“Yucatanazo” legislativo: aprueban en Yucatán ley de seguridad vial sin medidas salvavidas
Por Coalición Movilidad Segura
“El proceso y la ley de movilidad y seguridad vial aprobada por el Congreso de Yucatán es ejemplo nacional de lo que no se debe hacer: este “Yucatanazo” nos debe enseñar que es inadmisible simular la participación ciudadana, ignorando o minimizando a las organizaciones civiles que durante años han acompañado los avances en movilidad; que contar con votos necesarios en las Cámaras no es justificación para violentar los más básicos procedimientos parlamentarios y que aún los gobiernos locales más amigables con la bicicleta y el transporte público pueden impulsar legislaciones estatales laxas o incompletas como es el caso del gobierno de Mauricio Vila en Yucatán. Como sociedad civil debemos permanecer vigilantes y activos para que el desastre ocurrido en Yucatán no se repita en otras entidades” dijo Areli Carreón, del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura.
Con una serie de irregularidades de procedimiento, y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones civiles para evitar una votación al vapor y colaborar en una iniciativa integral, el Congreso de Yucatán aprobó en sesión extraordinaria el martes 9 de agosto una ley de movilidad y seguridad vial que no contiene los elementos indispensables para salvaguardar la salud y la vida de las personas. A la fecha, no se ha publicado la Ley aprobada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Al tiempo que se aprobó el reconocimiento al derecho a la movilidad en la Constitución política del Estado de Yucatán, se abrogaron las leyes estatales de Transporte, de Seguridad Vial y de Fomento al Uso de la Bicicleta. Estas fueron reemplazadas por una ley de movilidad y seguridad vial que no contiene la regulación de factores de riesgo claves como el control del exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, sillas de retención infantil y casco al tripular motocicletas. La nueva ley aprobada en Yucatán omite también la atención prehospitalaria, la atención a las víctimas, entre otros temas.
La rapidez con la que se procedió en la armonización del marco legal estatal con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial parece responder a la urgencia por reformar el transporte público en la entidad, antes que para garantizar el derecho a la movilidad, tal y como está consignado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Pese a haberse celebrado sesiones consultivas, casi nada de lo que se propuso y se discutió en estas sesiones se reflejó en la propuesta de ley estatal. En varias ocasiones se le señaló al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial que la propuesta no se apegaba a los contenidos ni a la estructura de la Ley General, y se solicitaron reuniones para revisar y adecuar el documento. No obstante, la revisión y ajustes propuestos por la sociedad civil fueron desechados en su totalidad por el Ejecutivo estatal”, externó Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
“En el Congreso del Estado la participación ciudadana fue todavía más limitada, ya que la convocatoria a los foros presenciales estaba dirigida únicamente a organizaciones legalmente constituidas y tenía un plazo que vencía el mismo día en el que fue publicada. Se ofrecieron 10 minutos a las contadas organizaciones que pudieron participar para exponer sus comentarios y sugerencias, pero sin ningún tipo de diálogo y sin que sus observaciones fueran tomadas en cuenta. De este modo, la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo del estado fue aprobada prácticamente sin cambios, haciendo del Parlamento Abierto todavía una aspiración de la ciudadanía yucateca y no una realidad jurídica como los integrantes del Congreso presumen”, señaló Everardo Flores Gómez, representante de Cicloturixes A.C.
Las organizaciones integrantes de la Coalición Movilidad Segura lamentamos la postura de las personas legisladoras de Yucatán, que insistieron en aprobar esta ley sin respeto al procedimiento legislativo y a las opiniones de especialistas en la materia. Esta Ley como fue aprobada, deja a Yucatán sin un marco jurídico sólido para lograr prevenir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito” dijo la abogada Paola Lara, asesora jurídica de la Coalición Movilidad Segura.
“Llamamos a los Congresos de los Estados a no repetir los errores cometidos por sus homólogos en Yucatán: la ley no puede estar por debajo de lo estipulado por la Ley general, ni puede hacerse a la medida de los intereses y proyectos de cada administración. Cada legislatura estatal está obligada a armonizar sus leyes en materia de movilidad y seguridad vial para explicitar cómo se cumplirá en Estados y municipios las responsabilidades conferidas a cada ámbito de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones de ley. Es fundamental que el proceso sea transparente y que se cuente con una efectiva participación de la sociedad civil y de todos los sectores. La invitación desde la Coalición es a seguir trabajando de la mano con las autoridades de Yucatán hasta contar con disposiciones que efectivamente salven vidas” dijo Alejandra Leal, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura.
“Como familiar de víctima de siniestro vial en la ciudad de Mérida el pasado año de 2020, resulta doloroso que la legislación del estado de Yucatán, en lugar de fortalecerse para evitar muertes viales cómo la de mi hijo, se vuelvan indiferentes a las faltas viales, que pueden llevar a incrementar los ya múltiples siniestros por altas velocidades, alcoholemias, etcétera, dejando de proteger a peatones y ciclistas, como es la obligación de autoridades a través de las leyes estatales” dijo Elsa Guzmán, madre de Jacinto León (QEPD) quien fue atropellado mortalmente en Yucatán cuando iba a bordo de su bicicleta.
“El derecho a la movilidad inclusiva bajo los principios de accesibilidad, seguridad y no discriminación esta regulado en la Ley General, sin embargo la Ley aprobada en Yucatan tiene una perspectiva de segregación a las personas con discapacidad, en principio ante la falta de consulta bajo los parametros de la SCJN y visión ajena a los Derechos Humanos que la Ley de Discapacidad en la cual remite el cumplimiento de movilidad a una ley supletoria, el derecho a contar con transportes, entornos y sistemas de movilidad accesibles, como grupos de atención prioritaria” mencionó Laura Bermejo, Presidenta de Libre Acceso A.C.