Comunidades mayas denuncian emergencia ambiental en Yucatán: megaproyectos devastan su territorio
Más de 30 colectivos interpusieron ante diversas autoridades una “Declaratoria de la Zona de Emergencia de la Península de Yucatán. Esta declaración, según expusieron en un documento, exige control sobre las actividades en su territorio, ante el creciente impacto de megaproyectos como el desarrollo urbano, la industria cárnica y la agroindustria, que amenazan su biocultura y territorio.
El recurso fue presentado a la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud. También se entregará a las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo, así como al gobernador de Yucatán.
Las comunidades denuncian que la deforestación, la contaminación del agua y la muerte masiva de abejas ponen en riesgo la apicultura y la certificación orgánica de la miel. Además, la minería afecta directamente sus territorios.
La agricultura industrial, con la siembra ilegal de maíz y soya transgénicas, ha provocado la pérdida de extensas áreas de selva, mientras que el uso masivo de agrotóxicos, como fipronil y glifosato, ha diezmado las poblaciones de abejas, comprometiendo la calidad de la miel.
Asimismo, la proliferación de más de 800 fábricas de cerdos y aves, muchas sin manifestaciones de impacto ambiental, contamina el agua y contribuye a la pérdida de masa forestal. La expansión descontrolada de concesiones mineras y proyectos inmobiliarios amenaza el territorio indígena, resultando en despojo de ejidos y transformando comunidades en colonias urbanas.
Desde 2015, las comunidades han denunciado daños ambientales y sociales, lo que llevó a la creación de una Declaratoria que agrupa varias problemáticas: la crisis de la apicultura, la megaindustria porcícola y avícola, la industria inmobiliaria y la afectación a las semillas nativas.
Las abejas y su desafío en la Península de Yucatán
De acuerdo con las comunidades mayas, las abejas, junto con murciélagos, colibríes y mariposas, son responsables del 90% de la polinización de fitoespecies y flora silvestre.
Sin embargo, en la península de Yucatán, enfrentan una drástica disminución de su población, atribuida a la deforestación, la agroindustria y el uso de plaguicidas.
Este problema ha sido documentado por la Alianza Kaabnalo’on en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur, identificando al fipronil como uno de los principales responsables de las muertes de abejas.
Además de su papel ecológico, las abejas son culturalmente significativas para el pueblo maya, representando un elemento simbólico en la meliponicultura. Sin embargo, diversos fenómenos han amenazado su existencia, intensificando la crisis y provocando repercusiones económicas para las comunidades que dependen de la apicultura.
Impacto de la industria porcícola
Según la Declaratoria, la península alberga el 14.2% de las granjas porcícolas en México, contribuyendo con el 9% de la producción nacional, con un crecimiento del 4.5% anual.
El “Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán”, elaborado por la Semarnat, expone que hay 507 granjas registradas, aunque se estima que el número real es mayor.
En Yucatán, el monopolio de la industria porcícola está liderado por Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. (Kekén), responsable del 12.1% de la producción porcina de México. Este dato la coloca en el puesto 20 a nivel mundial. Sin embargo, su impacto ambiental es significativo, causando cambios en el uso de suelo que afectan la selva baja caducifolia y subcaducifolia, así como a especies en peligro como el jaguar (Panthera onca) y el mono araña (Ateles geoffroyi). La fauna acuática, incluida la de los cenotes, también ha sufrido, con peces ciegos como Ogilbia pearsei y Ophisternon infernale entre los más afectados. Además, más de 352 granjas están ubicadas dentro de Áreas Naturales Protegidas, contribuyendo a la contaminación del aire con gases de efecto invernadero y del agua con nitratos, lo que representa riesgos para la salud pública.
A estos problemas ambientales se suman afectaciones a las comunidades mayas, cuyos territorios han sido vulnerados por la expansión de la industria. A pesar de las demandas de estas comunidades, no se han realizado consultas indígenas previas para la construcción de las megafábricas. La criminalización y el hostigamiento judicial contra los defensores del territorio son respuestas comunes del gobierno, evidenciando una falta de respeto a los derechos de las poblaciones afectadas.
Afectaciones por el extractivismo inmobiliario y la minería
Otro problema documentado por las organizaciones mayas es el “extractivismo urbano”, que ha intensificado el despojo de territorios indígenas y la privatización de tierras ejidales, afectando ecosistemas locales sin consulta a las comunidades.
Entre sus afectaciones se encuentran: el despojo del territorio y del patrimonio biocultural de las comunidades mayas que se da a partir de la privatización y mercantilización de “tierras ejidales”, muchas veces a través de engaños en complicidad con instituciones agrarias, lo cual ha sido caracterizado como “mafia agraria”. L
“La especulación inmobiliaria va encaminada, principalmente, a la construcción de zonas residenciales y turísticas, es así que muchos cenotes son modificados y dinamitados, algunos convertidos en lagos artificiales o en atractivos turísticos, sin contar con una planeación adecuada, incluyendo un proceso de consulta indígena,estos proyectos se pueden observar en Mérida, Valladolid, en la costa norte y oriental de la península, así como en diversos puntos por lo que atraviesa el Tren Maya”, denuncian.
En cuanto a la minería, señalan que se han otorgado concesiones que suman miles de hectáreas, provocando daños irreversibles a la fauna y flora local.
Las agrupaciones revelan que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (2022) otorgó 16 concesiones mineras en la península de Yucatán, distribuidas en los municipios de Calakmul, Kalkini, Champotón y Hopelchén, en el estado de Campeche, con 5, 1, 4 y 6 lotes mineros, respectivamente.
Además, en el estado de Yucatán se han otorgado 24 concesiones mineras, distribuidas en los municipios de Celestún, Río Lagartos, Tizimín y Valladolid, con 3, 16, 4 y 1 lotes mineros, respectivamente. Esto suma un total de 40 lotes mineros en una superficie de 29,340.078 hectáreas.
El Tren Maya
El Tren Maya (PTM) fue uno de los principales megaproyectos del sexenio pasado. Desde sus inicios, diversos investigadores manifestaron sus posibles impactos. Las voces disidentes intentaron ser silenciadas, como en una investigación realizada por un equipo multidisciplinario del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual señaló que para el caso de la Península de Yucatán se afectarían bosques tropicales, manglares y humedales, que sufrirían, entre otros efectos, degradación, fragmentación del territorio y deforestación.
La Declaratoria busca visibilizar estas problemáticas y exigir un cambio en la implementación de megaproyectos, priorizando el consentimiento de las comunidades afectadas. Las organizaciones y comunidades demandan atención urgente a la situación socioambiental en la península, buscando preservar su identidad y entorno natural.