Yucatán: en el 70 por ciento de las detenciones arbitrarias se reportan agresiones físicas, hostigamiento y amenazas

“Yucatán no es seguro para las personas mayahablantes, indígenas, no es seguro para las mujeres, tampoco es seguro para las personas de la comunidad LGBT”.    

Agrupaciones presentan posicionamiento en materia de abuso policial que enviarán a Vila Dosal    

por Abraham Bote Tun  

En el 70 por ciento de las detenciones arbitrarias en Yucatán por parte de las policías, se reportan agresiones físicas, verbales, amenazas por parte de los elementos de seguridad, revela un informe de Elementa DDHH y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi). 

Ante los constantes abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de la policía de Yucatán, éstas y otras organizaciones civiles presentaron un pronunciamiento dirigido al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal.      

Olimpia Martínez Ramírez, investigadora de Elementa, señaló que la investigación arrojó que existe “un patrón de violencia sistémica que el Estado de Yucatán está llevando a cabo en contra de las personas racializadas”.    

En Yucatán la seguridad es selectiva. “En realidad no es seguro para las personas mayahablantes, indígenas, no es seguro para las personas indígenas, no es seguro para las mujeres, tampoco es seguro para las personas de la comunidad LGBT”; sentenció.    

“Todas estas diversidades están siempre en constante riesgo de ser requisadas, revisadas, detenidas por la policía estatal y municipal”; agregó.      

En el documento, resultado de un monitoreo realizado en medios de comunicación, redes sociales y a través de solicitudes de transparencia, plasman la preocupación que tienen las organizaciones por la situación del abuso de la fuerza y el abuso policial en Yucatán.    

Asimismo, analizaron más de 30 casos de detenciones arbitrarias y abuso policial en el estado, monitoreos en manifestaciones y protestas; y casos de abuso en contra de periodistas, documentados desde el 2019 a 2022.      

También, evidenciaron que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ha sido “tibia” en señalar estas violaciones a los derechos humanos y ha demostrado ser “afín” al gobierno del estado.     

Además, entre otras cosas, recomiendan al Estado crear una Programa Estatal de Derechos Humanos, con protocolos concretos para evitar que estos casos se sigan dando; a la Codhey que emita una recomendación general sobre abuso policial y detenciones arbitrarias.     

María Paula Balam, directora ejecutiva de Cejudi, detalló que identificaron que la mayoría de los casos se encuentran en la ciudad de Mérida, sin embargo, también se registraron en Progreso y Umán.     

A su vez, a través de su investigación, detectaron que la principal forma de violencia por parte de los grupos de policías son las detenciones arbitrarias, representando el 36 por ciento, también el uso de la fuerza en un 42.6 por ciento de los casos documentados.   Mientras que, de todos los casos de abuso policial, el 14.5 por ciento representa a periodistas.    

 Esto, según explicó, principalmente se da en el contexto de las llamadas “revisiones de rutina”, retenes, allanamiento, cateos sin justificaciones legales y por lo tanto arbitrarias.     

Las dos principales autoridades responsables de estas violaciones a los derechos humanos, expuso, son las policías municipales y la policía estatal.      

También indicó que en su monitoreo encontraron que, en las protestas y manifestaciones, sobre todo feministas, existe una presencia “desproporcionada” de cuerpos policiales. “Cuando se trata de concentraciones de mujeres jóvenes que están exigiendo algún tipo de derecho”, expresó.   

“Hemos identificado que al día de hoy no existen protocolos adecuados para el uso de la fuerza pública dentro de las protestas y manifestaciones, por lo cual consideramos que sumamente importante no solamente para poder identificar cuál es el número o la presencia correcta que debe haber por parte de la policía, sino también como deben de actuar, y que no deben usar armas dentro de las manifestaciones”, indicó.      

“Nos parece muy importante destacar cómo el uso de la fuerza afecta de forma desproporcionadamente a las personas que se manifiestan, a las personas defensoras de derechos humanos, a los grupos que defienden la tierra y territorio y también de las mujeres”, subrayó.     

Martínez Ramírez comentó que “se están deteniendo personas con cierto perfil, con ciertas características de color de piel y de identidad de género”.  “En realidad hay un patrón de violencia sistémica que el Estado de Yucatán está llevando a cabo en contra de las personas racializadas, esto nosotros lo hemos denominado intolerancia selectiva, porque efectivamente el estado de Yucatán siempre dice que es un estado seguro, pero seguro ¿para quién?”, indicó.     

El patrón de detenciones arbitrarias es el mismo: las personas van caminando por la calle, están en un espacio público y de pronto llega la policía ly os quiere revisar; en el 70 por ciento de los casos que han documentado del 2022 a la fecha, reportan agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamiento e incluso hasta abuso sexual; hay un caso de homicidio que todavía no está claro cómo sucedieron los hechos-     

“Entonces esto nos lleva a pensar que el foco de atención es es: Yucatán sí es un estado seguro, pero ¿para quién? siempre tengamos en mente que la narrativa de un estado seguro que apuesta por el fortalecimiento de la Policía en un marco donde vivimos en un Estado militarizado, pues siempre nos tiene que llamar la atención”, dijo.      

Además, indicó cuando los detienen, en el 73 por ciento de los casos, no les dicen cuáles son sus derechos, no les dicen el motivo de su detención y la mayoría de ellos son presentados ante el Ministerio Público o ante un Juez Cívico    

Las personas son acusadas de faltas cívicas o de falsas administrativas, pero nunca dicen cuáles son los motivos de esas faltas cívicas. “Nosotras también hicimos solicitudes de acceso a la información para saber estos motivos de falta cívicas y administrativas y no nos dieron esos datos, también hay una falta de datos oficiales que tiene que ver con la opacidad con que se maneja la Secretaría de Seguridad Pública”, detalló. 

“Por ello, hacemos un llamado al gobierno estatal y municipales, a las secretarías estatales y municipales de seguridad pública, a la Fiscalía General del Estado así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para que reconozcan y visibilicen que existe una grave problemática de detenciones arbitrarias y abuso policial que vulnera derechos humanos”, expresaron.  

Ante este panorama, exigen a las autoridades locales: Implementar estrategias de difusión y promoción de información que permita la identificación de actos de tortura y abuso policial, dirigidas tanto a la población en general como a las autoridades. 

 Diseñar y crear mecanismos interinstitucionales para atender las violencias estructurales y la incidencia delictiva desde un enfoque de derechos humanos. 

 Implementar medidas de rendición de cuentas sobre la actuación de la policía estatal y municipal, así como establecer un programa institucional conforme a los estándares intemacionales para capacitar al personal de la SSP en prevención de abusos policiales, tortura, igualdad y no discriminación, combate a la xenofobia y al racismo. 

 Revisar y establecer protocolos de actuación en materia de detenciones y actuación de las fuerzas policiales, especialmente en el contexto de protestas y manifestaciones pacíficas, que estén homologados con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Adoptar un programa estatal de derechos humanos que establezca la política local en la materia y oriente los trabajos de todas las dependencias gubernamentales. 

 A la Codhey, que valore la sistematicidad con la que se cometen estas violaciones a derechos humanos para emitir una recomendación general en la materia.