Exposición de niña desparecida, una “mezcla toxica” de sexismo, estereotipos de género y prejuicios estigmatizantes: REDIM
REDIM condena criminalización de niña desaparecida en Yucatán
Autoridades deben investigar a responsables de su desaparición
“Sería positivo” que pidan disculpas a la niña y su familia
Por Abraham Bote Tun/foto portada: Priscila Pereyra
La imagen de la niña de 14 años, quien fue reportada como desaparecida en Yucatán, fue exhibida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como una criminal: Posando de frente, junto a dos oficiales de la Policía Estatal de investigación (PEI). Como si hubieran detenido a un delincuente.
Las autoridades de Yucatán y los medios de comunicación violaron los derechos humanos de una niña desaparecida; no solo cometieron varias irregularidades durante el proceso de investigación, desde el momento que fue reportada como desaparecida el 3 de abril; además, expusieron su imagen, la criminalizaron, revictimizaron.
Se trató de una “mezcla toxica” de adultocentrismo, sexismo, estereotipos de género, prejuicios estigmatizantes y otras violencias en contra de las adolescente, sentenció Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Reconoció que este caso debe usarse como ejemplo de cómo no usar este tipo de imágenes para informar un hecho y una cobertura periodística.
Carmen Maribel Valle Ek, representante legal de la familia, reveló que desde el día que pusieron su denuncia ante la Fiscalía General de Yucatán (FGE), dieron a conocer diversos números telefónicos, con los cuales la niña había tenido contacto, uno de ellos era de Cancún, sin embargo, la dependencia se negó a activar un protocolo de geolocalización, para verificar que estuviera en este lugar, a pesar de que así lo marca el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La abogada detalló que este protocolo establece que, durante las 24 horas, luego de que una persona es reportada como desaparecida, las autoridades deben emprender una serie de investigaciones sobre los indicios del hecho, búsqueda de testimonios, evidencias en videocámaras, la geolocalización y demás acciones para conocer el paradero.
Así como mandar oficios al Instituto Nacional de Migración (INM), para saber si la intentaron sacar del país, y al tercer día salir a buscarla, no obstante, la autoridad no hizo nada. Se excusaron argumentando que “no tienen presupuesto”.
Asimismo, aunque no hicieron su labor de investigación, sí hubo una filtración de la carpeta de información en varios medios locales; generando así una desinformación y discursos de odio en contra de la niña.
Fue luego de una protesta, casi un mes después de que la niña fue reportada como desaparecida, que las autoridades de Yucatán decidieron activar la geolocalización y emprender su búsqueda, algo que debieron hacer desde el inicio.
Familiares de la víctima y agrupaciones civiles que defienden los derechos de las infancias piden a las autoridades una disculpa, así como una reparación del daño, capacitación en derechos humanos y garantías de no repetición, para que ninguna niña, niño pase por lo mismo otra vez.
La Red por los Derechos de la Infancia en México condenó esta criminalización y revictimización que sufrió Frida; la agrupación afirmó este tipo de acciones sólo estigmatizan a las infancias y adolescencias.
Además, sugirió a las autoridades yucatecas una reparación del daño, garantías de no repetición, unas disculpas públicas a la familia por estas vulneraciones y más capacitación a sus dependencias.
Los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por México, señala que los medios de comunicación no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.
Asimismo, debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien, o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños o adolescentes.
“La exposición o la sobreexposición de estas imágenes y estos tratamientos es absolutamente contraproducente, contrario a sus derechos y podría ser incluso meritorio de algún tipo de sanción, se está revictimizando la niña”, indicó Tania Ramírez.
De acuerdo con la entrevistada, una de las hipótesis de búsqueda, cuando se habla de niñez o adolescencia desaparecida, es que pueden estar siendo víctimas de algún delito o de alguna violación a sus derechos, que está establecido dentro del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA).
Es decir, explicó, no se puede presumir la ausencia voluntaria porque hay que partir de la hipótesis de que no hay niño, niña o adolescente que voluntariamente se quiera ir de su casa.
“Hay condiciones de expulsión, de violencia o posibles delitos como la trata de personas, el reclutamiento que pueden estar sucediendo”, subrayó.
El PABNNA señala que no se puede presumir ausencia voluntaria para evitar prejuicios, estereotipos o discursos de odio en contra de las personas desaparecidas, por ejemplo “se fue con el novio” “de seguro tiene un galán”.
“Para que la autoridad no caiga en la tentación de tener sesgos conscientes o inconscientes respecto de su obligación de buscarles rápido. La autoridad debe buscar con celeridad”; manifestó.
Tania Ramírez añade: no puede esperar un solo día para que este tipo de prejuicios no actúen en detrimento de una búsqueda inmediata y oportuna.
La investigadora indicó que, si bien la autoridad tiene la obligación de informar que un infante fue localizado, sin embargo, muchas veces caen en la tentación de presumir, demostrar fuerza y estigmatizar les.
La activista fue clara; “no sólo por haberla rescatada se tiene derecho a afectar su su imagen, su derecho a una vida libre de violencia”.
El caso de Jazel, según expresó, es reflejo del estigma asociado a la adolescencia y a la juventud que prevalece en el país; al presentarla como si la hubieran detenido, y no que fue rescatada.
Ramírez Hernández, cuestionó por qué la autoridad del estado no presentó de esta manera a las personas que tenían retenida a la niña de 14 años en su domicilio de Cancún.
No obstante, “siempre se termina haciendo que las jóvenes y los adolescentes parecen los culpables de sus propios destinos, y hacer este tipo de tratamiento, por supuesto que es revictimizante”.
“El hecho de mostrarla a ella bajando la cabeza, con un policía de un lado y de otro en términos de semiología de la imagen, eso habla claramente de una idea de: la vencimos, la logramos calmar, apaciguar, no es la imagen de un rescate”; subrayó.
AUTORIDAD DEBE INVESTIGAR A PRESUNTOS SECUESTRADORES
La activista opinó que la autoridad local debe dirigir sus esfuerzos en investigar por qué la niña salió de su casa, y quienes eran las personas que la tenían en ese domicilio, que según el mismo boletín de la SPP era un hombre de 10 años y se madre de 40 años, es decir personas adultas; pues puede haber un posible delito que debe ser investigado.
“La autoridad cree que su única obligación es dar con el paradero de niñas, niños y adolescentes, pero existe también una inercia de pensar que la carpeta de investigación se cierra en el momento en el que es localizada la persona”.
Al contrario, enfatizó, hay que aprovechar que esas niñas vuelven para que, con todo el sentido de la protección, de la restitución de sus derechos, se aproveche su testimonio para saber más sobre cuáles son los patrones, las conductas, las dinámicas por las cuales se les está atrayendo; probablemente siendo víctimas de trata. “Se tiene que aprovechar su vida y su testimonio para investigar”, indicó.
El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas reveló en su informe del año pasado, que en México hay alrededor de 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, los casos judicializados sólo eran 36, y ninguno de éstos correspondía a niños y niñas.
“No se está atrapando a las personas responsables, no se está atrapando a los delincuentes, a criminales, a las redes de trata, de reclutamiento de enganche”, expuso.
Pero hay una necesidad de demostrar la actuación de la justicia “tan pervertida”, que lo que se ofrece por pruebas termina por ser estigmatizante y revictimizante en contra de los niños y niñas, tal como sucedió con Frida en Yucatán, según enfatizó.
Cuando lo que en realidad la sociedad está pidiendo es que esa actuación de la justicia, esa capacidad, operación de investigar y de sancionar vaya dirigida a quienes les están desapareciendo, no a ellos y a ellos, agregó.
Para la entrevistada, las Fiscalía de Yucatán, la SSP y cuerpos policiacos han demostrado tener nula perspectiva de derechos humanos, perspectiva de infancias. Y perspectiva de género, porque el peligro de exhibir este tipo de imágenes es que propicia la regeneración de un prejuicio estigmatizante respecto de que si son mujeres y son adolescentes, pues son “enamoradizas y son tontas y si estaban con un hombre de 18 años o demás casi es como pensar ellas se los buscaron”.
En vez, agregó, de responsabilizar a quienes fueron los responsables de su desaparición. Por eso urge investigar qué pasó, si se trató de un asunto de trata, si huyendo de la violencia en sus comunidades, en su hogar; abordar las causas.
No obstante, las autoridades locales hacen juicios de valor, casi desde la moralidad, las responsabilizan a ellas de sus agresiones, en vez de pedir que se investigue y se responsabilice a los responsables de su desaparición, reiteró.
En otros casos similares, indicó que las autoridades antes de emitir algún comunicado deben hacer una valoración con el fin de proteger al máximo a la víctima y determinar si esto implica no mostrar su imagen, o sólo mostrar la ficha de búsqueda.
AUTORIDAD DEBE CUIDAR A LAS INFANCIAS
Al exponer su imagen de esta manera, vulnerando sus derechos, Tania señaló que las autoridades de Yucatán deben cuidar a la niña y ofrecer un proceso de Justicia y de investigación de la persona responsable. “Protegerla durante este proceso y y acompañarla a ella, a su familia a la escuela, a la comunidad para su reincorporación a su vida cotidiana”.
¿Considera que debe haber algún tipo de disculpa por parte de las autoridades por exponer su imagen de esa manera?
“Sería muy positivo, sobre todo si alcanzamos a hacer clara el razonamiento por el cual no fue correcto exponer a esta adolescente de esta manera, incluso siendo un mensaje dirigido a esta adolescente, pero también a todas las personas que se sintieron en la libertad de juzgarla, de agredirla incluso a través de los comentarios que hayan hecho. Sí hay una responsabilidad ética de la autoridad porque el efecto que se pudo haber propiciado por esta exposición, sí es algo de lo que se van a tener que hacer cargo”.