Ante criminalización, defensoras de DDHH le responden a alcalde de Mérida: #FuimosTodasRenan

Piden  a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que se abstenga de llevar acciones dirigidas a reprimir a quienes hacen uso de su derecho a la protesta social

A la Codhey que investigue los discursos estigmatizantes y actos de autoridad dirigidos a la criminalización de las manifestantes del 28 de septiembre

Por Abraham Bote Tun/Foto Cecilia Abreu

Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos condenan criminalización de la manifestación de mujeres por parte del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; a quien le manifestaron: “#FuimosTodasRenan“.

Piden  a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que se abstenga de llevar acciones, incluidas de investigación, dirigidas a reprimir a quienes hacen uso de su derecho a la protesta social y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) que investigue los discursos estigmatizantes y actos de autoridad dirigidos a la criminalización de las manifestantes del 28 de septiembre.

Como informamos, por segunda ocasión, Barrera Concha, criminalizó a manifestantes e interpuso denuncias ante la Fiscalía del Estado, en contra de mujeres que exigen garantizar sus derechos humanos; un aborto libre, seguro y gratuito.    

“Sabemos que hubo violencia y daños al patrimonio de la ciudad…es inadmisible que este tipo de acciones puedan darse”, manifestó el presidente municipal, entrevistado el pasado jueves 29 de septiembre. 

Ante este panorama, la red de defensoras y periodistas de la península de Yucatán, conjuntamente con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México, comentó: “Hacemos pública nuestra posición, frente a las posturas manifestadas por el alcalde Renán Barrera Concha y lo responsabilizamos por alguna situación de violencia que pueda afectar a nuestras compañeras que participaron en las acciones feministas del día 28 septiembre del 2022”.

Recordamos a las servidoras/es públicas/os que, la protesta social es un derecho vinculado a otros derechos como la libertad de asociación, de manifestación y de expresión. 

Diversas organizaciones de Yucatán: la Red de Cuidado Colectivo Hermana Capucha, UADY Sin Acoso, Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Colectivo Ciudad Libre, Igualdad Sustantiva Yucatán A. C, Marea Verde Yucatán, CEJUDI A.C y Kanan Derechos Humanos también emitieron un posicionamiento al respecto.

Las agrupaciones firmantes recalcaron que la marcha fue convocada a nivel nacional para exigir al Estado mexicano la garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a tener acceso a servicios de salud que permitan ejercer una sexualidad libre e informada.  

Esto cobra mayor relevancia en Yucatán, según expusieron, una entidad federativa que mantiene en su código penal severas restricciones para quienes decidan interrumpir su embarazo.

Al igual que en el año 2019, el alcalde de Mérida Renan Barrera Concha, volvió a emitir discursos estigmatizantes dirigidos a criminalizar a las manifestantes, así como a denunciar ante la Fiscalía General del Estado a las activistas y manifestantes.  

Ahora bajo el pretexto de “proteger el patrimonio” las autoridades han anunciado medidas que sólo visibilizan una política gubernamental de represión, evidenciada a través de amenazas de posibles consecuencias contra las personas que buscan ser escuchadas y se manifiestan para exigir sus derechos 

“De igual forma, nos resulta preocupante la existencia de páginas mediante las cuales se están difundiendo datos personales de mujeres jóvenes sin su consentimiento, así como la participación de medios de comunicación en la divulgación de datos personales para la persecución social de jóvenes feministas”, señalaron en su pronunciamiento.  

En su comentó señalan: Las observadoras de derechos humanos que participamos pudimos darnos cuenta que la manifestación fue realizada de manera completamente pacífica, y en ella participaron mujeres jóvenes, madres y personas mayores que se conglomeraron para expresarse libremente. Asimismo, constatamos que la presencia policiaca era desproporcionada; unas horas antes de iniciar la manifestación se podían observar en circulación camionetas de antimotines y de la policía municipal que merodeaban la ruta de la marcha.  

En el tramo final, fue inquietante que la presencia de policías municipales creciera a medida que transcurría el tiempo, al punto de que al final hubiera alrededor de 25 miembros formados en línea paralela a las letras. 

Como organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado: A las autoridades estatales y municipales a tomar acciones positivas para el avance del derecho al aborto, a la salud sexual y reproductiva, así como para garantizar el derecho a la libre expresión de las mujeres participantes.  

 A la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para que se abstenga de llevar acciones, incluidas de investigación, dirigidas a reprimir a quienes hacen uso de su derecho a la protesta social 

 A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para que investigue los discursos estigmatizantes y actos de autoridad dirigidos a la criminalización de las manifestantes del 28 de septiembre.  

Además, en días recientes, mujeres organizadas, feministas y asociaciones civiles del estado, condenaroen la criminalización y persecución que están recibiendo luego del 28S, día de lucha por la libertad sexual y reproductiva. 

“Una de las acciones más criticadas y estigmatizadas de los movimientos feministas en México continúa siendo la iconoclasia, que se refiere a la destrucción o apropiación de monumentos, esculturas, arte o cualquier ícono que represente a las figuras de autoridad en un contexto en el que la ley y el gobierno es ineficaz y violento contra las minorías y comunidades segregadas”, explicaron en un comunicado.  

Para evitar la estigmatización con respecto al tema, invitan a la reflexión para distinguir entre iconoclasia y vandalismo, posicionando al primero como un ejercicio de libre protesta y manifestación con un objetivo en beneficio de una comunidad oprimida o vulnerada; mientras que el vandalismo es una conducta destructiva y hostil injustificada hacia posesiones ajenas, sin el objeto de una exigencia por justicia ni en figuras que representen al estado. 

“Nos pronunciamos en contra de las acciones del alcalde de Mérida, Yucatán; Renán Barrera Concha, que haciendo uso de su poder político condenó de manera pública a una comunidad vulnerable basado en su juicio moral, creando intimidación y por consecuencia provocando con esto mayor violencia, persecución y hostigamiento contra esta comunidad, tanto en el medio actual como virtual”, señalaron. 

Como resultado de dicha criminalización del edil, lamentaron, mujeres están en una situación de riesgo en manos de páginas como “Alza la Voz”, donde por medio de Facebook, exponen su información privada, con fotografías y nombres.