Alto al hostigamiento judicial a  periodistas en Yucatán: Indignación

(Indignación)

En las últimas semanas se han hecho públicos casos de hostigamiento judicial a  periodistas de Yucatán.  

Exigimos el respeto al derecho a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la  información. 

Exigimos el cese del hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras. 

El hostigamiento judicial es uno de los mecanismos que  emplea el Estado para amedrentar y obstaculizar la labor de periodistas, defensoras y  defensores de derechos humanos. En las últimas semanas se han hecho públicos casos de  hostigamiento judicial contra reporteros en Yucatán, por lo cual exigimos al Gobierno del  Estado y al Poder Judicial del Estado respetar el derecho a la libertad de expresión y al acceso  a la información.  

El primer caso se dio a conocer el pasado 11 de abril, cuando a través de un oficio de la Fiscalía  General del Estado (FGE), se informó que la Jueza de Control del Primer Departamento  Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, ordenó a los medios de comunicación “Cambio  del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y  la “Noticia Ciudadana”, eliminar las notas relativas a la revocación de la jubilación de la  ciudadana Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo  Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos  de corrupción.  

Como se recordará, otros periodistas como Félix Bigman y Maru Luján también fueron  víctimas de hostigamiento judicial por publicar notas sobre ese tema, de acuerdo con reportes  de la organización Artículo 19. 

En el documento de la FGE también se agrega que dichos medios debían cumplir la orden en  un plazo de 24 horas contadas a partir de haber recibido el oficio, o de lo contrario, se harían  acreedores de una de las sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de  Procedimientos Penales, entre las cuales se encuentran una amonestación, multa, auxilio de la  fuerza pública o arresto por 36 horas. Sin embargo, en el oficio no se justifica por qué se impone  tal medida. 

Cinco días más tarde, el director del portal noticioso “Infolliteras” (www.infolliteras.com),  Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra radicada en el Juzgado Tercero  del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada por el ex subprocurador  Rafael Acosta Solís por presunto daño moral, tras la publicación de una nota que compartía  información enviada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida y que fue  publicada en la sección “Cartas a la redacción”, en la que se acusa al ex funcionario de despojo  de tierras, así como del robo de un bulto con dinero y documentación de los ejidatarios de  Samahil, acto realizado en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en  Mérida, Yucatán. 

En ese caso, el ex subprocurador exigió el retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos,  más los costos del proceso judicial. En el documento de la demanda, consta que el ex  funcionario también demandó a los medios “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector MX” y  “Rompecabezas”.  

Estos hechos resultan alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: el de  fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarias, funcionarios, empresarias y  empresarios, y mantener informada a la ciudadanía de asuntos de interés público,  

Por otro lado, preocupa el caso particular del periodista Eduardo Lliteras, quien desde el 2019  ha acumulado dos denuncias penales y una demanda, por publicar notas relacionadas con el  despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción.  

Como se recordará, el pasado 16 de febrero periodistas locales presentaron una solicitud formal  ante el Congreso del Estado para eliminar del Código Penal Local el delito de difamación,  precisamente por tratarse de una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística,  particularmente la de aquellas y aquellos encargados de investigar temas de corrupción,  despojo de tierras y defensa del territorio.  

De acuerdo con criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, los  tipos penales como la injuria, calumnias y difamación, son calificados como medios de  violación indirecta a la libertad de expresión, ya que generan un efecto inhibidor, frente al cual  las personas prefieren autocensurarse antes que sufrir las sanciones. Por ello se han declarado  inconstitucionales e inconvencionales: por violar los derechos de libertad de expresión y acceso  a la información, tal y como indica la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2000.  

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No podemos permitir que periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos sean  víctimas de hostigamiento judicial. Por tanto, exigimos a las autoridades correspondientes: 

● Respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. ● Cesar los ataques contra periodistas en Yucatán.  

● Detener el hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras y contra  cualquier periodista que, en cumplimiento de su labor de informar a la ciudadanía,  reciba amenazas, intimidaciones y denuncias, sobre todo, si se trata de medios de  comunicación o periodistas independientes que se encargan de vigilar el actuar del  Estado y del sector empresarial. 

Reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de periodistas de Yucatán de eliminar el delito de  difamación del Código Penal local, y exigimos al Congreso del Estado adecuar la legislación  local a los estándares de protección desarrollados en la materia.

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