En Yucatán, ser LGBT+ aún implica enfrentarse a detenciones arbitrarias, tortura y discriminación institucional

Por Abraham Bote Tun

Fotos: Aura Andrade

Violaciones a los derechos humanos de personas LGBT+ en Yucatán

Motul, 2019. Un hombre de 43 años fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública. No hubo orden, ni causa clara. Lo subieron a una patrulla. Lo golpearon. Lo amenazaron. Y luego lo torturaron. Su identidad sexual (ser de la comunidad LGBT) fue usada como motivo para quebrarlo. La carpeta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) registró los hechos: lesiones, amenazas, tortura, detención arbitraria. Nadie le pidió perdón.

Mérida, 2025. Una mujer trans de 27 años fue interceptada por elementos de la SSP. No había cometido ningún delito. Pero fue golpeada, arrastrada y, según su testimonio, ahorcada. Fue llevada detenida sin justificación alguna. Una mujer violentada por quienes debían protegerla. Su caso habla de un sistema que aún castiga las corporalidades femeninas que se atreven a desafiar los roles tradicionales. El informe solo registra lo que ya no puede borrarse, secuelas físicas y emocionales.

Mérida, 2024. Tenía 22 años. Su familia —incapaz de comprender su transición, o tal vez demasiado dispuesta a reprimirla— lo llevó con engaños al Hospital Psiquiátrico. Allí, lejos de ayuda, recibió malos tratos y vejaciones por parte del personal médico. Su identidad trans fue vista como enfermedad. Lo trataron como caso, no como persona. El encierro no fue voluntario. Fue un castigo, una corrección impuesta por una estructura aún marcada por prejuicios clínicos, sociales y religiosos.

Estas historias horrorosas parecen sacadas de otra realidad, de un lugar ajeno y lejano. Pero no lo son. Son de Yucatán. Tienen mucho en común: violaciones graves a los derechos humanos cometidas, principalmente, por autoridades que, en teoría, deberían proteger a la ciudadanía; abuso, violencia, discriminación, especialmente contra personas de la comunidad LGBT+.

Aunque también hay casos donde las personas agresoras son la misma “familia”.

Estos testimonios desmontan el discurso oficial que presenta a Yucatán como un “oasis de paz”. Porque en un verdadero oasis no hay espacio para el odio ni para estas violaciones sistemáticas.

Son historias reales, documentadas, que ocurrieron —y siguen ocurriendo— en Yucatán y sus municipios.

Así lo revelan testimonios documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), obtenidos vía transparencia, que evidencian una preocupante violación sistemática a los derechos humanos cometida principalmente por autoridades policiacas, personal médico y funcionarios públicos.

Discriminación, violencia institucional y abuso de autoridad en aumento

Entre 2015 y 2025, la CODHEY ha documentado 56 expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos de personas LGBT+, que acumulan 96 violaciones distintas. Las más frecuentes incluyen:

• Discriminación por orientación o identidad sexual (33.3%)
• Detenciones arbitrarias (19.8%)
• Malos tratos o violencia física (16.7%)
• Negativa de servicios públicos (13.5%)
• Violencia institucional y negligencia (12.5%)

La mayoría de los casos se concentran en Mérida, pero también se registraron abusos en Kanasín, Motul, Tekax, Progreso, Celestún y Valladolid.

Testimonios que exponen una realidad brutal en Yucatán

Los testimonios contenidos en estos expedientes son escalofriantes. En 2015, un joven solicitó ayuda policial por acoso, pero al llegar los agentes de la SSP, comenzaron a burlarse de él al notar su orientación sexual.

Ese mismo año, en Kanasín, otro hombre fue detenido sin motivo por la policía municipal, encerrado por 12 horas y posteriormente hostigado de manera reiterada. En 2017, una mujer trans fue detenida y manoseada por policías de Kanasín. En otro caso, un joven fue acosado sexualmente por elementos de la SSP tras una detención arbitraria.

La violencia ha escalado en los años más recientes. En 2018, una persona fue forzada a aceptar un robo mediante amenazas y agresiones por parte de la policía ministerial. En 2021, un interno del CERESO de Tekax denunció que un médico se negó a realizarle una cirugía afirmativa. En 2024, una persona trans fue internada por su familia en un hospital psiquiátrico, donde fue víctima de malos tratos por parte del personal médico. Y en 2025, una mujer trans fue brutalmente golpeada, ahorcada y detenida sin motivo por agentes estatales.

La violencia documentada no es aislada ni excepcional: es constante y estructural. Según los datos oficiales, las violaciones más frecuentes son discriminación por orientación o identidad sexual (33.3%), detenciones arbitrarias (19.8%), malos tratos o violencia física (16.7%), negativa de servicios públicos (13.5%) y violencia institucional (12.5%). En varias denuncias se acumulan hasta siete violaciones distintas en un solo expediente, que incluyen tortura, amenazas, omisiones médicas y tratos crueles.

A pesar de la magnitud y gravedad de los casos, la respuesta institucional ha sido mínima. En toda una década, la CODHEY solo ha emitido dos recomendaciones formales relacionadas con violaciones a derechos humanos de personas LGBT+: la primera, en 2021, dirigida a la Secretaría de Salud y la Fiscalía General por tratos inhumanos y omisiones; la segunda, en 2024, contra el Ayuntamiento de Progreso por discriminación a una pareja del mismo sexo. Ambas han sido aceptadas parcialmente, sin que se haya acreditado una reparación integral del daño.

Estos testimonios retratan una realidad brutal: en Yucatán, los derechos humanos aún se tienen que pelear caso por caso, incluso frente al Estado. Y aunque se han conquistado algunos avances legales, en los hechos persiste una violencia institucionalizada que sigue marcando la vida de las personas LGBT+.

Los testimonios recogidos por la CODHEY reflejan de manera cruda los abusos sistemáticos contra la comunidad LGBT+:

Estos casos no son excepcionales: varios expedientes documentan hasta siete violaciones acumuladas por víctima.

Mérida concentra la mayoría de violaciones a derechos humanos LGBT+

Del total de expedientes, 39 de los 56 (69.6%) fueron registrados en el municipio de Mérida, seguido por Progreso (5), Celestún (3), Kanasín (2) y Tizimín (2). Entre 2016 y 2023, se añadieron 19 quejas adicionales en oficinas regionales, con 43 violaciones nuevas.

Las víctimas fueron principalmente hombres, con edades entre los 14 y 46 años, siendo el grupo de 39 a 44 años el más afectado.

Sólo dos recomendaciones en una década por parte de la CODHEY

A pesar del elevado número de denuncias y testimonios, la CODHEY solo ha emitido dos recomendaciones formales entre 2015 y 2025:

• Recomendación 07/2021: Contra la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado, por trato inhumano, discriminación y omisiones institucionales.
• Recomendación 07/2024: Contra el Ayuntamiento de Progreso, por discriminación y malos tratos hacia una pareja del mismo sexo.

Ambas recomendaciones fueron aceptadas parcialmente y aún están en proceso de cumplimiento, sin documentarse una reparación integral del daño.

Derechos humanos en Yucatán: avances legales, pero retrocesos en la práctica

Estos datos y testimonios evidencian que, aunque Yucatán ha avanzado en el reconocimiento formal de algunos derechos, la brecha entre la ley y la vida cotidiana de las personas LGBT+ sigue siendo profunda. Las violaciones sistemáticas y la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones demuestran que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que todas las personas puedan vivir sin miedo y con dignidad.

Aunque Yucatán ha aprobado leyes como el matrimonio igualitario, los derechos humanos de las personas LGBT+ aún no están garantizados en la práctica. La información oficial muestra que la violencia institucional sigue vigente, que los abusos de autoridad se repiten y que la discriminación es una constante en instituciones públicas.

A pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos documentadas por la CODHEY, el organismo solo ha emitido dos recomendaciones formales en una década, ambas parcialmente aceptadas. Esta cifra plantea serias interrogantes: ¿Por qué solo dos? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se emitan más recomendaciones? ¿Qué obstáculos impiden una actuación más contundente por parte del organismo?

Más allá de las cifras, estos datos reflejan una dura realidad: la lucha contra la discriminación y el abuso de autoridad aún está lejos de concluir. Los principales agresores señalados en los testimonios son agentes de instituciones que, en teoría, deberían garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población. Sin embargo, son esas mismas corporaciones policiacas y dependencias oficiales las que, año con año, reinciden en violaciones físicas, psicológicas y simbólicas contra la comunidad LGBT+.

Esto tiene que parar. No se puede presumir que Yucatán es “el estado más seguro del país” mientras persisten estos lastres sociales y estructurales que atentan contra un sector históricamente vulnerado. Urge una revisión profunda del actuar institucional, mayor capacitación con enfoque de derechos humanos, y, sobre todo, una voluntad real de erradicar la violencia desde el Estado.