Colocan “antimonumento” por daños causados por el Tren maya
Organizaciones civiles de la península de Yucatán participan en movilización pacífica en contra del Tren Maya en Ciudad de México
Por Abraham Bote Tun
Organizaciones civiles de la península Yucatán participaron en una movilización pacífica en contra del Tren Maya en Ciudad de México: colocaron un antimonumento para dejar “constancia en la memoria histórica de los daños causados” por este proyecto del gobierno federal.
“El agua, las selvas y la biodiversidad están amenazadas por el Tren Maya, el proyecto prioriza el extractivismo y la inversión de capitales de empresas y corporativos en territorios comunitarios”, señalaron las agrupaciones participantes,
Además, expusieron que la justicia y el Estado de Derecho han sido subordinados a una política racista y que propicia el despojo de los bienes comunes.
Este miércoles, 23 de noviembre, organizaciones civiles nacionales, internacionales y de la península de Yucatán, como Greenpeace, Kanan Derechos Humanos, Racimos Mx, Red de Resistencia y Rebeldía Jo, colocaron en el Paseo de la Reforma una placa que advierte los impactos que el megaproyecto Tren Maya está causando, al tiempo que las autoridades administrativas y judiciales incumplen con su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y evitar la violación de derechos.
El antimonumento lleva la leyenda: “Aquí dejamos constancia de que en nombre del ‘desarrollo’ y el ‘progreso’ se construyó el ‘Tren Maya’ desalojando personas, extinguiendo especies, devastando la selva y amenazando ecosistemas. Solo ustedes, en el futuro, podrán decir si valió la pena…”.
Las agrupaciones señalaron que este proyecto fue impuesto de manera totalmente irregular; comenzando con el proceso de supuesta “consulta indígena” de 2019, que no cumplió con todos los estándares internacionales en la materia, de acuerdo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ade3mñas, indicaron que carecía de estudios de impacto ambiental que detallaran los impactos negativos y positivos del proyecto, los cuales eran indispensables para pedir el consentimiento de los pueblos originarios.
A su vez, las y los activistas afirmaron que hasta ahora no se ha realizado un estudio íntegro de impactos acumulativos y sinérgicos en el medio ambiente, sociedad y economía, sino que se han hecho evaluaciones fragmentadas en “tramos”.
“El proyecto ha tenido un sinfín de modificaciones que no se conocen con claridad, también ha destruido viviendas de cientos de familias en Campeche y Yucatán y destruido hectáreas de selvas de la región, entre otras afectaciones”, advirtieron.
Un proyecto sin acceso a la justicia
Por otro lado, las asociaciones denunciaron que El Tren Maya ha sido favorecido en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación, “el cual ha sido totalmente aquiescente y endeble para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, así como de activistas y personas defensoras de derechos humanos en general”.
De acuerdo con los organismos, el proceso de unificación de casos en 2021 para que el Juzgado Primero de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Laboral y Administrativa en Yucatán analizará todos los juicios de amparo al respecto fue totalmente arbitrario. “Los estándares que aplican el Juez y las Magistradas para proteger y defender los derechos a través de esta herramienta legal han sido totalmente ineficaces y tendenciosos para beneficiar al proyecto y no a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
A la par, según evidenciaron, el Poder Ejecutivo estigmatiza y criminaliza la labor de las asociaciones civiles y personas defensoras frente al proyecto, a costa de polarizar a la sociedad, creando un clima hostil y complejo para el debate público, defensa y promoción de derechos en este contexto.
Por todas estas razones, hicieron un llamado a la sociedad y autoridades de los tres niveles de gobierno para subrayar que el proyecto “Tren Maya” es irregular y violatorio de derechos humanos; es arbitrario, violento y peligroso para personas defensoras, pueblos originarios y el medio ambiente del Sur Sureste del país; es insuficiente la información que los promoventes proporcionan y no se garantiza el acceso a la justicia.
“Exigimos que se detengan estas violaciones y abusos y que se garantice la justicia y el respeto de los derechos humanos”; concluyeron.