El cinismo del PAN en Mérida: décadas de malos manejos y una ciudad al borde del colapso
Por Abraham Bote Tun
Por más de diez años, Mérida ha estado bajo el control político del Partido Acción Nacional (PAN). Durante estas administraciones, encabezadas actualmente por Cecilia Patrón Laviada, hemos sido testigos de cómo el discurso de “buen gobierno” del PAN se ha desmoronado frente a una realidad aplastante: Mérida está en caos.
Recientemente, el cabildo de Mérida aprobó una Ley de Hacienda que proponía un significativo aumento al impuesto predial. Este impuesto, que todos los propietarios de vivienda pagan anualmente, ha sido incrementado de manera constante durante los gobiernos panistas, afectando directamente la economía de las familias meridanas. La alcaldesa justificó el aumento con el argumento de que se necesitan recursos para reparar los baches y atender los problemas urbanos, pero ¿no debería haber dinero para esto después de más de una década de gestión continua?
La pregunta es inevitable: ¿qué han hecho con los recursos recaudados durante todos estos años? La ciudad está plagada de problemas que han empeorado en lugar de resolverse. Las calles están llenas de baches, los parques públicos están en abandono, y las comisarías mayas de Mérida enfrentan despojo de tierras y la instalación de industrias contaminantes con la complacencia de las autoridades municipales. Mientras tanto, la llamada “mafia inmobiliaria” ha prosperado, favorecida por políticas que priorizan los intereses empresariales por encima del bienestar ciudadano.
El crecimiento urbano de Mérida es un ejemplo de desigualdad. El sur de la ciudad sigue olvidado, con una evidente falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y transporte público. Al mismo tiempo, nuevos fraccionamientos surgen en zonas donde ni siquiera existen áreas verdes o infraestructura adecuada, lo que evidencia la falta de planeación y la negligencia de las autoridades.
En medio de esta crisis, el PAN intenta desviar la atención y culpar a la oposición, específicamente a los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano, por frenar el aumento del impuesto predial. Sin embargo, es momento de señalar que los problemas actuales son producto de décadas de malos manejos y corrupción. No se puede justificar el pedir más dinero a los ciudadanos cuando han tenido los recursos y el poder durante tanto tiempo para resolver estos problemas.
Es hora de investigar a fondo a las administraciones anteriores, exigir cuentas claras y buscar responsables. ¿Dónde quedó el dinero de los presupuestos pasados? ¿Quiénes se beneficiaron mientras la ciudad se sumía en el caos?
La ciudadanía meridana merece más que justificaciones vacías y promesas incumplidas. Es momento de cambiar el rumbo y apostar por un gobierno que priorice verdaderamente el bienestar colectivo. No podemos seguir tolerando que las mismas caras y los mismos partidos políticos sigan gobernando como si el poder fuera su patrimonio. Mérida necesita justicia y transparencia. Sin ellas, el futuro será solo una repetición de este presente desastroso.