El dilema de la comida en las escuelas: entre la regulación y la desigualdad

Por Abraham Bote Tun

Regulación alimentaria en escuelas: necesaria, pero sin clasismo

Estoy completamente de acuerdo en que las escuelas deben regular la venta de productos ultraprocesados como refrescos embotellados, galletas llenas de químicos y otros alimentos altamente dañinos para la salud.

Es un avance necesario, sobre todo para las infancias, ya que estas grandes corporaciones no tienen ningún interés en el bienestar de la población, solo en sus ganancias. Sin embargo, lo que me molesta es la actitud de algunas personas que, desde su privilegio, critican a quienes no siguen una “alimentación saludable” sin entender la realidad en la que viven muchas familias.

El acceso a una alimentación saludable es un privilegio

Ir al gimnasio, seguir una dieta balanceada, comprar productos orgánicos y salir a correr al amanecer no es una opción para todos. Hay quienes trabajan jornadas agotadoras, con sueldos bajos y sin tiempo para planear una alimentación “ideal”. Para muchas personas, la única opción es comprar lo que tienen al alcance: lo más barato, lo más rápido. No porque no les importe su salud, sino porque la precariedad y la desigualdad no les dejan otra alternativa.

Esta situación se agrava con la desaparición de los vendedores ambulantes de comida en las escuelas. Hace algunos años, era común ver a comerciantes ofreciendo frutas frescas como mango, jícama, mandarina y plátano con chile y limón. También había chicharrones, bolis y otros antojitos que, más allá de su valor nutricional, representaban una fuente de ingreso para muchas familias. Sin embargo, estos productos fueron prohibidos bajo la justificación de combatir la comida chatarra.

Si bien algunas personas consumían chicharrones y dulces, también había opciones naturales de frutas. La medida, aunque busca reducir los índices de obesidad infantil, plantea un dilema: mientras los pequeños comerciantes han sido desplazados, dentro de las escuelas continuaron vendiéndose productos de grandes empresas que contienen ingredientes altamente dañinos para la salud, como refrescos azucarados y frituras industrializadas.

Esta contradicción evidencia que el problema no solo radica en los productos prohibidos, sino en quiénes tienen el control del mercado alimentario.

El clasismo disfrazado de “consejos saludables”

Este debate me recuerda a la escena de Parásitos, donde la mujer rica dice que la lluvia fue hermosa, mientras su chofer sufrió la inundación de su casa y la pérdida de todas sus pertenencias. Lo mismo pasa con quienes, desde su estabilidad económica, dan lecciones sobre alimentación sin considerar que no todos tienen las mismas oportunidades.

Decir “si yo puedo, tú también puedes” ignora las realidades de quienes viven al día, de quienes salen de casa antes del amanecer y regresan cuando el sol ya se ha ocultado, sin tiempo ni dinero para una alimentación perfecta.

El acceso a una alimentación saludable no es una cuestión de elección personal, sino de condiciones económicas y sociales. Para muchas familias de escasos recursos, comprar frutas y verduras frescas no es una opción viable.

Más allá de la prohibición: soluciones necesarias

Regular la venta de comida chatarra dentro de las escuelas es un paso positivo, pero no puede ser la única medida. Es fundamental que las políticas públicas garanticen salarios dignos, jornadas laborales justas y acceso real a alimentos saludables a precios accesibles. No se trata solo de prohibir, sino de ofrecer alternativas reales y equitativas para todas las familias.

El debate sobre la alimentación en las escuelas debe ir más allá de la satanización de ciertos productos o vendedores ambulantes. Es una conversación sobre desigualdad, sobre el derecho a una alimentación digna y sobre la necesidad de construir una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a una dieta saludable y balanceada.