Condiciones deplorables del salario en Yucatán genera asignación de “pensiones miserables” para las infancias
Unos hombres no quieren pagar la pensión y otros simplemente no pueden porque no cuentan con el recurso ni el empleo
Ante la falta del pago o asignación de pensiones alimenticias precarias, el Estado debería implementar un sistema de asistencia social para mujeres y sus hijos e hijas
Por Abraham Bote Tun
En Yucatán, un estado donde las condiciones salariales son deplorables y pobres, las pensiones alimenticias se han convertido en un problema, porque muchos hombres no pueden cumplir con estas obligaciones, manifestó Gina Villagómez Valdés, integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán.
Si bien muchos no quieren cumplir, aunque tengan el recurso, otros simplemente no pueden porque sus salarios son muy bajos, se obtiene “pensiones más miserables”, expuso la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
En Yucatán no sólo existe un alto índice de violencia contra las mujeres, tanto física, económica, emocional; además, hay muchas mujeres solas a cargo de sus hijos e hijas, pero las pensiones son muy bajas o difíciles de acceder, indicó.
Gina Villagómez comentó que el 25 por ciento de los hogares en el estado están a cargo de una mujer, significa que es jefa de familia, el estado entro los primeros lugares en materia de divorcio y separación conyugal.
“Las mujeres en Yucatán están sacando solas a sus familias en un gran porcentaje a comparación del resto del país”, indicó.
De acuerdo con la especialista en derechos humanos y de género, este fenómeno se debe a que estamos en el estado peor pagado a nivel nacional; hay empleo, pero los peores salarios. Hay hombres irresponsables, que no quieren hacerse cargo, no obstante, hay otros que nos les alcanza. “Divorciarse cuesta”, expresó.
La asignación de pensiones, indicó la académica, es un procedimiento rápido, cuando se trata de alimentos para las infancias, por el bien superior del menor, lo primero que se hace antes de ver la separación de bienes o la disolución conyugal, es la asignación de una pensión para las infancias, sin embargo, el problema es que la mayor parte de los hombres son auto empleados, con trabajos intermitentes, informales, de baja calificación.
De tal manera, que “cómo le quitas la pensión a alguien que no está dentro del Seguro Social, que no está empleado formalmente y que no recibe una mensualidad”, manifestó.
Entonces, precisó, cuando los hombres no tienen como demostrar ingresos quincenales o fijos, difícilmente se les puede embargar. “No le alcanza ni para sí mismos…eso es pobreza estructural que afecta más a las mujeres”.
Esto, señaló la investigadora, es el reflejo de la desigualdad social y económica que impera en Yucatán. “Estamos en un estado que se ha centrado en promover su seguridad, y su desarrollo económico, pero no ha generado mayores recursos para los empleos formales, que generan mayor certeza para las familias”, sentenció.
Ante la falta del pago o asignación de pensiones alimenticias precarias, el Estado debería implementar un sistema de asistencia social para mujeres y sus hijos e hijas, para poder solventar sus necesidades de crianza, opinó Yamile Masiel Pérez Achach, abogada familiar.
Más que medidas punitivas a los deudores, indicó que debe haber un programa que asista a las mujeres con apoyo monetario, guarderías, empleo, o con talleres de auto emprendimientos, entre otras acciones que “rompan” el ciclo de dependencia e impulsen a las mujeres a ser independientes económicamente.
La especialista indicó que muchos padres no pagan la pensión porque evaden su responsabilidad, otros no cuentan con el recurso para poder ofrecer una pensión digna, o prefieren ir a la cárcel para evitar este pago. Las mujeres están a merced de lo que los hombres les quieran dar, si es que les dan algo.
Todo esto impacta en la calidad de vida y solvencia de las madres y sus hijos e hijas, al enfrentarse a un círculo de violencia que parece no terminar.
Pérez Achach explicó que para signar una pensión alimenticia existen varios procedimientos, los más comunes son los contenciosos donde hay juicios de guardia y custodia, de pensión o divorcios.
En estos casos, precisó que el juez o jueza exhiben un escrito y se les notifica a ambas partes pidiendo la pensión, luego cada quien ofrece una propuesta; el juez o la jueza, como medida provisional, va tratar de fijar un promedio intermedio entre ambas partes.
Para esto, la jueza o el juez va girar informes al SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Seguridad Pública, cualquier lugar donde le puedan dar reformación sobre sus declaraciones anuales, de ser necesario igual puede pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ver el movimiento de sus tarjetas; así como un estudio socioeconómico.
Sin embargo, indicó que, en la mayoría de los casos, a pesar de estas herramientas que cuenta la autoridad para hacerse de elementos, “no hay nada de donde agarrar”.
Por lo tanto, los jueces hacen una valoración del mínimo vital que pueda recibir alguien para subsistir y hace un cálculo basado en el salario mínimo, que actualmente es de $172.87 pesos diarios.
Con base en esto, determina cuánto es lo mínimo que puede ganar una persona para alimentos, y le condena el pago, pero igual todo dependiendo del número de hijos e hijas.
Muchas veces, a pesar de que la cantidad es baja, la especialista expuso que los padres no la pueden pagar, entonces las mujeres terminan poniendo denuncias y los padres terminan consignados por delitos de incumpliendo de asistencia familiar, pero luego sale, y los vuelven demandar, así continua el círculo.
“No hay un sistema intermedio donde se puede lograr una pensión digna, ni hay un programa de asistencia social que auxilie a las mujeres”, sentenció la litigante.
No obstante, aclaró que el juez o jueza siempre tratará de hacerse de todos los elementos que pueda para que se pague la pensión.
Por ejemplo, agregó, igual puede girar un oficio a la empresa don¿de trabaja para que le desglose su salario, y así retenerle una parte.
O bien, precisó, si el informe indica que la persona gana alrededor de 15 mil pesos al mes, la jueza determinaría que pague unos 6 mil pesos.
“Si no puede hacerse de ningún elemento, fijará una pensión tomando como consideración el salario mínimo, pero esto ocasiona que las pensiones sean de alrededor 1 600 al mes; a nadie le alcanza”; apuntó.
Además, dijo que las empresas optan por despedir al trabajador cuando empiezan a requerir informes y demás acciones, por desconocimiento o porque prefieren evitar estos temas legales; al ser un negocio pequeño, pues no cuentan con abogados. Aunque en otras ocasiones el mismo padre decide renunciar para evitar estos pagos. Se insolventan. Tampoco hay un mecanismo que persiga a todas estas personas que se insolventan, apuntó.
Van a la cárcel
Por otro lado, la experta comentó que al final muchas personas terminan en la cárcel, en su mayoría de bajos recursos; los que sí cuentan con dinero se amparan o al final reparan el daño, se ponen al día para evitar ir a prisión, pero luego vuelven a evitar el pago.
Cuando los condenan penalmente por el delito de incumplimiento de asistencia familiar, subrayó, los condenan a la reparación del daño, les piden actualizarse, pagar una multa y los privan de libertad de uno a tres años.
No obstante, indicó, al ser un delito que no prescribe, es decir te condenaron por no pagar alimentos en el 2016 pero en el 2017 salen libres como si nada.
“Eso no cambia la situación, el señor sale de la cárcel, sigue su vida y no paga. No es una remedias eficaz. Adema se afecta el patrimonio de los menores, si el padre no puede pagar y lo meten a la cárcel, ahora menos lo podrá hacer”, manifestó.
“La mujer puede volver a pedir la pensión y pasa lo mismo una y otra vez; el circulo se repite”, insistió.
En cualquiera de los escenarios, la más afectada es la madre y sus hijos e hijas, pues siguen sin recibir la pensión. “No hay un mecanismo que pueda ayudar a solventar ese problema”; reiteró.
En su opinión, ante este panorama, debería haber un sistema de asistencia social para mujeres en situación precarias que no reciben pensión alimenticia, como comedores, apoyos económicos, bolsa de trabajo, guarderías y demás.
“No hay un mecanismo que tenga el Poder Judicial y el Estado para asistir a madres que comprueban que han estado luchado por una pensión y hasta el momento no consiguen nada ya sea porque el señor no la paga, no tiene dinero o porque prefiere la cárcel”, sentenció.
Si bien, ahora existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Yucatán, donde además de consignarlo por el delito de incumplimiento la autoridad pide su registro en esta base de datos, para que no puedan acceder a créditos y la gente podrá ver a las personas que no pagan pensiones. “Es un pequeño paso, pero no es suficiente”, admitió.
Más que buscar una sanción punitiva, se debe garantizar el derecho de las madres y sus hijos a una vida y pensión digna. “De que sirve de que el hombre este en la cárcel, si la mujer sigue sin tener su pensión”, expresó.
Estigma social
Aunado a esto, indicó que la sociedad machista carga toda la responsabilidad hacia las mujeres: hay un doble castigo, además que el Estado no garantiza que les paguen su pensión, la sociedad las estigmatiza por no poder salir adelante solas, y al hombre no lo responsabilizan de sus actos.
“Hay que romper el estigma de las madres solteras”, aseveró.
Al final muchas mujeres acaban aceptando “arreglos”, una cantidad irrisoria de 500 pesos al mes, porque es peor estar peleando sabiendo que no van a conseguir nada. “Están a merced de los que le quieran dar, si es les quiere dar algo”, señaló.