El racismo limita el acceso a la justicia de las comunidades mayas de Yucatán, revela informe

De 70 defensores públicos que hay en Yucatán, sólo 10 hablan maya

Por Abraham Bote Tun

El racismo limita el acceso a justicia a las comunidades indígenas de Yucatán, Oaxaca y Campeche, reveló el diagnóstico Los efectos del racismo en el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas de Campeche, Oaxaca y Yucatán, que realizó el Centro Profesional indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).

En el caso de Yucatán, existe un rezago en intérpretes, peritos y defensores públicos que hablen lengua maya, de los 70 defensores que hay en todo el estado, solo 10 hablan maya, cuando la población indígena es de más del 60 por ciento en el estado, indicó Tomas López Sarabia. presidente del consejo directivo del CEPIADET

Este miércoles 17 de agosto, las y los promotores del proyecto presentaron los principales resultados de esta investigación., que forma parte de su Agenda Antirracista.

El diagnóstico detalla que, de acuerdo con los resultados del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2020, Yucatán cuenta con 2 millones 320 mil 898 habitantes, de los cuales un millón 447 mil 787 se autoadscriben como personas indígenas, lo que equivale al 65.2 por ciento de la población total. Así mismo, 525 mil 092 habitantes mayores a tres años hablan una lengua originaria, lo que representa 23.7 por ciento de la población de acuerdo con los resultados censales.

Sin embargo, según expone el documento, lo anterior significa una disminución porcentual de hablantes de lenguas indígenas, pues en el censo del 2010 había un total de 544 mil 927 hablantes, un 29.6 por ciento del total de la población en aquel entonces.

Si bien, Yucatán es un estado con fuerte presencia indígena por principio de autoadscripción, “el racismo crea barreras que pueden afectar el acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades Indígenas y se refleja en las restricciones para usar las lenguas indígenas, particularmente, la lengua maya en contextos específicos de la entidad federativa, lo que dibuja fronteras en la geografía y la distribución de la población”.

El diagnóstico precisa que la Fiscalía de Yucatán cuenta con una unidad de peritos, ésta apenas tiene seis peritos intérpretes, de los cuales, cuatro son para la lengua maya y dos de lenguas de señas mexicana, “un número insuficiente para dar atención en una entidad federativa con una alta presencia de población indígena”.

Asimismo, de los cuatro peritos, tres se encuentran, desde el 2021, en la ciudad de Mérida; un cuarto intérprete se ubica en la Fiscalía de Valladolid en el oriente, ciudad cuyos municipios aledaños tienen una alta presencia de población indígena. Sin embargo, muchos otros municipios quedan desatendidos.

Falta de intérpretes y defensores mayas

López Sarabia indicó que el artículo 2 de la Constitución establece que no solo debemos contar intérpretes sino también con defensores con conocimiento en lengua y cultura indígena, no obstante, de los 70 defensores que hay en Yucatán sólo 10 son hablantes de la lengua maya.

El defensor es quien se encarga de su defensa en las fiscalías, poder judiciales o cualquier tribunal de justicia, pero en el estado no hay suficiente lo que afecta el acceso a la justicia de las personas que hablan la lengua maya, que muchas personas tengan que purgar condenas indebidas o que no se puedan defender de manera eficiente. “Necesitan establecer una estrategia de defensa basada desde su propia cosmovisión”, indicó.

No obstante, indicó que un problema es que no se ha logrado darles una estabilidad profesional y laboral tanto a los intérpretes mayas en los espacios de justicia, como defensores. También dijo que esto se debe a que en muchos casos las instituciones n o cuentan con presupuesto para contratar a estas personas.

Campeche

Campeche ocupa el séptimo lugar entre las entidades que poseen el mayor porcentaje de hablantes en alguna lengua indígena nacional y pertenece a la región geográfica donde predomina la segunda lengua con mayor número de hablantes en México, a saber, el Maya peninsular; no obstante, al interior del Estado, el porcentaje de hablantes indígenas mayores a tres años se redujo 1.6 por ciento en los últimos diez años.

“En Campeche no existe una institución que atienda las violaciones a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Existe un sesgo en las políticas públicas de responsabilizar a los integrantes de un pueblo o comunidad indígena, especialmente a las generaciones más jóvenes, por la pérdida de nuestra lengua, según se sugiere, por pena o desinterés”, detalla el informe.

Aunque existen 45 Juzgados de Conciliación en operación, esta cantidad no cubre el total de 358 comunidades indígenas reconocidas por la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Otro efecto del racismo en el acceso a la justicia es la grave violación de los derechos lingüísticos de la población indígena. “Pudimos comprobar una serie de prácticas que reproducen un racismo lingüístico en el sistema de justicia estatal, tal como la invisibilización de las lenguas indígenas en tanto que no se registran o bien, aunque se reconocen, se asume que la persona involucrada puede entender el proceso en español.

También, indica el diagnóstico, una de las principales carencias del sistema de justicia en el estado es la preparación de intérpretes, traductores o traductoras y defensores o defensoras para asumir casos que involucren a personas indígenas. “Se comprobó que la asistencia de un intérprete no garantiza el ejercicio de los derechos de dicha población, sino que hace falta la profesionalización de más intérpretes en el área judicial para que conozcan y puedan interpretar el lenguaje jurídico tanto en español como en la lengua indígena, además de conocer la cultura de la persona que asisten y la variante lingüística de ésta”.

Oaxaca

En lo que respecta al acceso a la justicia estatal existen serias dificultades para acceder a ella, debido a una centralización de las instituciones en zonas urbanas, lo que eleva los costos y las distancias para acudir a las instancias de impartición de justicia, esta condición hace necesaria la reestructuración del aparato judicial en torno a la descentralización, mejorar la infraestructura y el presupuesto público para la administración de justicia.

Otro problema estructural importante que se pudo observar en este proceso de investigación es la falta de intérpretes para garantizar el derecho de las personas indígenas a comunicarse en su propia lengua en los espacios públicos y privados, así como la de defensores y defensoras con conocimiento de lengua y cultura; si bien hay algunos esfuerzos, éstos son aislados y no procesos conjuntos de las instituciones estatales.