Congreso y Gobierno de Yucatán en desacato por partida LGBTQ+

Pese a existir una orden judicial emitida por la Jueza Quinto de Distrito –por un amparo presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán en conjunto con AMICUS, A. C.–, que le ordenaba al gobernador de Yucatán Mauricio Vila y al Congreso del Estado incluir en el paquete fiscal 2023 una partida presupuestal suficiente para crear políticas públicas integrales para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán. Este miércoles 6 de diciembre, el Congreso de Yucatán aprobó, en desacato a la sentencia de amparo 226/2023-VII, el paquete fiscal 2024 enviado por Mauricio Vila que no incluye una partida presupuestal específica LGBTQ+.

Además de no enmendar lo que se ordenó en la sentencia ganada el pasado 13 de Junio para el ejercicio de este año, lo aprobado esta semana en el Congreso para el presupuesto de 2024 es una confirmación de la LGBTQfobia institucional de la LXIII Legislatura, su presidente Victor Hugo Lozano y del gobierno de Mauricio Vila que prefieren caer en el desacato y la ilegalidad a reconocer que las personas LGBTQ+ en Yucatán merecemos políticas públicas que atiendan las urgentes necesidades que resultan de la homofobia y transfobia que se vive en Yucatán. 

Yucatán es el segundo Estado con mayor porcentaje de personas LGBTQ+ en México, al menos el 8.3% de los yucatecos mayores de 15 años se reconocen LGBTQ+ según el INEGI (ENDISEG 2021) sin embargo es uno de los estados que mayor resistencia ha encontrado, por parte del gobierno estatal y el congreso, a reconocer nuestros derechos y protegernos como grupo en situación de vulnerabilidad.

La deliberada omisión de cumplir con esta sentencia está en línea con la perspectiva anti-LGBTQ+ que ha caracterizado al gobierno de Mauricio Vila y al Congreso del Estado.

Como este colectivo ha demostrado en casos anteriores con los amparos ganados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al matrimonio igualitario y las votaciones secretas del Congreso, la ley de ciberacoso y recientemente la prohibición de las ECOSIGs, si quienes nos representan y gobiernan en Yucatán se rehúsan a reconocer los derechos y necesidades de las personas LGBTQ+ y sus familias, seguiremos nuestra lucha y litigio estratégico y continuaremos exhibiendo su LGBTQ-fobia institucional, su falta de empatía y desdén por los Derechos Humanos.

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