Tribunal: El Tren Maya es genocida y ecocida, debe ser suspendido.
Resolución del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
Por Sandra Gayou Soto
En una jornada que puede calificarse como histórica, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza estuvo en la Península de Yucatán del 9 al 12 de marzo para realizar su octava audiencia local con el caso del megaproyecto mal llamado Tren Maya, donde se presentaron testimonios y evidencias de la destrucción que está ocasionando esta obra de gran escala a la biodiversidad de la región peninsular, hicieron un llamado urgente al gobierno federal a suspender la obra.
El Tribunal estuvo conformado por Maristella Svampa de Argentina como Presidenta, Fray Raúl Vera de México, Yaku Pérez de Ecuador, Francesco Martone de Italia/Ecuador y Alberto Saldamando (EUA) Chicano/Zapoteca; Jorge Fernández fue el Fiscal de la Tierra y la accionante Giovanna Gasparello. Las y los integrantes del Tribunal estuvieron en la comunidad de Pisté, El Señor-Xmaben, Tihosuco donde escucharon testimonios de pobladores afectados.
El 11 de marzo se realizó la audiencia en el municipio de Valladolid en la Escuela de Agricultura Ecológica, a la que asistieron representantes de diversas comunidades indígenas, agrupaciones, ciudadanas, colectivos, académicos e investigadores de la región y de la Ciudad de México que dieron muestra detallada de las afectaciones que ya está causando la obra a la naturaleza y la violación a los derechos de las comunidades indígenas.
El Tribunal calificó de ecocida y genocida al proyecto del Tren Maya durante la audiencia a la que también fueron convocadas las autoridades federales competentes que no se presentaron, el 12 de marzo realizó un recorrido por el tramo 5 y el interior de las cavernas que ahí se encuentran, donde corroboró la destrucción y deforestación de más de nueve millones de árboles, así como el riesgo en el que se encuentran cenotes y más de 100 cavernas.
Se presentaron 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y peritos que mostraron el riesgo y la destrucción a ecosistemas y comunidades mayas, además de las múltiples irregularidades técnicas y administrativas, así como la militarización del proyecto desde su anuncio en el 2018 como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la actual administración federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Quedó demostrado que el mal llamado Tren Maya está directamente relacionado con otros megaproyectos que se llevan a cabo en la Península, como las megagranjas porcícolas, megaparques de energía renovable, turismo de alto impacto, desarrollos inmobiliarios, entre otros, todos con el objetivo de generar ganancias económicas para las empresas principalmente extranjeras que están a cargo de la realización de estas grandes obras de infraestructura, además del riesgo latente por la construcción de los polos de desarrollo o ciudades sustentables en las estaciones del Tren.
El Tribunal Internacional emitió una sentencia en la que resolvió cinco puntos que se enuncian a continuación:
1. Reconocer de modo irrefutable la violación a los Derechos de la Naturaleza, así como los Derechos Humanos, individuales y colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio, los cenotes, la selva, y los seres sintientes no humanos que habitan dicho territorio, todo lo cual va configurando crímenes de ecocidio y etnocidio. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales.
2. Conminar a las autoridades del Estado de la República Mexicana a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas.
Hacemos un llamado urgente al Estado y a la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, así como acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo, garantizando el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural.
3. Se realice la reparación integral de los daños ecológicos y sociales causados por la ejecución del megaproyecto Tren Maya y sus instalaciones colaterales.
4. Se inicie una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, y de carácter intercultural, con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas.
5. Exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a realizar reformas constitucionales a nivel Federal, como las ya realizadas por algunos estados (Ciudad de México, Colima, Oaxaca, y Guerrero), para el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza como sujeto de Derechos. Asimismo, recomendamos la revisión de la ley que establece la propiedad social de la tierra, para que ésta sea reemplazada por una ley que contemple la función socioecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.
Este resolutivo será traducido en su totalidad a la lengua maya y tomado como base para elaborar una denuncia contra el Estado Mexicano por los daños irremediables a la naturaleza y por los impactos sociales, culturales, ambientales y de género cometidos hacia las comunidades mayas por donde atraviesa toda la ruta.