Pueblo maya denuncia criminalización por minería del Tren Maya en Umán
La Fiscalía de Yucatán cita a integrantes del pueblo maya que se oponen a un banco de explotación vinculado al Tren Maya
El pueblo maya de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, Yucatán, enfrenta un proceso de criminalización por su oposición a un banco de extracción de materiales vinculado al Tren Maya.
Este proyecto, que ha generado impactos sociales y ambientales, se desarrolla bajo señalamientos de omisiones legales y actos de hostigamiento contra la comunidad; así lo dio a conocer la agrupación Utsil Kuxtal Centro de Derechos Humanos.
Banco de materiales y autorización irregular de Semarnat
De acuerdo con el boletín de la organización, el banco de materiales cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Semarnat en Yucatán, promovida por la empresa Asesoría PROSER S.A. de C.V.. En el documento se establecía que no se usarían explosivos; sin embargo, los pobladores denuncian que la empresa incumplió y que la autorización se obtuvo sin el consentimiento ejidal real.
La MIA permite la explotación en una superficie de 164,270.10 m², incluyendo extracción en estrato húmedo y zonas de amortiguamiento. El presupuesto fue de ocho millones de pesos, pero solo 800 mil se destinaron a medidas de mitigación.
Explosivos y daños a viviendas en Yucatán
En 2022, la SEDENA revocó el permiso de explosivos tras comprobar que la empresa realizó detonaciones con dinamita a menos de 100 metros de las viviendas, provocando daños estructurales. Pese a ello, en 2024, el banco reanudó operaciones bajo la administración del Grupo Zamudio, con un nuevo permiso para el uso de explosivos.
Esto reactivó el conflicto con los habitantes, quienes denuncian afectaciones a la salud, al suelo y a las viviendas.
“La utilización de explosivos en el pueblo y la afectación a las viviendas y a la salud de los habitantes de Xcucul, les ha llevado a organizarse para denunciar pública y legalmente a las empresas que, violando las disposiciones legales, han afectado la vida de la comunidad. Con motivo de las denuncias se han determinado clausuras por parte de la PROFEPA, la SDS e inspecciones de la Secretaría de la Defensa Nacional”, sentencia Utsil Kuxtal .
Hostigamiento y citatorios de la Fiscalía de Yucatán
Tras organizarse y denunciar públicamente, el pueblo maya recibió citatorios de la Fiscalía General de Yucatán, emitidos por la Unidad de Investigación y Litigación de Umán. Los documentos no especifican quién denuncia ni cuál es el delito, lo que evidencia un patrón de criminalización contra defensores del territorio.
Expertos y organismos internacionales, como la Relatora de la ONU Mary Lawlor, han señalado la preocupante tendencia en México de perseguir a defensores indígenas que luchan por los derechos humanos y ambientales.
Profepa clausura el banco de materiales en Umán
El 7 de agosto, la Profepa en Yucatán anunció la clausura total temporal del predio ubicado en Umán, tras detectar cambio de uso de suelo forestal sin autorización de la Semarnat. Se aseguraron maquinaria y trituradoras, confirmando que las operaciones eran irregulares.
En el sitio se constató la deforestación de 17 hectáreas y la explotación de material pétreo sin permisos. La Profepa aseguró equipo como tractores, camiones y un tanque cisterna de 40 mil litros, reforzando la necesidad de proteger los ecosistemas forestales de Yucatán.
Un modelo extractivo que amenaza la península de Yucatán
El caso de Xcucul Sur es un reflejo del modelo extractivo en la península de Yucatán, donde empresas mineras y constructoras obtienen permisos para deforestar y explotar el subsuelo kárstico, con el argumento del desarrollo de megaproyectos como el Tren Maya.
Este modelo provoca deterioro ambiental, pérdida del acuífero, daños a la salud, conflictos sociales y despojo de tierras indígenas, consolidando un escenario de vulneración a los derechos colectivos.
