Durante el año 2022, se registraron 14 agresiones en contra de defensores ambientales en la península de Yucatán
Resaltan las luchas de las comunidades mayas de Homún en Yucatán contras granjas de cerdos y en Quintana Roo contra el Tren Maya
Por Abraham Bote Tun
Durante el año 2022, se registraron por lo menos 14 agresiones en los que se atentó contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras en la península de Yucatán.
De acuerdo con el su noveno Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA), en el mayor número de casos de presentó en Quintana Roo con 11, le sigue Yucatán con 2 y Campeche con sólo uno.
Las agresiones cometidas a los defensores en la península se encuentran principalmente relacionadas con proyectos a gran escala, impulsados por el gobierno federal y gobiernos locales y con proyectos agropecuarios.
En el sector agropecuario, de acuerdo con el informe, se registró su único evento de agresión en Homún, Yucatán donde el movimiento de defensa es realizado frente al establecimiento de una granja porcícola, con antecedentes de agresiones desde 2021 y que, en 2022, añade amenazas e intimidación.
Los 11 eventos de agresión registrados tuvieron efectos en contra de personas y organizaciones defensoras localizadas en Quintana Roo estuvieron relacionados con el proyecto del Tren Maya. Dentro de estos eventos, en 10 ataques se registraron agresiones relacionadas con la estigmatización y el hostigamiento provenientes del titular del Ejecutivo Federal.
En todo el país, el CEMDA documentó al menos, 197 eventos de agresión de personas y comunidades defensoras del medio ambiente. Dentro de estos eventos se perpetraron un mínimo de 582 agresiones diversas. Estos resultados colocan al 2022 como el año con el mayor número de eventos de agresión registrados desde el año 2014, cuando el CEMDA realizó la primera investigación de este tipo.
En cuanto a agresiones contra hombres y mujeres, se registraron un total de 112 eventos de agresión (56.9% del total); contra sólo hombres fueron 71 eventos de agresión (36% del total) y únicamente a mujeres, 14 eventos de agresión (7.1% del total).
“Una cuantificación de violencia sin precedente durante el ejercicio de investigación realizada por esta organización, que tiene inicios en el año 2014”, indicó la agrupación.
El aumento de agresiones en nuestros registros también evidencia un aumento en la violencia a la que se enfrenta la defensa ambiental en México: frente al año 2021, los eventos de agresión aumentaron un 82.4%, mientras que las agresiones diversas perpetradas incrementaron un 144.5%.
Los hombres defensores siguen registrando el mayor número de las agresiones letales perpetradas. Sin embargo, es relevante señalar que durante este año 2 mujeres defensoras ambientales fueron víctimas de agresión letal: Verónica Patricia Guerrero Vinueza, abogada ambientalista que luchaba contra la operación irregular del basurero de Matatlán, en Jalisco; y Lorena Chantzin Paxacuasingo, defensora del ambiente y el territorio, integrante del CIPOG-EZ, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Siguiendo con el recorrido histórico documentado, 2022 se convierte en el año con mayor número de eventos de agresión documentados, y colocándose en el tercer año más letal.
Durante 2022 se registraron un total de 582 agresiones diversas cometidas contra personas y comunidades defensoras ambientales en, al menos, 197 eventos de agresión.
Del total de casos, el 52 por ciento pertenecen a una comunidad indígena. Durante el año 2022 se documentaron diversos eventos de agresión perpetrados en contra de, al menos, 24 diferentes comunidades indígenas en todo el país.
Las comunidades indígenas que más agresiones resistieron fueron las zapotecas con, al menos, 27 eventos de agresión cometidos en su contra. Los eventos de agresión documentados corresponden a comunidades que defienden sus territorios y patrimonios bioculturales frente a la imposición de proyectos como el Corredor Interoceánico- Istmo de Tehuantepec (CIIT), parques eólicos y proyectos mineros, en Oaxaca.
En segundo lugar las nahuas (16 eventos de agresión) y, en tercer lugar, las comunidades tepehuanas u odamis en Chihuahua (14 eventos).
Las comunidades nahuas, por su parte, registraron 16 eventos de agresión. Las defensas mantenidas por dichas comunidades se encuentran enmarcadas en los sectores de biodiversidad (por la defensa de sus patrimonios bioculturales (en Chilapa de Álvarez, Guerrero); minería (frente al proyecto minero de Peña Colorada, en Ayotitlán, Jalisco), hídrico (en resistencia por el agua, en Juan C. Bonilla), energía eléctrica por la defensa frente al Proyecto Integral Morelos (PIM) y contaminantes (frente al funcionamiento de un relleno sanitario en Santa María Coapan); los tres últimos en Puebla.
Según la investigación, algunos de los eventos de agresión documentados se identificó la presencia de más de una comunidad indígena en un mismo frente de defensa ambiental y del territorio. Esto debido a que interactúan en territorios comunes con la existencia de un patrimonio biocultural en común, tal es el caso de las agresiones cometidas contra comunidades indígenas mayas, tzotziles, tzeltales y ch´oles en el marco de la defensa del territorio peninsular frente al “Tren maya”.
As u vez, comunidades otomís y wixárikas comparten cifras con 5 eventos de agresión. Los sectores en los que desarrollan la defensa son también minería y biodiversidad (ambas resistencias desarrolladas en diversos municipios de Jalisco). Entre las agresiones resistidas destacan: homicidio, tortura/malos tratos, desaparición, agresiones físicas, intimidación, amenazas y hostigamiento.
Las agresiones identificadas son: intimidación con 148 casos, hostigamiento 116, amenazas 64, agresiones físicas 61, daños a propiedad, 36, crimininalización 23, estigmatizacin 20, desalojo forzoso 17, homicidios 17, detencin arbitraria 14, uso indebido de la fuerza 10, despojo 8, desaparicion 7, ejecución extrajudicial 7, desplazamiento forzoso 6, difamación 6, robo 5, tortura malos tratos 5 , allanamiento 3, privación ilegal de la libertad 3, secuestro 2, desaparci´on forzada 2, y espionaje 2.
Agentes de agresión
El documento revela que el gobierno, en todos sus niveles, concentra el 45% del total de las agresiones cometidas (correspondiente a 89 eventos de agresión) y se integra por autoridades en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); fiscalías estatales y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso una agresión registrada por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En esta categoría también se identifican binomios como es el caso de: gobierno y delincuencia organizada; fiscalía y gobierno estatal; gobierno y Guardia Nacional; gobierno y empresas; así como gobierno estatal y gobierno municipal.
En segundo lugar aparece el agente agresor con la categoría No identificado (21% de las agresiones), ubicado así ya sea por la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o bien, debido a la falta de denuncia y, por tanto, de la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos perpetrados
Delincuencia Organizada. Este tipo de agente de agresión se encuentra en tercer lugar y representa el 13 por ciento del total de los eventos de agresión perpetrados.
Paramilitares. Este grupo se identificó en el 7% del total de los posibles agentes de la agresión documentados. Ejemplo claro de la actuación de este agente de la agresión son los ataques perpetrados contra las comunidades comuneras de Cuatro Venados, en Oaxaca, donde las personas defensoras víctimas han denunciado públicamente las agresiones cometidas sistemáticamente en su contra sin obtener medidas que garanticen su integridad y vida.
“Las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales son las grandes guardianas de la Tierra; su trabajo posibilita que la naturaleza, los paisajes bioculturales y los territorios continúen siendo los espacios donde confluyen a un tiempo los sueños, las identidades culturales y los proyectos colectivos de vida. Ellas y ellos han encontrado en la organización una herramienta poderosa de cuidado colectivo para la defensa y la protección frente a las agresiones”, manifestó CEMDA.
Reiteraron que la defensa del territorio no debe ser una labor de riesgo. Todas las agresiones perpetradas contra personas y comunidades defensoras -desde la intimidación hasta el asesinato- son graves; deben ser investigadas y sancionadas. “Desde el CEMDA hacemos nuevamente un enérgico llamado a las autoridades a atender las recomendaciones incluidas en el Informe. El Estado mexicano, conforme al vigente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), debe cumplir con sus obligaciones para garantizar un entorno seguro para la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio”.