A un año de la muerte de José Eduardo, su madre exige a Renán Barrera Concha que ofrezca una disculpa pública
Convoca a una marcha este jueves en el centro de Mérida para exigir justicia por la muerte de su hijo
Por Abraham Bote Tun/ Ilustración de portada: Javier Escalante
Dora María Ravelo Echavarría recuerda a su hijo José Eduardo Ravelo como el bebé que tuvo en brazos, a quien le gustaba mucho el graffiti y la música rock. Su sueño siempre fue ganar un concurso de este arte urbano.
“Le gustaba hacer muchos dibujos…tenia la ilusión de ganar un concurso de graffiti. Siempre le decía: Ése un arte, mucha gente no lo ve así, piensan que solo es rayar por rayar, tú sabes expresar tus emociones a través de este arte, vas a llegar a ser alguien muy importante”, comentó la mujer.
A un año de la muerte de su hijo, María Ravelo convoca a una marcha este jueves 21 de julio en el centro de Mérida. Exige al alcalde de Mérida Renán Barrera Concha, que por fin ofrezca una disculpe pública, por la tortura, detención ilegal y demás violaciones que sufrió su hijo a manos de la Policía de Mérida, como determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Como informamos en el mes de enero, la CNDH emitió la recomendación 50/2022/VG por el caso de José Eduardo Ravelo en Mérida, donde confirmó que se violaron los derechos humanos de la víctima, que hubo detención arbitraria, retención ilegal, abuso, tortura, y agresiones por parte de la Policía y otras autoridades municipales y estatales.
“Tal y como se acreditó con las evidencias que corren agregadas en el expendio de queja, así como las opiniones médicas y criminalísticas, se cuenta con los elementos para evidenciar que las personas servidoras públicas adscritas a la Policía Municipal sometieron a José Eduardo a tortura, por uso excesivo de la fuerza por un lapso de 42 minutos”, indicó la recomendación.
También, el organismo determinó que el presidente de Mérida debía ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica.
Así como una reparación de daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos; sin embargo, hasta el día de hoy Barrera Concha no ha cumplido con esta resolución.
Al respecto, dijo que a pesar de que se acreditó varias veneraciones a los derechos de su hijo, la autoridad municipal no quiere aceptar nada de eso, porque según ellos no hay delito, pues se basan en lo que determinó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quiero una disculpa pública, por eso voy a Mérida porque no lo ha hecho, Renán se negó y solo aceptó darle capacitación a sus policías para que no vuelva a ocurrir esta clase de incidentes. Pero eso no es suficiente”, sentenció.
Al alcalde de Mérida le manda un mensaje: “Tiene que acatar la recomendación completa, no le queda de otra, ahora tiene la oportunidad de hacerlo si es que quiere ser gobernador de Yucatán y quedar bien con la gente”.
Aunque sabe que no lo quiero hacer porque sería aceptar que la policía de Mérida es culpable y responsable de tortura.
Doña María se siente vulnerable y con incertidumbre, pues a un año de la muerte de su hijo todavía no hay justicia, aunque mantiene la esperanzas de que el caso pueda concluir de manera positiva y que se logre una justicia real para su hijo.
“Todavía me queda algo de confianza en las autoridades, pero siempre hay esa incertidumbre de que no sabes con qué van a salir”, manifestó.
Recordó que uno de los logros que ha conseguido gracias a su equipo de asesores fue que en el mes de diciembre del 2021, un juez ordenó retirar el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de José Eduardo Ravelo de la página oficial de la dependencia y de las plataformas digitales, en el cual la dependencia informó que no había sido torturado, ni lo violaron, sino que falleció a causa de una neumonía.
Ahora siguen con el caso y buscan que este dictamen que emitió la FGR se eche abajo, no han dado respuesta a sus demandas.
“Las investigaciones van lentas, veo el caso muy estancado en la Fiscalía, mis abogados están tratando de derribar las piedras que nos ponen en el camino, no nos han dado el acceso a la justicia”, indicó.
La marcha partirá en punto de las 6 de la tarde este jueves 21 de julio del parque de San Cristóbal al palacio municipal.