Yucatán: Sentencia obliga a Mauricio Vila y al Congreso a incluir a las personas LGBTQ+ en el Presupuesto de Egresos 2023
REDACCIÓN /Fotos: Lilia Balam
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y AMICUS dieron a conocer que ganaron una demanda de amparo en contra del presupuesto de egresos del Gobierno de Yucatán por excluir a la población LGBTQ+ del estado
De acuerdo con las agrupaciones, este “litigio estratégico” logró que se garantice una partida presupuestal destinada a crear políticas públicas para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán.
Este presupuesto, según dicta la sentencia, debe ser destinado para crear políticas públicas integrales que restituyan y garanticen los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán y no debe ser confundido por el Ejecutivo con un presupuesto para festivales, espectáculos y autopromoción.
Esperan que esta sentencia deje un precedente que beneficie no solo a la población LGBTQ+ sino también a otros grupos vulnerables.
El pasado 10 de febrero, el Colectivo PTF Yucatán y AMICUS interpusieron un amparo en el Juzgado de Distrito contra el Gobernador del Estado de Yucatán y el Congreso del Estado por la ausencia de una partida presupuestal destinada a restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado el cual fue concedido el 13 de junio del 2023 por el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida.
En Guanajuato también se ganó este amparo desde el año pasado, por lo que se ha generado un presupuesto para la realización de un diagnóstico y en función de ello diseñar y aplicar programas y recursos para las necesidades de la población LGBTQ+ de esa entidad, también señaló que se están llevando a cabo litigios estratégicos similares en varios estados del país.
Las organizaciones esperan que el gobernador del estado, Vila Dosal y el Congreso de Yucatán tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad y señaló que en lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública dirigida a este grupo vulnerable y añadió que “cualquier intento por retrasar aún más la inclusión de esta partida presupuestal se vería como una falta de voluntad política y un acto de violencia institucional contra la población LGBTQ+ en Yucatán.”
“Esperamos que el gobernador Mauricio Vila y el Congreso de Yucatán tomen las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad, ya que en lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública dirigida a la población LGBTQ+”, indicó Cesar Briceño, integrante del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán,
El activista agregó: “Cualquier intento por retrasar aún más la inclusión de esta partida presupuestal y cumplir con la sentencia se vería, no solo como una falta de voluntad política, sino como un acto de violencia institucional contra la población LGBTQ+ en Yucatán”.
A su vez, indicó que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano ya declaró que acatará la sentencia del juez que en este caso fue a nuestro favor.
Sobre la reestructuración del presupuesto, César comentó que se trata del ya existente, es decir, el que corresponde al ejercicio 2023, por lo tanto, debe ya atenderse con premura, pues de lo contrario, seguiría prolongando la violencia institucional hacia la comunidad de la Diversidad Sexual.
“Entonces la partida presupuestal debe atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ de Yucatán, así Mauricio Vila y el Congreso del Estado deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad porque en lo que va de la administración, no se ha destinado ninguna acción hacia el beneficio de la Diversidad Sexual”, indicó.
Juan Pablo Delgado, representante de AMICUS, apuntó que esta es la segunda sentencia de este tipo en el país —en Guanajuato ocurrió la primera—, “ayuda a ir construyendo no nada más como un antecedente positivo para las personas LGBT en Yucatán, sino como un estándar que debería tener vigencia en cualquier Estado de la República”.
Celebró que la sentencia del juez de Yucatán especifica que el presupuesto deberá salir del anexo existente “a otros grupos vulnerables”, con 493 millones 755 mil 283 pesos, aunque no determina qué porcentaje deberán utilizar, el activista considera que deberá haber diálogo con colectivas, organizaciones y personas de la comunidad LGBT+ para determinar cuánto será necesario.