La tierra como derecho en México; el silencio en el despojo del pueblo maya en Yucatán
Por Karol Puc
En México, la tierra no es únicamente una mercancía sujeta a la compraventa, sino un derecho con una función social. Este principio, plasmado en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los elementos naturales para lograr una distribución equitativa de la riqueza.
Sin embargo, existe una contradicción central en el país: aunque existe una protección legal avanzada, en la práctica se ha normalizado un proceso de “despojo silencioso”. Este fenómeno es particularmente visible en Yucatán, donde el crecimiento inmobiliario desmedido presiona sobre los territorios comunitarios. El desarrollo inmobiliario, lejos de ser neutral, está generando un despojo estructural y desigual hacia las comunidades mayas, transformando un derecho constitucional en un privilegio de mercado.
LA TIERRA PARA EL PUEBLO MAYA
Para el pueblo maya, la tierra no es una simple mercancía. Es el eje de su identidad, sustento y herencia ancestral. Las comunidades mayas conciben el territorio como un espacio colectivo (ejidos y comunidades) donde se desarrolla la vida en comunidad.
Vincular la tierra únicamente con un valor catastral o de mercado implica romper una forma de vida. Quitar la tierra no es solo desposeer un bien inmueble; es destruir la memoria histórica, limitar el acceso a alimentos y medicinas tradicionales, y fragmentar el tejido social que ha permitido la supervivencia de la cultura maya por siglos.
EL INCUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO
El Estado mexicano cuenta con un marco jurídico robusto para proteger a los pueblos indígenas. El Artículo 2 de la Constitución reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo la obligación del Estado de garantizar su libre determinación y autonomía. A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, obliga al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios.
Sin embargo, el problema radica en la praxis. En la práctica, las consultas son simuladas o inexistentes. Las comunidades denuncian que no se les proporciona información clara sobre el impacto de los megaproyectos o desarrollos, y que negocian en condiciones de desigualdad estructural. Lo legal existe, pero no se cumple de forma efectiva, dejando a las comunidades en un estado de indefensión.
EL MODELO INMOBILIARIO EN YUCATÁN
Yucatán vive un «boom inmobiliario» impulsado por la plusvalía generada por proyectos como el Tren Maya y la migración de extranjeros. Existen casos que ejemplifican el modelo: ex parcelas ejidales, originalmente adquiridas a bajo costo o incluso adjudicadas gratuitamente por gobiernos anteriores, se transforman en fraccionamientos de lujo.
El modus operandi consiste en la compra de tierras ejidales a precios irrisorios para los estándares del mercado inmobiliario actual. Un ejemplo ocurrió en el ejido de Santa Cruz Palomeque, donde terrenos valorados en $132 pesos por metro cuadrado por el catastro fueron vendidos en una cadena de operaciones que multiplicó su precio hasta llegar a los $240 o $280 pesos por metro cuadrado en manos de desarrolladoras, todo ello mientras las familias originarias son excluidas de la plusvalía generada.
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GENTRIFICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
El fenómeno no solo ocurre en los alrededores, sino en las ciudades. En Mérida, la gentrificación avanza con fuerza, golpeando principalmente a la población maya del Centro Histórico. El aumento del valor catastral, el encarecimiento de las rentas y la proliferación de rentas turísticas (Airbnb) han expulsado a las familias locales hacia las periferias.
Muchas veces se expulsa con precios, no necesariamente con fuerza física. Los mayas originarios ya no pueden pagar el predial ni las rentas en sus propios barrios, lo que provoca una migración forzada y una pérdida del tejido social. En comisarías como Santa Gertrudis Copó, los nuevos residentes extranjeros incluso presionan para limitar tradiciones como bailes populares, imponiendo un estilo de vida ajeno al local.
EL DESPOJO “LEGAL”
El despojo contemporáneo no siempre es ilegal en la forma, pero es injusto en el fondo. No siempre hay una expropiación violenta o una orden de desalojo con violencia. Sin embargo, existe una desigualdad estructural que vicia el consentimiento.
Cuando un ejidatario con un nivel de escolaridad bajo y sin acceso a internet firma un contrato de compraventa con una desarrolladora inmobiliaria asesorada por notarios y abogados, ¿puede considerarse justo ese contrato? La asamblea ejidal, muchas veces presionada por la necesidad económica o la falta de alternativas productivas (como la imposibilidad de competir con la ganadería industrial o la falta de apoyos), acepta migajas a cambio de ceder un territorio invaluable.
El contrato es legal, pero la negociación es desigual. Es un despojo que se oculta detrás de la figura del «propietario» que «libremente» decide vender.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la función social de la tierra y proteger a las comunidades indígenas (Artículo 27). Sin embargo, las fallas son sistémicas:
Permisividad: Se otorgan cambios de uso de suelo y manifestaciones de impacto ambiental de forma rutinaria. En el caso Palomeque, la consulta pública ambiental se abrió por solo 5 días hábiles y estando el proyecto prácticamente decidido.
Falta de regulación: No existe una regulación efectiva para frenar la gentrificación ni para proteger los ejidos de la especulación.
Priorización económica: El Estado prioriza el desarrollo económico (Tren Maya, bienes raíces) sobre la protección de las comunidades, como se vio en la expropiación de tierras en Valladolid donde se pagó apenas 14 pesos por metro cuadrado a los ejidatarios de Tikuch.
“ES INJUSTO, PERO ES LEGAL”
Me mencionaron alguna vez en la clase de Derecho económico en la Facultad de Derecho. La contradicción entre el derecho y la realidad en México es enorme. Mientras el Artículo 27 Constitucional habla de distribución equitativa de la riqueza y protección del bienestar rural, la práctica demuestra que el desarrollo no es neutral: beneficia a los inversionistas inmobiliarios y extranjeros, mientras perjudica a los pueblos originarios.
El problema no es el desarrollo en sí mismo, sino cómo se está haciendo y a costa de quién. Yucatán es el espejo de un país donde la tierra, para el maya, ya no es un derecho protegido, sino un obstáculo para el «progreso» que debe ser removido mediante mecanismos de mercado o expropiaciones a precio de ofertón.
La tierra en México sigue siendo un derecho en el papel, pero en la práctica se está convirtiendo en un privilegio para quienes pueden pagarla. Para el pueblo maya, ya no es ni derecho ni privilegio: es un lujo que ya no va a poder costear.
FUENTES:
https://vlex.com.mx/vid/articulo-27-constitucional-1115571117
https://informatyucatan.com/boom-inmobiliario-despoja-y-desplaza-a-comunidades-mayas-de-yucatan/