Detenciones ilegales. Acto 2: Crónica de una injusticia anunciada en Yucatán
[O varias]
Texto y foto de portada: Lilia Balam
ACTO II
Yo no vi venir (aunque no me sorprendió demasiado), la gran idiotez del Gobierno del Estado de Yucatán.
Para poner en contexto: hacer una manifestación o participar en ella no es un delito. De hecho, es un derecho, y está protegido no solo por la Constitución Mexicana, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la postre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha pronunciado n cantidad de veces al respecto, para que en diversas naciones se garantice ese derecho.
Por otro lado, el arresto de una persona que no está cometiendo un delito (es decir que no es agarrada en flagrancia, “con las manos en la masa”), sin una orden de aprehensión firmada por un juez, se considera ARBITRARIO, lo cual es una violación a los derechos humanos. Y todo eso consta en el Código Nacional de Procedimientos Penales y múltiples tratados de derechos humanos.
Ahora bien: en este caso, había un grupo de personas que tras participar en una manifestación, fueron detenidas sin motivo y sin una orden de aprehensión. Dos de ellas de manera violenta, frente a mucha gente, en una calle del Centro Histórico de Mérida, ante varias cámaras, en una acción ejecutada por policías sin identificación a bordo de vehículos sin rotular. Cuatro personas que estuvieron incomunicadas, durante al menos hora y media.
Lo lógico sería que, al enterarse, el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén; el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León; o, en última instancia, el gobernador Mauricio Vila, mínimamente ordenaran la libertad inmediata de esas personas, por no mencionar sanciones a los elementos que cometieron las ilegalidades. Si no por cuestión de respetar el Estado de Derecho (que tanto cacarean respetar), tal vez por cuestión de imagen. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, contra todo pronóstico del buen sentido común, esos tres señoros no estuvieron de acuerdo. Porque eso no pasó. Ninguno hizo nada. De hecho, en la Fiscalía iniciaron los trámites para poner a las cuatro personas a disposición de las autoridades como si se les hubiera atrapado cometiendo un delito. Y fueron puestas a disposición de un juzgado de control tres días después.
Yo justo estaba preguntándome si la persona que asesora a Mauricio Vila es muy tonta, o si lo odia mucho como para querer arruinarle la carrera política, mientras caminaba bajo el sol rajapiedra del mediodía, hacia la entrada del Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), para cubrir las audiencias iniciales del caso.
La multitud aglomerada frente a las puertas de vidrio me sacó de las cavilaciones. La gruesa cadena colocada alrededor de la cerradura me dio risa, ver a tantos policías al interior del edificio, merodeando como leones enjaulados, también. Escuchar que había familiares de las personas detenidas afuera, sin saber qué pasaba adentro, no me hizo tanta gracia.
“Ya no dejan pasar a nadie”,“ni siquiera a la prensa”, “ni siquiera a familiares”, “solo hay un reportero adentro”, me explicaron las personas que se dieron cita para manifestar su apoyo a las personas detenidas.
“Pero si la audiencia es pública”, murmuré, sin temor a que me tacharan, otra vez, de ingenua.
“Diles a los guardias, a ver si te dejan pasar”, me contestaron, igual de ingenuos.
Lo intenté. Dijeron que ya no podían dejar pasar a nadie. Mientras salía del aturdimiento, llegaron más colegas. Se repitió el proceso: sorpresa, risa, incredulidad, confusión… Uno de los elementos, sin cubrebocas, pero con una gran sonrisa en la cara, insistió en que no podíamos pasar por la pandemia…
Le llamé a la Jefa de la Unidad de Comunicación y Protocolo del Poder Judicial, Tila del Koral Pérez. Le expliqué la situación y repetí que la audiencia era pública y no estaban dejando pasar ni siquiera a la prensa. Nunca sabré si fingió su tono de sorpresa o no. Prometió solucionar el problema.
Pero aparentemente, para hacerlo, primero debía dejar pasar 30 minutos, recibir llamadas de mis colegas varones y dejar que toooodas las personas presentes publicaran en sus redes sociales lo que estaba pasando.
Y ni siquiera eso fue suficiente. Los guardias y una trabajadora del CEJOM solo me querían dejar pasar a mí al recinto. Y tenía que mostrar una acreditación de prensa. Cuando lo escuché eché una carcajada histérica. Como periodista independiente, hay muchas cosas dignas de las cuales carezco (y seguramente careceré siempre). Algunas de ellas son un buen sueldo, prestaciones, certidumbre laboral, tranquilidad y estabilidad emocional, planes a futuro, sueños de tener una casa propia… ah, y por supuesto, una acreditación.
Aliviada, recordé que tenía un par de credenciales, sin embargo, otra cosa me detuvo: mis compañeros llevaban varios minutos bajo el sol, esperando el acceso a un edificio público, para poder ejercer su labor y cubrir un evento público, sobre un suceso de interés público. No solo pisotearían sus derechos como periodistas, sino que mucha gente no recibiría información sobre lo que estaba pasando.
“O pasamos todos o no pasa ninguno”, le solté a los guardias y a la trabajadora. Esta se apartó para hablar por teléfono. Finalmente nos dejaron pasar. Aproveché para recordarles que ningún periodista tiene la obligación de acreditarse para ejercer (Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Apenas entramos nos enteramos de que las dos audiencias se llevarían a cabo por separado y de manera simultánea. Empezarían alrededor de las 13 horas. Yo me fui a la sala de Sofía y Sebastián, presidida por el juez Santos May. Al frío recinto entraron también unos cuantos familiares y amistades, para escuchar la historia más incoherente del mundo.
La Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó ratificar la detención de Sofía y Sebastián por la probable comisión de los delitos lesiones a servidores públicos y ataques peligrosos a servidores públicos. Como prueba, aportó el Informe Policial Homologado (IPH), es decir, las declaraciones de los miembros de la Policía Estatal de Investigación (PEI), que participaron en el incidente.
La versión de los elementos sobre lo ocurrido, es que fueron llamados para responder a un “Código Rojo” por la manifestación de Sitilpech. Aunque no explicaron en qué consistía exactamente, dijeron que se activó porque las personas que asistieron lanzaron amenazas y “tenían [peligrosísima] pintura”, por lo cual se desplegó el operativo para “salvaguardar la seguridad” de las personas que asistieron a la marcha. Ja. Todavía no comprendo cómo le hizo la representante de la Fiscalía para que eso no sonara a sarcasmo.
Según los policías, por eso estaban vestidos de civiles, pero con chalecos policiales. Algo muy curioso. De hecho, hasta el juez cuestionó que los agentes hubieran respondido a un “Código Rojo” con su ropa casual y no con equipo y vestimenta de seguridad. Pero ya llegaremos a ese punto.
Para explicar el resto quiero hacer una breve referencia al capítulo 10 de la temporada 2 de Los Simpson, que se llama “Bart es atropellado”. En ese capítulo, el avaro y malévolo señor Burns atropella a Bart, y cuando lo citan a comparecer, cuenta una historia de un día soleado en el que él estaba llevando juguetes a un orfanatorio. Relata que el desbocado Bart se lanzó a su vehículo, y aunque su asistente Smithers le dice que se fuguen, él insiste en esperar a una ambulancia, mientras le da un beso a Bart y llora, clamando al cielo cambiar su vida por la del niño. Y por supuesto, nadie en el juzgado le cree esa versión.
Algo así pasó en la audiencia de Sofía y Sebastián. En el informe, los polis dijeron que a las 20:17 horas del 22 de marzo, estaban dando sus rondines y se percataron de que una pareja estaba discutiendo y decidieron abordarla. Ellos juran que se identificaron como integrantes de la PEI y que solo preguntaron si todo estaba bien, a lo que las dos personas contestaron con “insultos” y “agresiones verbales”.
Dijeron que en ese momento llegaron los vehículos sin rotular con otros compañeros a bordo, y que eso enojó a la pareja, por lo que Sebastián golpeó “inesperadamente” al elemento M.J.U.M., con un caracol blanco (de esos que se usan en ceremonias prehispánicas), y Sofía empujó a la oficial S.G.H.P., a la que se le dobló el pie, ocasionándole un esguince de primer grado.
En eso “se acercó un grupo de 30 personas para empujarlos y jalarlos de los chalecos policiales”, por lo que los agentes decidieron esposar a la pareja y meterla a los vehículos sin rotular, donde les leyeron sus derechos. El informe señala que eran las 20:30 horas.
Sin embargo, en el Registro Nacional de Detenciones, se reportó el arresto a las 21:30. Y durante la audiencia, la representante de la Fiscalía, de cuyo nombre no logro acordarme, repitió en varias ocasiones que el arresto fue a las 22:30 y que la hora estipulada en el Registro tenía un error de dedo.
Por si fuera poco, se indica que a las 21:25, la pareja estaba “en un lugar seguro”, donde se les leyeron sus derechos, porque la multitud y la trifulca les impidieron hacerlo antes. Y que ambos fueron presentados al Ministerio Público después de la 1 de la mañana, es decir, varias horas después.
En respuesta, los abogados de la pareja de jóvenes, Orlando Estrella y David Dorantes, presentaron uno de los múltiples videos grabados en el lugar de los hechos como prueba. Y demostraron que:
- Los elementos no tenían chalecos policiales.
- En el lugar no había un grupo de 30 personas agrediendo o jaloneando a los agentes, que les impidiera realizar la lectura de los derechos.
- No aparece el dichoso caracol blanco.
- (El punto más importante): Se observa que un agente se lesiona después de haber sometido en el piso a Sebastián.
Los asesores legales le dieron con todo a la Fiscalía. Calificaron como “fantasioso” que un mismo agente le hubiera leído sus derechos a ambas personas al mismo tiempo, dado que estaban en autos separados. Además de que aparentemente, no se cumplió adecuadamente ese requisito del debido proceso. “Si la lectura fue a las 20:30 horas, ¿por qué hicieron de nuevo, a las 21:30 horas, una lectura de derechos?”, preguntaron los asesores legales.
Recalcaron que la Fiscalía no aportó el mentado caracol blanco como prueba. La fiscal dijo que no supieron qué fue del caracol “porque había mucha gente”. Le pudo pasar cualquier cosa. Es decir, se desconoce el paradero (o siquiera la existencia), del bendito caracol. Muy paranormal (o existencial), el rollo.
Ahí no hubo sorpresa. La FGE actuó como siempre lo hace: sin mover un dedo para encontrar algo desaparecido.
Pero no nos distraigamos. La representante de la Fiscalía se emperró en decir que “no se violaron los derechos de las personas detenidas porque se les leyeron dos veces sus derechos” (Ja, es imposible redactar esto y no pensar en que la fiscal se debió aguantar la carcajada). Y también solicitó que el video no fuera tomado como prueba, ya que “no aportaba nada” y “solo se trataba de un fragmento de lo ocurrido”.
Sin embargo, el juez rechazó esa propuesta. Dijo que, si lo hacía, solo contaría con el IPH, es decir, la palabra de los policías, y como ya se demostró, dicho informe está plagado de inconsistencias.
Escribiendo todo esto, descubro que todavía no sé cómo me siento respecto al juez. Al principio sentí que todo saldría mal, porque comenzó con la frase “yo no soy partidario de la violencia en las manifestaciones”. Pero me puse feliz cuando agregó que manifestarse es un derecho.
Casi me paré a aplaudir cuando dijo que se trató de un “DESAFORTUNADO OPERATIVO EJECUTADO DE MANERA INEFICIENTE”. Pero no se detuvo ahí. Cuestionó abiertamente el actuar de la policía, su capacidad y su preparación, pues no pudieron detectar el famoso caracol que supuestamente tenía Sebastián para atacarlos. Además, consideró injustificada la acción de seis agentes para intervenir en una discusión en la vía pública, y subrayó que debían portar al menos un distintivo visible, para identificarse como parte de la PEI.
Lo siguiente es una transcripción textual (si mis apuntes hechos con la letra más chueca del mundo no me fallan), porque es oro puro:
“Yo respeto a los policías. El policía también debe respetar esa investidura. Cuando se rompe ese vínculo social se generan arbitrariedades. Y ESTA ES UNA ARBITRARIEDAD, porque no se justifica la acción. Si [los policías], son personas preparadas, académica y físicamente, si no se ve un grupo de 30 personas, no había personas con chalecos… lo adecuado era que llevaran elementos de seguridad. El operativo fue después de una manifestación. ¿Por qué estaban vestidos de civiles cuando debían estar acreditados?”.
Hermoso.
El juez declaró que la detención de Sofía y Sebastián no fue legal y ordenó su liberación inmediata. Y la parte más grotesca de la audiencia: a pesar de TODO lo descrito, la representante de la Fiscalía solicitó que se llevara a cabo la audiencia de imputación. Varias personas me dijeron que es una cuestión de protocolo, que siempre se hace. Honestamente, yo desconozco si es así. Pero les puedo asegurar que POR PURA DIGNIDAD, si yo hubiera sido ella, escuchando todos los argumentos, viendo las pruebas e incluso oyendo las palabras del juez, me hubiera abstenido de hacerlo.
Santos May le advirtió las consecuencias y lo delicado de esa petición, y la fiscal se retractó. Ya eran casi más de las 15 horas. Yo estaba preparándome para salir de la audiencia con un glorioso sabor a victoria en la boca, lista para dar buenas noticias al mundo. Pero antes de concluir, el juez lanzó una advertencia a Sofía y a Sebastián.
“Espero que esta audiencia les haya dejado una enseñanza. Son jóvenes, pueden hacer algo de provecho. Respeten a la autoridad. En la medida que la respeten tendrán respeto”, dijo.
Me quedé helada. ¿De eso se trata?¿De lastimarnos, torturarnos, dañarnos, hasta que estemos tan cagadas (y cagados), de miedo y dejemos de defendernos, de alzar la voz ante la injusticia, de pelear por lo que nos corresponde?¿Todo esto fue un monstruo montado para que “aprendamos la lección” los que decidimos no conformarnos con vivir a las jodidas?¿Una detención arbitraria, que para algunas personas rozó con ser una desaparición forzada, un levantón o un secuestro, es para el gobernador Mauricio Vila el equivalente a la regañadita que nos daban en la infancia para que no hiciéramos travesuras?
Qué tedio. Qué asco. Qué dolor. Qué miedo…
Pero eso sí lo vi venir.
A MANERA DE EPÍLOGO
Hubo una última cosa que no vi venir.
Y es que estaba tan ocupada celebrando el triunfo de la liberación de Sofía y Sebastián, que por unos momentos olvidé de la audiencia de Andreu y Muñeca.
Pero en eso me topé con un colega que la cubrió. Me dio la mala noticia: la jueza Diana Garrido sí ratificó como legal esa detención. A Andreu le imputaron el delito de portación de armas o herramientas prohibidas, desobediencia y resistencia, y agresiones a servidores públicos. A Muñeca, únicamente los dos últimos ilícitos.
Estaba enfocada en tantas cosas, que tengo un recuerdo borroso de que les grité a las personas que estaban esperando atrás de la puerta de cristal del CJOM, que Andreu y Muñeca sí fueron imputadas. La reacción de decepción, tristeza y molestia fue inmediata.
Busqué a su abogado, Pablo Humberto Escalante Molina, para que me explicara. Me dijo que la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. La defensa pidió la duplicidad del término, por lo cual la audiencia se llevará a cabo el 29 de marzo.
Sin embargo, se les dictó libertad condicional. Como medidas cautelares, se les impuso acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes y no salir del estado sin autorización judicial. También tienen prohibido acercarse a los agentes de la SSP durante todo el tiempo que dure el proceso.
La versión que dieron los policías en el IPH de ese caso, fue exactamente la misma que con Sebastián y Sofía: que ellos estaban dando sus rondines cuando vieron que las dos personas discutían, por lo que se aproximaron. Dijeron que intentaron agredirlos y por eso los detuvieron.
Como a las 15:30 horas nos sacaron del edificio del CJOM. Un par de colegas, activistas, así como amistades y familiares de las personas detenidas, fuimos a esperar a que las liberen en el Centro de Reinserción Social (CERESO), de Mérida. Algunas expresaban su alivio porque todo terminara. Otras, que todo era una injusticia, una muestra de transfobia, de discriminación.
La ansiedad se mezclaba con el aire caliente de las 16 horas. Un familiar de Sebastián dijo que no lo habían permitido el acceso para visitarlo durante los tres días que estuvo detenido. Una pariente de Sofía platicó que cuando le dejaron verla, tenía lesiones en la rodilla, codos, labios y pies, además de que presentaba dolor en la espalda porque un agente le puso una pierna encima, y le taparon la cara. Todo eso la joven también lo declaró a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
“Esta es una situación muy dolorosa, muy penosa para toda la gente. Es muy injusto lo que está pasando, las represiones, la manera en que se trata a la gente cuando sale a manifestarse. Tal parece que nos quieren calladitas y en casa”, admitió la familiar de Sofía.
Aunque no ha tenido oportunidad, hablará con la joven sobre la posibilidad de denunciar a las autoridades responsables de las detenciones arbitrarias. Respetarán su decisión, pero considera importante sopesar las posibilidades.
“Imagínate cómo todo esto impacta a la comunidad. Porque en la siguientes manifestaciones lo van a pesar dos veces para salir. El sistema quiere reprimirnos, que tengamos miedo. El miedo paraliza, es un sentimiento muy, muy bajo. No debemos permitir sentir miedo para expresarnos. Ojalá que todo esto no vuelva a suceder, que quede como una semilla, que la gente se de cuenta que esta vez nos favoreció la justicia, pero, ¿y si no? Iban a ser personas inocentes encerradas solo por manifestarse”, señaló la mujer.
A las 18 horas salieron las cuatro personas que fueron detenidas. Se veían cansadas y un poco tensas. Tenían costras y raspones en varias partes del cuerpo. Fueron recibidas con muchos abrazos. Obviamente hubo llantos. Afortunadamente, también risas. Incluso selfies.
Se les preguntó cómo estaban. Espero que su respuesta no haya sido de cortesía y realmente estuvieran bien. Pero lo dudo. Yo creo que después de vivir un hecho violento, pese a todos los remedios y voluntades, ninguna persona vuelve a ser la misma. Pero qué se yo.
Me retiré. El peso del cansancio y de la realidad cayeron junto con el sol del atardecer. Ahora toca seguir de cerca el proceso de Andreu y Muñeca.
Vuelve la decepción hasta que recuerdo lo que dijeron los parientes de Sebastián y Sofía: no olvidar que todo comenzó por una lucha, por la esperanza de cambio y de un futuro mejor. Porque un pueblo maya decidió que ya no lo seguirían aplastando, lastimando, discriminando.
Porque hay personas defendiendo el agua. Porque quieren una vida libre de contaminación, salir a respirar aire limpio y fresco, tener la certeza de que el agua que beben y usan no está sucia. Quieren poder decidir sobre el territorio que les pertenece.
Es un pueblo cansado de que le impongan cosas que lo están dañando, que cuando decidió levantarse, pelear por sus derechos, contagió a otras personas, que ya entendieron que tienen razón y les acompañan. Porque es lógico. Porque sería estúpido no querer mover un dedo para proteger los bienes que nos mantienen con vida.
Debo confesar que considero que tienen razón y que debemos seguir luchando por ese objetivo. Y pese al sistema corrupto, pese a que las personas equivocadas ostentan el poder en este estado, pese a que cada vez se empodera más a una policía violadora de derechos humanos, pese a que la criminalización de la protesta se ha hecho más dura (recordemos que no es la primera vez que esto pasa en esta administración estatal: la marcha del 25N del 2019, la gaseada de los opositores a Vila, etc.), creo, firmemente, que lo vamos a lograr.
Yo sé que van a tacharme de ingenua.