Gobierno del Estado pretende modificar ciclovía de Paseo de Montejo sin consultar a ciudadanía ni especialistas
Abraham Bote Tun
Sin tomar en cuenta a la ciudadanía ni a organismos especialistas en movilidad, el Gobierno del Estado pretende hacer cambios en la ciclovía de Paseo de Montejo. Desde su construcción, esta infraestructura enfrentó el rechazo de una parte del sector empresarial, principalmente hoteleros y comerciantes ubicados en esta emblemática avenida. Con discursos clasistas, se intentó en su momento echar abajo un proyecto que buscaba recuperar el espacio público para peatones y ciclistas.
Gracias a la resistencia de colectivos y agrupaciones ciudadanas, la ciclovía se logró implementar. Sin embargo, lejos de fomentar más espacios seguros para quienes caminan o se mueven en bicicleta en una ciudad caótica y desordenada como Mérida, las nuevas acciones del gobierno parecen ir en sentido contrario.
La estrategia anunciada no solo ignora principios básicos de infraestructura urbana, sino que también desconoce la función de las isletas de refugio peatonal, que —como su nombre indica— ofrecen seguridad a las personas al cruzar avenidas amplias y de tráfico intenso.
El gobierno estatal, al parecer, minimiza o desconoce la importancia de estas estructuras con el fin de favorecer intereses empresariales. Bajo el argumento de mejorar la circulación vehicular, se repite el patrón de privilegiar al automóvil sobre la movilidad digna y segura para las personas.
Especialistas advierten que este tipo de decisiones responden a intereses particulares y no al bien común. En una ciudad donde los siniestros viales son cotidianos y las muertes de peatones y ciclistas se acumulan, el desmantelamiento de infraestructura segura representa un grave retroceso.
El derecho a la movilidad segura es un derecho humano reconocido en la Constitución, por lo que no puede ser vulnerado ni revertido. La ciclovía de Paseo de Montejo fue una conquista ciudadana ante fuertes resistencias empresariales. Retroceder en lo poco que se ha ganado sería un error histórico.
“El gobierno cede ante intereses privados”: Eduardo Monsreal
Para profundizar en el tema, Eduardo Monsreal Toraya, analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, expresó su preocupación por las decisiones tomadas sin consulta pública.
“El anuncio nos tomó por sorpresa. El boletín del gobierno hablaba de una propuesta que se sometería a valoración, pero un día después ya había declaraciones de que se eliminarían los arriates. Lo más grave es que la decisión la comunicó la Secretaría de Fomento Económico, no el Instituto de Movilidad ni la Secretaría de Seguridad Pública”, explicó.
Monsreal aclaró que no se trata de simples “arriates” o “jardineras”, como las autoridades las llaman, sino de isletas de refugio peatonal, indispensables para reducir riesgos.
“No son adornos ni maceteros; son espacios fundamentales que permiten cruzar por etapas y reducen la exposición de peatones al flujo vehicular. Quitarlas aumenta el riesgo de atropellamientos”, dijo.
El especialista considera que las exigencias del sector hotelero son problemas puntuales que podrían resolverse por la vía administrativa, sin necesidad de desmantelar infraestructura pública.
“Son asuntos que se solucionan con permisos de acceso vial, como se hace con cualquier otro negocio. Pero el gobierno lo presenta como una política pública y pretende financiar los cambios con recursos del erario. Es un ejemplo claro de socializar los costos y privatizar los beneficios”, advirtió.
Un retroceso en derechos ganados
Monsreal recordó que desde 2020 la Constitución reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano, y que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (2022) obliga a priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
“Las acciones del gobierno vulneran estos derechos. La ley establece que las políticas deben ser progresivas, no regresivas. No se pueden eliminar espacios que garantizan seguridad peatonal”, explicó.
El analista lamentó que ni el Instituto de Movilidad ni el Ayuntamiento de Mérida hayan participado en el proceso de decisión.
“Son las instancias responsables de garantizar la movilidad segura y el uso del espacio público. Su ausencia refleja una falta de coordinación institucional y una sumisión del gobierno estatal ante intereses privados”, señaló.
Una ciudad hecha para los autos
El Observatorio de Movilidad ha advertido en repetidas ocasiones que Mérida mantiene una lógica “cochecentrista”, donde el automóvil sigue siendo el centro de la planeación urbana.
“Toda la ciudad está diseñada para los autos. Los pocos espacios ganados para peatones y ciclistas se ven amenazados bajo el pretexto de mejorar el tráfico. Pero eso solo perpetúa un modelo de movilidad insostenible”, insistió Monsreal.
El especialista llamó al gobierno estatal y municipal a preservar y ampliar la red de ciclovías, en lugar de reducirla.
“La seguridad vial no es un lujo ni un adorno. Es una obligación del Estado garantizarla. Retirar infraestructura que protege vidas es retroceder en derechos y en humanidad”, concluyó.