Las repercusiones del Modelo Miguel Hidalgo en el personal de enfermería de Mérida

Por: Mateo Peraza. – X: @Mateo7PV

Fotos: Joel Espadas

Dos enfermeros del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de Mérida, Yucatán, con más de diez años de trayectoria, revelan una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas contra ellos y los pacientes: propagación de tuberculosis y hepatitis A, enfermedades derivadas de la falta de sanidad, agresiones que han provocado daños físicos irreparables en los enfermeros, hacinamiento, pabellones sin ventilación, usuarios muertos por golpes de calor y neumonía, así como varios casos de acoso sexual y laboral. 

Mario, de 34 años, ha laborado 10 años en la institución y todavía se mantiene bajo contrato por una serie de atropellos en contra de él y otros de sus compañeros con más antigüedad. Sentado en una banca, habla sobre las irregularidades de la Institución encargada de atender las enfermedades mentales de una ciudad con casi un millón de habitantes, y de las problemáticas que deben sortear él y el personal de enfermería: acoso laboral y sexual por parte de los encargados, propagación de enfermedades como tuberculosis y hepatitis A, pacientes con ataques psicóticos —o intoxicados con sustancia ilícitas— que agreden a los enfermeros.

La falta de atención al Cisame ha provocado que en el último año, en un pabellón para 12 camas pero en donde se encuentran hacinadas más de veinte personas, los pacientes mueran de golpes de calor en una entidad que rebasa los 40 grados en verano. En el techo gira un solo ventilador, si es que funciona. El sufrimiento de los pacientes es el mismo que padece el personal de enfermería. “Últimamente el hospital es horrible. Antes teníamos protección, ahora no. Los pacientes viven hacinados y mueren por las altas temperaturas. Lo han estado encubriendo”, dice el enfermero.

Para Mario, quien equilibra sus jornadas de 12 horas con otro trabajo —detalla que los enfermeros por contrato solo cobran 3,400 pesos a la quincena— los cambios en el Cisame empezaron en 2015, con la llegada del Modelo Miguel Hidalgo impulsado por Virginia González Torres, ex titular del Consejo Nacional de Salud Mental. “El Cisame lleva años viniéndose abajo, pero todo empeoró con la llegada de esta persona (Virginia González)”, sostiene. “Sería genial que pudieras entrar para ver lo deteriorado que está. Los baños del personal no tienen agua ni luz. Hace poco una compañera se cayó y se fracturó un dedo. Hay un desabasto muy grave de medicamentos”.

El Modelo Miguel Hidalgo pretendía mejorar la autonomía de los usuarios y, paulatinamente, reinsertarlos en la sociedad, así como transitar a un modelo de salud más comunitario que privilegiara la asistencia a centros de salud no especializados. Una idea que terminó trunca: en Mérida, según los testimonios, este modelo no terminó de desarrollarse y los enfermeros no cuentan con la garantía de que se respetarán sus derechos humanos. 

El proyecto tuvo cierta continuidad con la reforma a la Ley General de Salud del 2022, que retomó algunos de sus principios. El titular de Salud federal, Jorge Alcocer, declaró que se buscaba una transición hacia un modelo comunitario en el que los servicios de psiquiatría también estuvieran en hospitales generales, regionales e institutos nacionales de salud. Que una sola instancia diseñaría la política de salud mental. Esto se consignó en el número 2394 de la Revista Proceso. 

 “Con el Modelo Hidalgo se permitió que los pacientes fumen tabaco y mariguana, que tengan relaciones sexuales dentro de la institución y beban hasta cinco litros de refresco al día, aunque tengan diabetes. Virginia González Torres les dejaba salir al cine cuando el paciente estaba psicótico, muchas veces agredieron a gente de fuera. Desde entonces no ha cambiado”, dice Manuela Eloísa Dyudone León Pérez, de 35 años de edad y quien desde hace 14 años trabaja como enfermera en el Cisame.

“Era un ‘viva México’. Veías pacientes con dos coca-colas, una en cada mano. Entraban con cigarros al área hospitalaria. Fue una gran idea con un pésimo manejo”, agrega Mario. “Quizá funciona en donde lo iniciaron, es decir, países de primer mundo”.

Es clave ampliar, desde una mirada crítica, las denuncias expuestas por el personal de enfermería. El Modelo Miguel Hidalgo, al darle libertades a los pacientes y evitando la coerción, apostaba direccionar la atención hacia una ruta global en la reformulación de la calidad del servicio de las instituciones psiquiátricas, con el objetivo de proteger los derechos de las personas con trastornos mentales, aspecto que se basa en estándares internacionales vinculantes, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con un informe de la organización Documenta, titulado ¿Por razón necesaria? (2020), el Modelo Hidalgo fracasó y continuó operando bajo una lógica que limita la capacidad jurídica de las personas que deberían ser beneficiarias de los servicios, y los deja en una posición vulnerable. Por lo comentado por las fuentes, también dejó en una posición vulnerable al personal de enfermería. Mario y Manuela consideran que el Modelo Hidalgo ha expuesto su seguridad y la de los usuarios dentro de la Institución por una mala implementación y por no tener en cuenta las particularidades de cada institución psiquiátrica.

Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención a la Tortura en Documenta, uno de los autores de la investigación, refuerza esta idea:

“Luego del Modelo Hidalgo no veo evidencia de que haya habido un cambio en las políticas y en los resultados sobre la atención a la salud mental. Si con el cambio de modelo no hay un cambio en cómo asignan las partidas presupuestarias, si no se apuesta a la prevención, pues no habrá grandes diferencias. Fue una una apuesta que no se aplicó igual en todos los estados, no ha sido coordinada, ni se le dio mucho seguimiento”.

Acoso laboral y sexual contra el personal 

Además de enfrentarse a las condiciones impuestas por un modelo que no ha tomado en cuenta al personal de psiquiatría, el primer contacto  de atención a las enfermedades mentales, Manuela y Mario lidian con el acoso laboral del jefe de enfermeros, José Antonio Puch Loeza, cuyas acciones han denunciado en instancias públicas y medios de comunicación desde hace nueve años, sin lograr ningún efecto. Mario cuenta: 

“En 2015 José Antonio brincó a muchos trabajadores con antigüedad y le dio bases a su gente de confianza. Contratamos a un abogado e hicimos una denuncia colectiva, pero no se llegó a nada. Él se fue un tiempo del psiquiátrico. Cuando volvió en 2019 amenazó con despedirme por aquella denuncia. Él le da puestos a sus allegados por favores sexuales. Y es algo sabido, lo denunciaron enfermeros y pasantes. Hay prueba de que da bases por favores sexuales y también de quienes han interpuesto denuncias por acoso sexual y laboral”.

En 2022, Mario subió un video a Facebook en donde confronta al jefe de enfermeros al interior de su oficina, momento en el que amenaza con despedirlo. Poco después supo que era un acto generalizado: varias personas habían pasado por lo mismo; José Antonio los presionaba para que respaldaran sus decisiones políticas o para que cedieran a sus insinuaciones —sobre este punto, las evidencias a las que Mario alude son una serie de notas en medios de comunicación publicadas en los últimos dos años—. 

Al principio, más de cien integrantes del Cisame se aliaron con el objetivo de quitarlo del puesto, pero, ante las amenazas, desistieron. Sólo Mario, Manuela y un compañero más tomaron la decisión de proceder. Cuenta Manuela: 

“Pese a la denuncia, José Antonio sigue amenazando y quitando derechos a los compañeros. A mí me amenazó cuando no quise apoyar a un candidato. Dijo que iba a hacer que me reubiquen. Con varias personas sucedió lo mismo, algunos perdieron su trabajo. Decidí ir a la Fiscalía y a Función Pública. Luego fueron más personas. Aunque sigue acosando, las denuncias no proceden porque está protegido por el secretario estatal, que se llama Jervis García. Incluso tuvo mucha repercusión el caso de un pasante que estuvo ahí hace dos años, que lo demandó. Esta persona le ofreció una base a cambio de sexo. Hasta ese grado ha llegado y sigue ahí. Cuando la Fiscalía le prohibió que se me acerque físicamente, me hablaba por teléfono, me seguía amenazando”.

José Antonio ha violado sistemáticamente lo que está dispuesto en el Código de Conducta para servidores públicos del Estado Yucatán, entre cuyos lineamientos, los cuales son firmados por los servidores públicos, estipula que se deben seguir los valores de cooperación, equidad, respeto, responsabilidad y transparencia, todo ello en favor de un “clima laboral digno”.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 Bis, el hostigamiento o acoso laboral se define como “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas físicas, verbales o ambas; en tanto, se define el acoso sexual como “una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. Ambas son consideradas violaciones a los derechos humanos que deben de ser prevenidas y erradicadas. 

En el Cisame hay tuberculosis, pediculosis, hepatitis A, desabasto de medicamentos y muertes por neumonía y golpe de calor 

La falta de zonas de aislamiento en la Institución de salud mental más importante del estado de Yucatán, atravesada por varios niveles de negligencia, ha provocado la propagación de enfermedades en el personal de enfermería y los usuarios. En 2024 se detectó un brote de tuberculosis y otro de hepatitis A. Además, las condiciones de los pabellones, que no cuentan con una ventilación adecuada, han provocado muertes por golpes de calor (un trastorno en el funcionamiento del cuerpo por estar sometido a altas temperaturas) y neumonía. 

“Tenemos pacientes con tuberculosis activa, sarna, y pediculosis. Cerca de diez pacientes han muerto por neumonía este año. ¿Por qué? Porque no tenemos los medicamentos. Y ahora mueren con los golpes de calor, por deshidratación, porque solo tienen un ventilador de techo. Están encerrados, no consumen agua suficiente porque están sedados y no son capaces de pedir agua. No hay sábanas para los colchones, que son de plástico. Cuando mueren no lo dan a conocer, no sale publicado en ningún lado. Aparte por el desabasto de medicinas, por la falta de continuidad, los pacientes recaen,” relata Manuela. 

Según el testimonio de  enfermeros, el desabasto inició en 2019 junto con otro tipo de carencias. Ellos no cuentan con el equipo indispensable para dar atención: batas, gorros, guantes, cubrebocas. Los directivos les piden que ellos adquieran el material que, por obligación, deberían suministrarles.

Mario precisa que el brote de tuberculosis también infectó a personal de enfermería con hipertensión y diabetes, el más vulnerable. La propagación de enfermedades bacterianas y virales son comunes en el Cisame por el hacinamiento. La única medida es pedirle al usuario infectado que se mantenga en un rincón. Dice:”Eel año pasado hubo un brote de hepatitis A que vino desde la cocina. Los mismos cocineros se enfermaron de hepatitis. No hay un buen manejo de los alimentos. He visto gatos y ratones dentro de la cocina”.

Tras una solicitud de información remitida al Cisame acerca de los casos de muertes por neumonía y golpe de calor al interior del hospital, la institución respondió que “el Cisame es una unidad ambulatoria de primer nivel que ofrece consulta externa, por eso no cuenta con servicios de hospitalización, internamiento o atención de urgencias, lo que condiciona que no haya ocurrido ningún fallecimiento”. En cuanto a los contagios de sarna, pediculosis, hepatitis A y tuberculosis, el Cisame respondió: “ (…) no se identifican casos como los que se solicitan en el periodo mencionado, las personas usuarias y prestadoras de servicio de salud no han presentado síntomas ni hay casos de contagio de los mismos”.

Falta un modelo de atención que contemple la protección del personal y los usuarios

Manuela recuerda a un ex compañero que perdió la vista en un ojo luego del ataque de un paciente en estado psicótico al cual le impidieron contener. Eso pasó hace cuatro meses. También narra el caso de una compañera que tuvo una fractura de dedos tras el ataque de un paciente. 

“El compañero le reportó a la directora, Maritza Rosaldo, que el paciente estaba muy agresivo, que debían sujetarlo porque lastimó a otros usuarios. Ella dijo que no, que lo dejaran así hasta que se calmara. El compañero sufrió el golpe, perdió la vista y no regresó. Y hace un año a una compañera le fracturaron los dedos mientras atendía a un usuario. La incapacitaron”. 

Con la llegada del Modelo Hidalgo se impusieron nuevas normativas sobre los protocolos de contención del Cisame con la intención de proteger a los usuarios y prevenir violaciones a los derechos humanos. Antes, los enfermeros podían detenerlos físicamente si estaban agrediendo al personal u otros usuarios; además, contaban con celosías, una barrera que permitía observar a los usuarios y determinar si estaban alterados y cómo proceder. 

Mario explica que la contención mecánica consiste en amarrar al usuario con vendas y apósitos e ir por el médico encargado para que escriba una nota de contención o suministre un medicamento para tranquilizarlo. La normatividad dicta que solo pueden mantenerlo detenido por 120 minutos. 

“Los médicos tardan en llegar y solo te dicen “contención mecánica”, pero no le suministran nada. El paciente, luego de las dos horas, sigue alterado y ataca al personal y otros usuarios. Liberarlo sin haberlo tratado ha generado accidentes. Nos dan en la torre”, dice Mario. 

Manuela agrega: 

“Antes podíamos sujetarlos por decisión de enfermería. Porque hay algunos que se cortan, se quieren ahorcar o agredir al personal o a otro usuario. Las nuevas indicaciones dicen que no podemos sujetarlos hasta que llegue el médico, pero en ocasiones le avisas al médico y, si está ocupado o no fue o no está, tardan hasta una hora. Y cuando llegan el paciente ya hizo y deshizo. No se le puede tocar. Hay pacientes que por lo mismo se escapan, porque nos dijeron que no podemos tenerlos en contra de su voluntad. Entonces los encuentran en la calle haciendo disturbios. La policía los vuelve a llevar”.

En cuanto a las violaciones cometidas por parte del personal a los usuarios, una solicitud de información remitida a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reveló que de 2017 a 2022 sólo se han iniciado dos quejas en contra del personal del Cisame, presentadas en 2019 y 2021. 

“Los protocolos vulneran al usuario y al personal”, dice Manuela. “Si están mal, los pacientes agreden hasta a su propia familia.  Hay que cuidar tanto al usuario como al personal. Pero no existe ese respaldo para el personal, no podemos detenerlos ni aplicarles medicamentos para tranquilizarlos”.

El especialista Ángel María Salvador Ferrer considera que, con el Modelo Hidalgo, el problema no es dar libertad —un camino que siguen los modelos más modernos de atención— sino la falta de acompañamiento a los pacientes. Precisa que estudios comparados de modelos no coercitivos muestran que han habido avances importantes en este sentido en otros hospitales. La investigación Alternatives to Coercion in Mental Health Settings: A Literature Review, realizado por Piers Gooding, Bernadette McSherry, Cath Roper, Flick Grey, dice que frenar la coerción en la atención psiquiátrica es un proyecto a nivel internacional y en sintonía con los solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una de sus resoluciones sobre salud mental, en donde pide a los países «abandonar todas las prácticas que no respeten los derechos y preferencias de todas las personas”, y que proporcionen  condiciones para brindar servicios para la salud mental “sobre la base del consentimiento libre e informado”. 

Otro estudio, titulado “Estrategias para acabar por el aislamiento y la contención”, encabezado por la Organización Mundial de la Salud, propone acciones para erradicar la violencia al interior de instituciones como el Cisame y aboga por acabar con estos mecaánismos, dado que son violatorios a los derechos humanos de los usuarios. Reza el documento publicado en 2022: 

“El uso del aislamiento y de la contención no es terapéutico; es incompatible con un abordaje basado en la recuperación y es contrario al objetivo de la atención a la salud. Además, adoptar un abordaje basado en la recuperación y respetar las decisiones de las personas con respecto a su atención, tratamiento, acompañamiento y demás aspectos de su vida reduce el potencial de que se produzcan situaciones de tensión y de conflicto”.

Lo anterior se redondea con lo estipulado en la Ley de Salud Mental del estado de Yucatán, reformada por última vez en 2019 y cuyo Artículo 7 señala que debe respetarse la dignidad humana, la singularidad, la autonomía, de los usuarios, así como considerar los vínculos familiares y sociales al encontrarse en proceso de atención; y se les debe de brindar la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades. 

“El Cisame se volvió un centro de privación de la libertad para personas con uso problemático de sustancias”

Una buena parte de las personas que llegan cada semana al Cisame ingresan por intoxicación por cristal e inhalantes, por brotes psicóticos derivados del consumo de sustancias ilícitas. Mario dice que esto forma parte de uno de los tantos problemas que provocan hacinamiento en la Institución, pues se trata de pacientes que no reciben charlas, ni son canalizados a espacios de rehabilitación, y siempre terminan volviendo por la misma problemática. Enfatiza que no existe ningún nivel de prevención o charlas posteriores para tratar las adicciones. 

Lo mismo, apunta, sucede con los “procesados”, es decir, gente privada de libertad que remiten al psiquiátrico para tratamiento. La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) no concluye los trámites para regresarlos al Centro de Reinserción Social de Yucatán y pueden pasar años hasta que los finalice. La mayor parte de las personas privadas de libertad ingresan por uso problemático de sustancias, ataques psicóticos e intentos de suicidio. Entre agudos y crónicos, actualmente hay cerca de 80 usuarios asilados. Los límites entre las enfermedades mentales y las adicciones siguen siendo ambiguos en términos de políticas públicas. 

“En el 2013, cuando entré a trabajar, no podíamos recibir personas intoxicadas, debíamos mandarlas al Hospital General Agustín O´Horan u otro. Ya no fue válido a partir del dos mil quince y empezaron a aceptar todas las sustancias. Hasta ahora el hospital psiquiátrico ya es más un anexo que un mismo hospital. Lo que se está atendiendo, principalmente, son brotes psicóticos por consumo de cristal”, dice Mario. 

A través de una solicitud de Transparencia, el Cisame reportó que durante 2022, 2023 y 2024 las enfermedades que más se han diagnosticado son trastornos de ánimo y afectivos; y trastornos neuróticos, de estrés y somatomorfos. En el caso de los trastornos por consumo de psicotrópicos, sólo se registraron 18 casos en el 2022, 10 en 2023 y 8 en 2024. 

Sin embargo, Mario apunta que los casos de intoxicación se encuentran distribuidos en otros diagnósticos como en esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, que suman 630 casos en los últimos tres años. 

“A los pacientes intoxicados por drogas ya no los meten por ´trastorno múltiple de comportamiento´ sino por esquizofrenia. Es así porque el consumo problemático de sustancias ilícitas deriva en enfermedades mentales. Lo mismo pasa con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos neuróticos: son principalmente por consumo de drogas y alcohol”, dice Mario. 

Aunque mantiene rasgos del Modelo Hidalgo, Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta, considera que la reforma a la Ley General de Salud es vanguardista, progresista y respeta la capacidad jurídica de los usuarios de los centros de salud mental, algo que históricamente se les ha negado, ya que los “derechos de las personas están en el centro”.

En un comunicado firmado por Documenta y otras organizaciones se reconoce que es un avance propositivo en materia de salud mental y uso problemático de sustancias, conceptos vinculados en los tratamientos psiquiátricos, y podría enmendar décadas de discriminación hacia los pacientes. Además, enfatizan que esta reforma demuestra la necesidad de que la prevención y el tratamiento del uso problemático de sustancias esté a cargo de la rectoría de la Secretaría de Salud, y reafirman una exigencia: que la campaña de comunicación de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones sea retornada a manos de dicha entidad institucional 

Cuando le pregunto a Mario si quiere que ponga su nombre en el texto, dice que sí, pues a estas alturas la única forma para que las cosas cambien es exhibiendo la realidad de la institución. “Me siento bastante frustrado porque las denuncias y los señalamientos no han tenido efecto. Esto no es ninguna mentira y quiero que se sepa la verdad. Entiendo que mucha gente tiene miedo de hablar, en especial por el jefe de enfermeros”, dice. 

Manuela, por su parte, se siente desprotegida por parte de la directiva del psiquiátrico, pero coincide en que apuntar los problemas es la única vía para transformar la situación actual. “Quizá, con esto, más compañeros estén dispuestos a hablar, y las autoridades tomen en serio los peligros a los que se enfrenta el personal de enfermería”..  

Esta investigación que fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de la organización Documenta. El contenido de este reportaje es responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta.