Mérida: Activistas presentan declaración por la libre determinación y en defensa de la “Biosfera Maya”
Por Abraham Bote Tun
Como conclusión del seminario internacional “Libre determinación, desarrollo sostenible y agua en la península de Yucatán”, que se realizó en Mérida, Yucatán, el 24 y 25 de octubre, organizaciones de sociedad civil, académicos, defensores de derechos humanos y activistas presentaron una declaración por la libre determinación y en defensa de la “Biosfera Maya”
En el documento exigen a las autoridades mexicanas a cumplir su obligación constitucional e internacional de proteger a defensoras y defensores territoriales en la península de Yucatán y a respetar su labor en la defensa de los derechos humanos.
“La península de Yucatán cuenta con bienes naturales indispensables para la vida, como la gran reserva de agua dulce del acuífero maya y los cenotes”, subrayaron.
De acuerdo con la declaratoria, firmada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo Regional Indígena y Popular de X´pujil (CRIPX), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, Jorge Fernández (Mérida, México), Lourdes Medina Carrillo (Mérida, México), Marcela Torres (CDMX, México), entre otras personas, estos bienes naturales han sido gestionados y protegidos por comunidades mayas, siendo la relación armónica con la Naturaleza un componente esencial de sus culturas y modos de vida.
Sin embargo, advierten que han sido seriamente amenazados por la contaminación que generan los monocultivos, los agrotóxicos, la ganadería industrial, las grandes inversiones turísticas, inmobiliarias, los megaproyectos energéticos o de infraestructura vial.
Ante ello, expusieron que las comunidades mayas están defendiendo sus territorios y las fuentes de agua dulce en ejercicio de su derecho fundamental a la libre determinación, reconocido tanto por la Constitución Federal como por los tratados de derechos humanos ratificados por México.
“Respaldamos a estas comunidades y organizaciones, y condenamos la estigmatización, amenazas y agresiones de las que son víctimas. Las comunidades mayas y las organizaciones que las acompañan buscan un desarrollo armónico con la Naturaleza, en el que la tierra y el agua son “bienes comunes” que hay que preservar para las futuras generaciones”, manifestaron.
Por tanto, las organizaciones recordaron a las autoridades mexicanas, de todos los niveles de gobierno, que tienen la obligación constitucional e internacional de proteger a los defensores y defensoras territoriales, respetar su labor en la defensa de los derechos humanos y abstenerse de actos que pongan en riesgo su vida y derechos fundamentales. Una muestra de ello es que en el 2021 México ratificó el Acuerdo de Escazú.
“Solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garanticen el cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de sus obligaciones internacionales con relación a la protección de los defensores y defensoras territoriales”, concluyeron.
: