Yucatán: DPLF expresa preocupación por seguimiento ilegal a defensoras y defensores territoriales

Por Due Process of Law Foundation

Documentos filtrados recientemente han revelado que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) habría estado realizando seguimiento ilegal a organizaciones de sociedad civil que cuestionan la construcción del llamado Tren Maya, según informaron diversas fuentes periodísticas. 

Desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), expresamos nuestro rechazo a las actividades de seguimiento ilegal a organizaciones y personas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las comunidades mayas en la península de Yucatán. Asimismo, nos solidarizamos con las organizaciones y activistas sociales afectadas por estas prácticas. 

Tanto el Consejo Regional Indígena y Popular de X´pujil (CRIPX) como la asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos son organizaciones de sociedad civil que actúan en forma pública y dentro del marco de la ley, en ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, libertad de opinión y de expresión, acceso a la información pública y acceso a la justicia, entre otros. 

CRIPX e Indignación NO son organizaciones ilícitas y sus actividades no deben ser consideradas una amenaza a la seguridad interior del país; por lo tanto, no hay razón que justifique un seguimiento de esa naturaleza por parte de la SEDENA. Las autoridades pueden coincidir o discrepar de las opiniones y actividades realizadas por estas organizaciones, todas dentro del marco de la legalidad, pero no vigilarlas ni espiarlas. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho.” 

Exhortamos a las autoridades mexicanas a cesar el seguimiento ilegal de estas organizaciones y, en general, de aquellas que se opongan a medidas estatales en el marco de la legalidad y usando los instrumentos que el propio Estado ha puesto a disposición de sus ciudadanos. 

Hacemos un llamado especial a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México) y la CIDH para que esto efectivamente se garantice.