Cuando escribir incomoda al poder

Por Abraham Bote Tun

Una vez más, mi libertad de expresión se ve amenazada. Él es el dueño del medio de comunicación donde hasta entonces trabajaba como coordinador web. Sin embargo, nada de lo que se discutió en esa reunión tenía relación con mis funciones laborales ni con mi desempeño profesional. El problema no era el trabajo, sino mis ideas; no era el cargo, sino mi pensamiento crítico y mi labor periodística, la misma que sigo ejerciendo de forma independiente en el medio que cofundé: Disidente Mx.

Al final, con una sinceridad que me atravesó el cuerpo y el espíritu, me dijo que el Ayuntamiento de Mérida —gobernado por el PAN— se había molestado por un artículo de opinión que publiqué en mis plataformas personales, ajenas por completo al medio del cual él es propietario. Un texto que incomodó al poder. Me dijo que tenía que dejar de escribir o que “podíamos llegar a un acuerdo”. Evidentemente, se trataba de un despido.

Sus palabras, tan frías como su actitud, me calaron hondo. Porque, una vez más, una autoridad —directa o indirecta— intentaba utilizar todos los medios posibles para callar mis ideas.

Era la segunda ocasión en mi carrera periodística, ya de casi doce años. Al menos esta vez hubo una honestidad brutal, pero también dejó secuelas psicológicas: días enteros postrado en mi hamaca, una demanda —breve, pero tediosa y agotadora— y un desgaste que no se ve, pero se arrastra.

La narrativa de la paz

En Yucatán se repite una consigna hasta el cansancio: aquí no pasa nada.
El estado se vende como un territorio pacífico, ajeno a las violencias que desangran a otras regiones del país. Las cifras oficiales lo respaldan: baja tasa de homicidios, pocos delitos de alto impacto, estabilidad. Pero esa narrativa tiene grietas. Y en esas grietas habitan historias que no suelen contarse.

Durante años, como periodista, he documentado una realidad que incomoda al discurso oficial: en Yucatán, la paz también se sostiene sobre el silencio, la censura y la criminalización de quienes cuestionan al poder.

Las comunidades mayas lo saben bien. Defender el territorio tiene un costo. Resistir la instalación de megaproyectos —como las granjas porcícolas— implica enfrentar procesos legales, amenazas, hostigamiento y desgaste comunitario. Muchas de estas industrias se instalan sin consulta previa, violando el derecho a la autodeterminación, contaminando el agua, afectando cenotes y alterando de forma irreversible el entorno. Cuando las comunidades se organizan y dicen no, la respuesta suele ser judicializar la protesta.

Uno de los casos más emblemáticos es el del comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, quien continúa enfrentando un proceso penal pese a la ausencia de pruebas. Aun así, la empresa involucrada no ha desistido: interpone recursos, promueve amparos y busca revertir resoluciones judiciales favorables a la comunidad. El mensaje es claro: resistir tiene consecuencias.

Pero esta violencia no solo se ejerce contra las comunidades. También alcanza a quienes informan.

Censura desde las redacciones

En Yucatán, buena parte de los medios de comunicación operan bajo esquemas de convenios publicitarios con el poder político. No es un secreto. El problema surge cuando esos acuerdos condicionan la información, moldean el discurso público y castigan al periodismo crítico. La paz que se presume se construye también desde redacciones dóciles.

Mi historia personal atraviesa ese terreno.

En 2019, mientras trabajaba en La Jornada Maya, comencé a notar algo que al principio parecía menor: mis notas dejaban de llevar mi firma. Pensé que era un error editorial. Había ocurrido antes. Pero se volvió constante. Pedí explicaciones. Nunca llegaron. Solo “órdenes de arriba”.

Quitarle la firma a un periodista no es un descuido. Es borrar su identidad, su trayectoria, su responsabilidad autoral. Es una forma de censura silenciosa. El medio seguía publicando mi trabajo, pero yo desaparecía del texto.

La incertidumbre se volvió rutina. Nadie aclaraba nada. Nadie asumía la decisión. Esa ambigüedad también es violencia: laboral, psicológica, institucional. Dejé de enviar notas. No estaba dispuesto a seguir produciendo contenido para un medio que se beneficiaba de mi trabajo mientras me negaba el derecho más básico: existir como autor.

A la censura se sumaban condiciones laborales precarias: años sin seguridad social, sin prestaciones, sin aumentos salariales. Junto con otros compañeros decidimos organizarnos y exigir lo que marca la ley. No pedíamos privilegios, pedíamos derechos. Se abrió una mesa de diálogo. Promesas. Nada más.

Mientras nuestras exigencias eran ignoradas, los dueños del medio asistían al Festival Gabo. En medio de esa contradicción, anunciamos una huelga interna. La respuesta fue inmediata: despido.

Tras asesorarnos legalmente y por necesidad económica, aceptamos una liquidación. Fue el cierre abrupto de una etapa marcada por la censura y la precarización.

Pensé que había sido una excepción. No lo fue.

El costo de no callar

Años después, como coordinador web en 24 Horas Yucatán, la historia se repitió con mayor crudeza. El dueño del medio me citó. Me mostró en su celular una publicación que había hecho en mis redes personales, crítica hacia el Ayuntamiento de Mérida. Me dijo, sin rodeos, que esa publicación había molestado a autoridades municipales. Me preguntó si de verdad estaba a gusto trabajando ahí.

Defendí algo elemental: mi derecho a la libertad de expresión. Mis opiniones no se emitían desde el medio, sino desde mis plataformas personales. No importó. A partir de ese momento comenzó el hostigamiento: cuestionamientos constantes, desgaste laboral, violencia psicológica. Se me levantó un acta administrativa injustificada. Fui amenazado con abogados. Se me dejó claro que mi permanencia estaba condicionada al silencio.

La confirmación llegó en una segunda llamada telefónica. Ya no había rodeos.

“No son mis intereses. Afectan a los intereses de la compañía para la que usted trabaja”, me dijo.
El problema no era el contenido, sino el daño al negocio.

Insistió en que no estaba “afectando” al periódico, pero de inmediato añadió: “lo tengo que comprobar”. Para eso —explicó— necesitaba “sentarse con los abogados”.

Las palabras abogados, pruebas y actas administrativas comenzaron a repetirse como un libreto.

Aquí pueden escuchar el audio íntegro de la llamada

“Aquí estoy viendo actas administrativas que le están levantando”, dijo.
“Hay varias fechas: una, dos, tres, cuatro, cinco”.

Nunca antes se me había notificado formalmente ninguna falta. Sin embargo, en esa llamada, las actas ya existían. El procedimiento avanzaba sin mí.

Cuando intenté llevar la conversación al terreno legal, fue aún más explícito:

“Lo que marca la ley no se lo puedo entregar porque está afectando a la empresa”.

La ley quedaba subordinada al interés corporativo.

“Cuando uno entra a un periódico firma confidencialidades por ley”, agregó.
Mis redes personales eran tratadas como una extensión del medio; mi voz, como una falta contractual.

El ultimátum:

“Usted no puede ya trabajar conmigo si va a usar sus redes contra la empresa”.

Aun así, insistió en negar cualquier forma de censura:

“Yo no limito su libertad de expresión”, dijo.
“Pero no trabajando y afectando a un medio de comunicación”.

La contradicción era evidente: podía expresarme, siempre y cuando callara.

El cierre fue administrativo, frío, calculado:

“Yo le hago una propuesta y si no está de acuerdo procederemos como indique el abogado”.
“Si los abogados dicen adelante, firmamos finiquito y listo”.

REFUGIO Y CONCLUSIÓN

Al final, tras recibir asesoría, me vi obligado a llegar a una estrategia legal mediante consignación y arbitraje. En ese proceso, a través del conciliador, se planteó una cantidad que acepté. Sin embargo, la parte legal del medio decidió no asumirla. Fue entonces cuando, después de la asesoría de mi abogada, se procedió a interponer una denuncia. Sólo entonces la empresa aceptó pagar la cantidad que inicialmente había ofrecido en conciliación y arbitraje.

Todo este proceso legal, atravesado por censuras, dejó secuelas profundas: psicológicas, corporales, mentales. Me alejé del periodismo como práctica cotidiana porque ya no podía comprender ni sostenerme dentro de ese entorno. Una vez más, me sentí amenazado. Y no es menor que esto ocurra en Yucatán, un estado donde, además de la censura, se registran algunas de las tasas más altas de suicidio del país, según los datos más recientes del INEGI. Nada de esto es aislado.

La violencia no es sólo física. Es psicológica, laboral, estructural. Y se ejerce, sobre todo, contra la clase trabajadora del periodismo, quienes somos la base de la información que circula en los medios. Estas violencias surgen cuando se intenta ejercer un periodismo comprometido con la verdad, con las y los lectores, con los derechos humanos y con la responsabilidad ética que el oficio exige.

Escrito este texto para dejar constancia. Para nombrar. Para no olvidar. En Yucatán existen estas violencias. Se ejercen contra la libertad de expresión, contra las y los periodistas que sostienen la información pública. Muchos callan: por complacencia, por dinero, por cercanía con el poder, por una fotografía con el político en turno. Quienes intentan ejercer un periodismo crítico son silenciados mediante estrategias legales, empresariales y corporativas, en alianza con el poder político.

Sin embargo, no todo está perdido. Hay periodistas que seguimos ejerciendo un periodismo crítico, independiente, incómodo, comprometido con los derechos humanos. Es ahí donde debemos poner mayor atención.

Así opera la censura contemporánea: no con órdenes escritas, sino con llamadas, abogados, actas retroactivas y acuerdos condicionados. No te dicen “no escribas”. Te dicen cuánto cuesta seguir escribiendo.

Estos casos no son aislados. Forman parte de una estructura donde autoridades y medios se retroalimentan. Donde el poder controla el discurso y castiga a quien se sale del guion. Así se sostiene la narrativa de un Yucatán seguro: invisibilizando conflictos, silenciando voces, precarizando al periodismo.

Las secuelas son reales. El cuerpo lo resiente. La mente también.

Encontré refugio en otros espacios, en otras formas de habitar la escritura: en la poesía, en el ensayo, en los textos de protesta. Ahí pude desahogarme, decir lo que ya no encontraba lugar dentro del periodismo. Durante un tiempo, dejé de reconocerme como parte de ese oficio.

Sin embargo, esos textos —que funcionaron como catarsis y como ejercicio de memoria— también me permitieron reencontrarme con el periodismo que sí quiero ejercer. Un periodismo que no se construya desde la violencia, sino desde espacios donde sea posible el acuerdo, la ternura, la conciliación, el trabajo en equipo y la colectividad; espacios donde se respeten los derechos humanos y la dignidad de quienes ejercen el oficio.

Desde ahí, la libertad de expresión no es sólo una consigna, sino una exigencia cotidiana: mejores condiciones laborales para las y los reporteros, garantías reales para ejercer el periodismo y un compromiso ético que sostenga el trabajo informativo. No se trata de ganar premios, reconocimientos ni de alimentar egos individuales, sino de construir, en colectivo, un periodismo con enfoque en derechos humanos, consciente y responsable.

Un periodismo capaz de cuestionar cualquier forma de poder, pero también de narrar lo bello. Porque ese equilibrio es necesario. Porque hay que seguir incomodando, denunciando, indignándose; pero también escribir desde la ternura, desde la rabia, desde la memoria y desde las múltiples formas que ofrece la escritura para resistir.

Escribir es resistir.
La memoria también es una forma de justicia.