Este 2022, Yucatán dio un “salto preocupante a la violencia” en contra de periodistas
Aumenta un 66 por ciento las agresiones durante el primer semestre del 2022
Por Abraham Bote Tun
Yucatán dio “un salto preocupante en la violencia” contra periodistas, pues de enero a junio de 2022, se registraron 30 casos, lo que representa un incremento del 66.67 por ciento, en comparación con el mismo periodo donde se registraron 18 agresiones.
Con estos datos, Yucatán ocupó el segundo lugar del país con más casos de agresiones contra la prensa registradas durante el primer semestre del 2022, reveló la investigación La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste, que realizó ARTICLE 19.
En todo el país, en el primer semestre de 2022, ARTICLE 19 registró 331 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación. Cada 14 horas, se agrede a una persona periodista o medio de comunicación en México.
En comparación, el primer semestre, registró 218 ataques contra la prensa. “Esto significa que en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador hay un incremento del 51.83 por ciento de agresiones contra la prensa”, expusieron.
De acuerdo con el documento, la Ciudad de México continúa en el primer lugar de número de agresiones, posición en la que ha permanecido desde el 2013 de acuerdo a los registros de ARTICLE 19.
El que esta entidad permanezca en la primera posición puede responder, entre otros, a la concentración de distintos niveles de poder públicos, tanto federales y locales. Además de ser una metrópoli con una alta densidad poblacional que requiere la presencia de un vasto número de periodistas para dar cobertura al acontecer diario,
En segundo lugar, se encuentran los estados de Yucatán y Michoacán, ambos con 30 agresiones contra quienes ejercen el periodismo en cada estado, por lo que cada entidad federativa representa un 9.06 por ciento del total de ataques documentados en este periodo.
Las autoridades mexicanas son el principal agresor contra la prensa
La agrupación expuso que, siguiendo los patrones del primer semestre del 2021, y la misma tendencia año con año desde 2007, el principal agresor contra la prensa es el Estado. Durante estos primeros seis meses del año, las y los agentes del gobierno son responsables de perpetrar 128 agresiones, lo que equivale a un 38.67 por ciento del total.
De los cuales las y los funcionarios públicos civiles cometieron 75 agresiones (22.66 por ciento), las fuerzas de seguridad civiles 45 (13.60 por ciento) y fuerzas armadas 8 (2.42 por ciento).
De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con 61 casos (47.66por ciento), seguido por el nivel municipal con 44 (34.38 por ciento) y posteriormente, agentes federales que perpetraron 23 ataques (17.97 por ciento).
Las agresiones que más cometen las autoridades son en forma de uso ilegítimo del poder público, perpetrado en 29 ocasiones (38.67 por ciento), seguido de las agresiones del tipo de intimidación y hostigamiento con 21 (28 por ciento).
Por su parte, las fuerzas de seguridad civiles atacan mayoritariamente a la prensa en forma de ataques físicos, con el 33.33 por ciento del total de las agresiones que cometieron dichos actores.
Finalmente, las fuerzas armadas agreden en su mayoría mediante actos de intimidación y hostigamiento (62.50 por ciento del total de agresiones que cometieron las fuerzas castrenses).
Otro dato a resaltar durante este periodo es que el crimen organizado perpetró ataques contra la prensa en 30 ocasiones, equivalente al 9.06 por ciento.
Estos datos muestran un incremento porcentual del 150 por ciento si se compara los datos registrados en el mismo periodo de 2021, donde grupos de la delincuencia organizada agredieron a la prensa en 12 ocasiones.
Principalmente este grupo ataca a las personas periodistas que hacen cobertura de corrupción y política con 12 casos (40 por ciento), seguridad y justicia con 11 (36.67 por ciento) y derechos humanos con 6 (20 por ciento).
¿Cómo se agrede a la prensa?
La investigación detalla que de las 331 agresiones registradas el primer semestre de 2022, en el primer lugar se ubicó la categoría de intimidación y hostigamiento con un total de 101 casos, que representan el 30.51 por ciento del total de casos registrados.
En segundo lugar, la categoría de amenazas se perpetró en 66 ocasiones representado por el 19.94 por ciento del total de agresiones registradas en el primer semestre de 2022.
El uso ilegítimo del poder público se ubicó en este primer semestre en el tercer lugar con 45 agresiones (13.60 por ciento).
En cuanto al tipo de víctima, ARTICLE 19 señala que los hombres cis y trans tuvieron mayor número de casos registrados con 219 (66.16 porciento), seguido de las mujeres cis con 88 casos (26.596 por ciento) y por último están los medios de comunicación con 24 casos (7.256 porciento).
Coberturas peligrosas
Nuevamente en el primer semestre del 2022, siguiendo la tendencia desde el 2017, las dos coberturas más riesgosas para ejercer el periodismo en México son las de corrupción y política con 168 casos (50.76 por ciento) y seguridad y justicia con 76 (22.96 por ciento).
Ante este panorama de violencia que persiste contra periodistas y medios, ARTICLE 19 exige: Reconocer públicamente la labor relevante de las personas periodistas y medios de comunicación y el aporte que realizan en una sociedad democrática. Asimismo, exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno abstenerse de estigmatizarles en sus discursos y espacios oficiales.
También, diseñar e implementar una política pública integral de prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del daño, con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de la labor periodística segura. Asimismo, debe tener un enfoque interseccional para recoger todas las necesidades de los diversos grupos del gremio periodístico.
Asimismo, dotar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de los recursos humanos y financieros para desarrollar su labor. Así como capacitar a su personal en temas relacionados con derechos humanos y la libertad de expresión para que sean sensibles, objetivos, profesionales y eficientes en su actuar.
AL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH Y PERIODISTAS:
→ Promover la coordinación efectiva con las instituciones en las entidades federativas para el debido cumplimiento de las medidas de protección asignadas a las personas beneficiarias.
→ Integrar un enfoque interseccional adecuado en los análisis de riesgo y en las medidas de protección, y en general en la operación de las actividades del Mecanismo.
→ Tener en cuenta la violencia digital como un factor de riesgo para el diseño de medidas, ya que la esfera digital es una tendencia donde se agrede a la prensa constantemente.
→ Impulsar mayor alcance de respuesta en emergencias, al igual que agilizar los procesos de incorporación de la prensa y la asignación de medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las personas periodistas de una manera más efectiva y pronta.
→ Generar una política de retorno seguro que atienda las necesidades de las personas periodistas al determinar el fin de la medida de refugio, que contemple el contexto y riesgo de haber extraído a la persona, la cual necesita comenzar a reconstruir su proyecto de vida.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATALES:
→ Implementar el “Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, para que dichos delitos sean investigados por parte de la fiscalía y las fiscalías locales de forma eficiente y diligente.
→ Realicen las investigaciones y los análisis de contexto conducentes y tomen en cuenta la labor periodística de la víctima como móvil del crimen, sin descartarla a priori.
→ Investigar todos los tipos de autoría de los crímenes (material, mediata e intelectual); la cadena de mando (en casos de agresiones directas de personas servidoras públicas); el contexto de macrocriminalidad y los patrones de agresiones a periodistas en la entidad, región o localidad, y los antecedentes del trabajo periodístico.