El gobierno de Yucatán criminaliza a pobladores mayas de Sitilpech
Demanda a 8 pobladores por la defensa de su tierra en contra de una granja porcícola
Posponen audiencia programa para este viernes
Texto y fotos: Abraham Bote Tun
El gobierno de Yucatán demandó a pobladores mayas de Sitilpech, que luchan por defender su territorio y recursos naturales, amenazados por una granja porcícola, instalada en su pueblo.
Este viernes 10 de marzo, 8 pobladores de la comunidad asistieron a una audiencia de vinculación a proceso por la imputación del delito de “obstrucción de las vías de comunicación en pandilla”, en los juzgados de Control de Kanasín.
El abogado defensor Erik Pérez Loyo solicitó a la jueza el diferimiento de la audiencia para que pueda conocer el contenido de la carpeta de investigación y así poder defender a sus clientes.
La jueza accedió a la petición, que le asiste por derecho, y reprogramó la audiencia inicial de imputación para el próximo viernes 17 de marzo a las 10 de la mañana en esa misma sala de juicios orales.
“Vamos a plantearles estrategias de defensa, todo tiene solución y vamos a actuar conforme a derecho. Ustedes están en derecho de manifestarse y si es pacíficamente, las autoridades lo tienen que respetar y lo tienen que entender”, indicó Erik Pérez Loyo, abogado defensor, a sus representantes antes de ingresar a la audiencia.
“Queremos agua limpia, el agua es nuestra, nosotros decidimos”, manifestaron los pobladores al salir de la reunión.
Pérez Loyo explicó que básicamente los acusan de bloquear una carretera, pero existen varias irregularidades en las acusaciones.
“Son señalamientos de personas que dicen que los vieron, pero son cinco personas que hablan de la misma manera. Nos llama la atención que se narran ciertos aspectos en el mismo orden y de la misma manera y desde un tema de psicología nadie puede declarar igualito”, señaló.
En el caso de que, si se le vincule a proceso, el representante legal dijo ya analizaran una estrategia, ya sea optar por un juicio oral, una salida alterna como lo podría ser una suspensión condicional del proceso, es decir que “ellos se sometan a ciertas condiciones durante seis meses, un año o hasta tres años”.
Si cumplen esas condiciones se acaba su proceso sin generarles antecedentes penales y ningún tipo de repercusión. “Es el éxito del sistema, no buscamos tener a la gente en prisión, sino que la gente se rehabilite de cierta forma y eso es en el supuesto que sean vinculados a procesos porque vamos a pelear”; manifestó.
El abogado señaló que este encuentro igual sirvió para poder revisar la carpeta de investigación y así ofrecer las pruebas pertinentes.
“Desde La Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, sostenemos que esta denuncia presentada por el gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila Dosal, deja en claro el nulo entendimiento de su administración sobre el respeto de los derechos humanos de las comunidades mayas y comunidades locales”, denunciaron las agrupaciones en un comunicado.
Nos preocupa que la constante criminalización y resultado de dicha audiencia siente un precedente que socave el derecho de los pueblos y personas a defender derechos humanos y el medio ambiente de manera pacífica en Yucatán, agregaron.
El pasado 18 de febrero, durante la madrugada a plena oscuridad, elementos de las policías de Yucatán y del municipio de Izamal reprimieron y golpearon a pobladores mayas de Sitilpech, incluyendo menores de edad; además, robaron algunas de sus pertenencias, de acuerdo con videos e información proporcionada por Kanan Derechos Humanos.
Según el organismo, alrededor de las 3 horas, entre 60 y 70 antimotines de la policía estatal y de la de Izamal arribaron al campamento que tiene el grupo La Esperanza de Sitilpech, donde mantiene bloqueado el acceso a la granja porcícola.
En el lugar, según dio a conocer la ONG, estaba un grupo mayoritariamente mujeres y algunos niños y niñas. “Golpearon a las personas. Los policías robaron cosas de la gente, como sillas, mesas y además, les quitaron sus celulares para evitar que grabaran”, denunció la agrupación civil, que ha acompañado a la comunidad maya en sus procesos legales.