudades de México para vivir, invertir y hacer negocios. Su percepción de seguridad, su dinamismo económico y su atractivo turístico han alimentado la imagen de una capital próspera, cosmopolita y con una calidad de vida superior a la de otras metrópolis del país.
Sin embargo, detrás de esa imagen hay otra ciudad: una donde las personas enfrentan riesgos en las calles, dificultades para acceder a una vivienda digna, desigualdades laborales y problemas de infraestructura ambiental que cuestionan la sostenibilidad del crecimiento urbano.
El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), permite observar estos contrastes. Aunque Mérida se ubica en el sexto lugar nacional entre las ciudades con más de un millón de habitantes, su desempeño es desigual: mientras destaca en el subíndice de Derecho y seguridad, presenta rezagos importantes en infraestructura, mercado laboral y sociedad y medio ambiente.
El índice evalúa la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión, pero sus indicadores también permiten identificar condiciones que afectan la vida cotidiana de sus habitantes. Consulta el ICU 2026 del IMCO.
¿De qué sirve que Mérida sea competitiva para atraer inversiones si su desarrollo no garantiza condiciones dignas para quienes la habitan?
Una ciudad gobernada por el PAN durante más de una década
Desde 2012, Mérida ha sido gobernada de manera consecutiva por administraciones emanadas del Partido Acción Nacional (PAN). Primero, con Renán Barrera Concha, quien encabezó el Ayuntamiento de 2012 a 2015; después, con Mauricio Vila Dosal, de 2015 a 2018; posteriormente, con Barrera Concha nuevamente, de 2018 a 2021 y tras su reelección, de 2021 a 2024. Desde el 1 de septiembre de 2024, la presidencia municipal está a cargo de Cecilia Patrón Laviada.
Esta continuidad política obliga a revisar el modelo de desarrollo urbano de Mérida que se ha consolidado durante más de una década. No se trata únicamente de evaluar los resultados de una administración, sino de examinar las prioridades de un proyecto de ciudad que ha mantenido al mismo partido al frente del gobierno municipal.
El crecimiento inmobiliario, la expansión de la mancha urbana y la promoción de Mérida como destino de inversión han transformado el territorio. Pero el crecimiento económico y la construcción de nuevos desarrollos no equivalen, por sí mismos, a bienestar colectivo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la ciudad debe evaluarse también por su capacidad para garantizar vivienda adecuada, movilidad segura, acceso a servicios públicos y un medio ambiente sano. Cuando estos derechos quedan subordinados a la rentabilidad de los proyectos privados, la competitividad puede convertirse en una promesa que beneficia de manera desigual a la población.
Movilidad en Mérida: una ciudad donde trasladarse también implica un riesgo
Uno de los focos rojos del ICU 2026 es la seguridad vial en Mérida. De acuerdo con los datos proporcionados por el IMCO, Mérida registra una tasa de 200.1 víctimas en accidentes relacionados con el transporte por cada 100 mil habitantes, indicador que coloca a la ciudad en una posición desfavorable.
El dato expone una contradicción: una ciudad que busca atraer inversiones, turismo y nuevos habitantes enfrenta dificultades para garantizar traslados seguros.
La movilidad urbana no puede reducirse a la circulación de automóviles ni a la construcción de nuevas vialidades. Implica que las personas puedan caminar, utilizar la bicicleta y acceder al transporte público sin poner en riesgo su integridad.
Cuando la planeación urbana privilegia el automóvil particular, las distancias aumentan y los desplazamientos cotidianos se vuelven más complejos para quienes trabajan, estudian o necesitan trasladarse para acceder a servicios esenciales. Peatones, ciclistas y usuarios del transporte público quedan expuestos a las consecuencias de una infraestructura que no siempre coloca sus necesidades en el centro.
El problema, por tanto, no consiste solamente en el número de accidentes. También plantea interrogantes sobre la distribución del espacio público, el diseño de las calles, la conectividad entre las zonas habitacionales y los centros de trabajo, y la capacidad de las autoridades para garantizar el derecho a una movilidad segura.
Una ciudad verdaderamente competitiva debería permitir que sus habitantes se desplacen de manera accesible, eficiente y segura, independientemente de si cuentan con un automóvil.
Vivienda en Mérida: crecer no significa garantizar el derecho a habitar
Otro indicador preocupante es la construcción de vivienda intraurbana, que representa apenas el 5.3% según los datos del ICU 2026 proporcionados para este reportaje. En este indicador, Mérida ocupa el lugar 65 entre las 72 ciudades analizadas por el IMCO.
La cifra apunta a un problema de organización territorial: la dificultad para consolidar una ciudad compacta, con viviendas cercanas a los empleos, los servicios y el equipamiento urbano.
La expansión dispersa puede incrementar los tiempos de traslado, la dependencia del automóvil y los costos de llevar infraestructura y servicios a zonas cada vez más alejadas. También puede profundizar las desigualdades entre quienes pueden pagar una vivienda bien ubicada y quienes deben buscar opciones más distantes de sus centros de trabajo.
En Mérida, la expansión inmobiliaria convive con una discusión cada vez más urgente sobre el acceso a la vivienda y la transformación de distintas zonas de la ciudad. La promoción de nuevos desarrollos y el aumento del atractivo del mercado inmobiliario no garantizan que las personas trabajadoras puedan adquirir o rentar un hogar adecuado.
La vivienda es un derecho humano, no únicamente un activo financiero. Sin embargo, cuando el suelo urbano se convierte principalmente en una oportunidad de especulación inmobiliaria, el acceso a un lugar digno para vivir queda condicionado por la capacidad de pago y los intereses de los propietarios.
El desafío consiste en preguntarse quiénes pueden beneficiarse del crecimiento de Mérida y quiénes terminan asumiendo sus costos: trabajadores que destinan una parte importante de sus ingresos a la renta, familias que se alejan de las zonas consolidadas y habitantes que enfrentan la transformación de sus barrios.
Medio ambiente y agua: las deudas del crecimiento urbano
Los rezagos ambientales constituyen otra de las señales de alerta. En el subíndice de Sociedad y Medio Ambiente, Mérida ocupa el lugar 17 entre las 21 ciudades con más de un millón de habitantes, con un nivel de competitividad media baja, de acuerdo con los datos proporcionados del ICU 2026.
Uno de los indicadores más preocupantes es la capacidad de tratamiento de aguas residuales, que se sitúa en apenas 0.5 litros por segundo por cada mil habitantes. Esta cifra evidencia una debilidad en la infraestructura de tratamiento frente a las necesidades de una metrópoli en crecimiento.
La gestión del agua en Mérida es especialmente importante en Yucatán por las características de su territorio y la vulnerabilidad de sus recursos hídricos a la contaminación. El desarrollo urbano, la actividad industrial y los nuevos proyectos inmobiliarios requieren una planeación que considere la capacidad real de los servicios y la protección ambiental.
No basta con construir viviendas, complejos comerciales o infraestructura turística. También es indispensable garantizar que el crecimiento no comprometa los recursos naturales ni traslade sus costos a las comunidades.
A este panorama se suman las preocupaciones por la pérdida de áreas verdes, la deforestación asociada con la expansión urbana y las inundaciones en Mérida que afectan distintas zonas durante las lluvias. La reducción de superficies permeables y la transformación del territorio pueden agravar los problemas de escurrimiento y filtración, aunque la explicación de cada inundación requiere considerar también las condiciones del suelo, el drenaje y la infraestructura local.
La cuestión de fondo es si la planeación urbana está respondiendo a las necesidades ambientales de la ciudad o si está avanzando a un ritmo que rebasa la capacidad de sus servicios y ecosistemas.
El crecimiento no puede considerarse sostenible si sus beneficios económicos se concentran mientras sus impactos ambientales se distribuyen entre la población.
Una ciudad competitiva con desigualdad laboral
El ICU 2026 también exhibe dificultades en el mercado laboral de Mérida. La brecha salarial de género alcanza el 30.4%, según los datos proporcionados, lo que significa que las mujeres perciben ingresos considerablemente menores que los hombres en el indicador evaluado.
La desigualdad salarial no es un problema secundario: limita la autonomía económica de las mujeres, condiciona sus oportunidades y profundiza las diferencias en el acceso a la vivienda y a otros bienes esenciales.
En este subíndice, Mérida ocupa el lugar 15 entre las 21 ciudades con más de un millón de habitantes, con una competitividad media baja. A ello se suma una tasa de informalidad laboral del 46.8%, que refleja las dificultades de una parte importante de la población ocupada para acceder a condiciones laborales formales.
Estos datos obligan a cuestionar una idea frecuente en la promoción económica de la ciudad: atraer inversiones no garantiza automáticamente empleos bien remunerados ni condiciones laborales equitativas.
Una ciudad puede incrementar su actividad comercial, turística e inmobiliaria y, al mismo tiempo, mantener una fuerza laboral expuesta a la informalidad, los bajos ingresos y las jornadas extensas.
La competitividad debería medirse también por la capacidad de generar empleos dignos, reducir las brechas salariales y permitir que quienes sostienen la economía local puedan cubrir sus necesidades básicas.
El primer lugar en seguridad no borra los otros rezagos
Los resultados del IMCO también muestran por qué es necesario analizar el desempeño de Mérida más allá de una sola cifra. La ciudad ocupa el primer lugar nacional en el subíndice de Derecho y seguridad, de acuerdo con los datos proporcionados, y registra una tasa de 3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes, así como 0.07 robos de vehículos por cada mil registrados.
Estas fortalezas son relevantes y no deben minimizarse. La seguridad pública y la certeza jurídica son condiciones importantes para la vida cotidiana y el desarrollo económico.
Sin embargo, una buena posición en seguridad no resuelve los problemas de vivienda, movilidad, desigualdad laboral o gestión ambiental. La calidad de vida en Mérida no depende de un único indicador, sino de un conjunto de derechos y servicios que deben funcionar de manera articulada.
Tampoco debe confundirse la percepción de seguridad con la ausencia de otros riesgos urbanos. Una persona puede vivir en una ciudad con una tasa relativamente baja de homicidios y, aun así, enfrentar dificultades para pagar la renta, desplazarse de manera segura, acceder a servicios adecuados o vivir en un entorno ambientalmente saludable.
La imagen de Mérida como una ciudad excepcional necesita contrastarse con la experiencia cotidiana de quienes la habitan.
¿Para quién se está construyendo Mérida?
Los datos del ICU 2026 no demuestran por sí solos que cada rezago sea consecuencia directa de una decisión específica del PAN o de un proyecto inmobiliario. Sí permiten identificar problemas que requieren explicaciones, políticas públicas y responsabilidades institucionales.
Después de más de una década de gobiernos panistas en Mérida, resulta legítimo exigir una evaluación del modelo de ciudad impulsado durante este periodo. La continuidad política permite plantear preguntas sobre las prioridades de inversión, la regulación del suelo, la protección de los recursos naturales, la política de vivienda y la planeación de la movilidad.
La discusión no debe limitarse a si Mérida ocupa el sexto lugar nacional en competitividad. También debe abordar cómo se distribuyen los beneficios de ese desempeño y quiénes soportan sus costos.
¿De qué sirve atraer capital si las personas trabajadoras no pueden acceder a una vivienda digna? ¿Qué significa modernizar una ciudad si peatones y ciclistas siguen expuestos a riesgos viales? ¿Cómo puede hablarse de desarrollo sostenible si la infraestructura de tratamiento de agua presenta rezagos? ¿Qué clase de prosperidad se construye cuando persisten las desigualdades laborales?
Estas preguntas no se responden con campañas de promoción ni con la inauguración de nuevos desarrollos. Requieren transparencia, planeación de largo plazo, inversión pública y mecanismos efectivos para que la ciudadanía participe en las decisiones que transforman su territorio.
Una ciudad al servicio de sus habitantes
Mérida necesita replantear sus prioridades. Esto implica fortalecer la política de vivienda, impulsar el desarrollo urbano compacto, mejorar el transporte público, garantizar condiciones seguras para peatones y ciclistas, proteger las áreas verdes y ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales.
También exige que las decisiones sobre el territorio no respondan exclusivamente a los intereses de quienes pueden obtener ganancias de él. La inversión privada puede formar parte del desarrollo urbano, pero debe sujetarse a reglas que protejan el interés público y garanticen los derechos de la población.
El reto es construir una ciudad donde el acceso a la vivienda no dependa únicamente de los ingresos, donde trasladarse no represente un riesgo, donde los servicios ambientales acompañen el crecimiento y donde el desarrollo económico se traduzca en mejores condiciones de vida.
Los indicadores del IMCO ofrecen un punto de partida para esa discusión. Sus resultados muestran que Mérida tiene fortalezas, pero también rezagos que no pueden ocultarse detrás de su reputación nacional.
La capital yucateca no necesita solamente atraer más inversiones. Necesita garantizar que sus habitantes puedan vivir, trabajar y desplazarse con dignidad.
Porque una ciudad no debería evaluarse únicamente por su capacidad de atraer capital, sino también por su capacidad de cuidar a quienes la construyen todos los días.