Organizaciones alertan grave retroceso en Ley de movilidad y seguridad vial de Yucatán
Ante las serías deficiencias que tiene y el impacto negativo que tendría para las familias de Yucatán rechazan iniciativa
Disidente MX
La Coalición Movilidad Segura y sus organizaciones integrantes y aliadas en el estado de Yucatán alertaron sobre el grave retroceso que significaría la aprobación del decreto que contiene la modificación a la Constitución Política del estado y que expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de esa entidad, al que se ha convocado a votar en sesión extraordinaria el próximo martes 9 de agosto.
Analizado a partir de la Guía de armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desarrollada por la Coalición, el actual proyecto de decreto cumple únicamente con 12 de los 57 elementos regulatorios básicos establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que recientemente expidió el Congreso de la Unión.
El dictamen que trascendió, fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso yucateco el 3 de agosto, el cual presenta conflictos de procedimiento legislativo y deja fuera de la legislación medidas como el control a la velocidad y la alcoholemia al conducir, establecidas por la Ley General y que efectivamente salvan vidas.
“Aprobar un decreto en los términos del dictamen actual constituiría un grave retroceso que dejaría al estado de Yucatán en condiciones previas a la Ley General. Tenemos serias preocupaciones de fondo y de forma: no hay consulta a personas con discapacidad, que la Suprema Corte ha establecido como obligatoria; no lo votó la Comisión que por facultades le corresponde; se deroga la actual Ley de Seguridad Vial, pero no se incorporan componentes de seguridad vial como el control de velocidades. Tampoco cumple con otros elementos como un plan de acción, derechos de víctimas, atención prehospitalaria o seguro de daños a terceros obligatorio. Además, el actual documento adolece de un abuso de remisiones a la Ley General, con lo que abre la puerta a conflictos legales posteriores”, señaló Paola Lara, abogada de la Coalición Movilidad Segura.
“El Congreso del Estado publicó el 28 de julio una convocatoria para participar en el Foro de Consulta de las iniciativas de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, con fecha límite para recibir solicitudes el mismo día 28 de julio y acotando la participación únicamente a organizaciones legalmente constituidas, en perjuicio de ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema. Nunca se publicó el dictamen de iniciativa de ley aprobada en Comisiones y en la propuesta del Ejecutivo estatal no se tomaron en cuenta ninguna de las propuestas y preocupaciones presentadas por quienes participamos en las mesas de trabajo realizadas durante el mes de mayo de 2022. Es escandaloso que a unas horas de que se cite a la sesión para aprobar el dictamen no exista certeza de los términos del documento, aun cuando ya fue votado en Comisión. Las personas legisladoras se aprestan a votar una ley que no conocemos”, alertó Eduardo Monreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
“Es preocupante que la primera entidad en México que se dispone a aprobar una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, proponga un instrumento que ignore los avances ya conquistados a nivel nacional, y que el Congreso del Estado de Yucatán plantee una ley con severas carencias que dejarán a la entidad imposibilitada a garantizar el derecho humano a la movilidad segura, consignado la Constitución mexicana. Llamamos a las legisladoras y legisladores estatales a avanzar en el reconocimiento constitucional al derecho a la movilidad y a resolver todas las carencias de fondo y procedimiento para dotar a Yucatán de un instrumento que sea efectivo para salvar las vidas y preservar la integridad física y la salud de las personas ante los siniestros de tránsito”, dijo Alejandra Leal, coordinadora nacional de la Coalición Movilidad Segura.
“Yucatán está siendo observado a nivel nacional y regional por los importantes avances que ha registrado en materia de movilidad sostenible en los últimos años, particularmente en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte. El Congreso estatal tiene la oportunidad de trabajar de la mano de la sociedad civil organizada y especialistas, basándose en las mejores prácticas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, para construir una ley estatal de movilidad y seguridad vial que efectivamente salve vidas y promueva una movilidad más saludable, segura y competitiva”, concluyó Leal.
En otro documento, más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Yucatán rechazaron que el Congreso de Yucatán apruebe la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que propuso el Gobierno del Estado de Yucatán. Ante la serías deficiencias que tiene y el impacto negativo que tendría para las familias de Yucatán.
Las organizaciones abajo firmantes nos oponemos a la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán propuesta por el Gobierno del Estado y que se someterá a su aprobación el próximo martes 9 de agosto en Asamblea Extraordinaria en el H. Congreso del Estado de Yucatán. Los argumentos que sostienen nuestra posición son los siguientes:
1. En cuanto al proceso de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se estipula que éste debe ser participativo y se debe involucrar a todos los grupos sociales. El proceso que se realizó como participativo por el Gobierno del Estado consistió en: i) dos reuniones con representantes de alguno de los sectores sociales para aportar a los criterios y temas de la Ley, siendo que ésta ya estaba redactada pues fue revisada a los 3 días de realizarse dichos talleres; li) una reunión técnica del equipo del IMDUT con dos expertos, uno de la academia otro de una ‘ONG, donde se corrigió artículo por artículo la versión presentada y, por último ii) una sesión de trabajo en el Congreso organizada por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación para discutir la iniciativa presentada por el Gobierno del Estado, la cual no recuperaba nada de lo trabajado anteriormente y donde se redujo la participación a 10 minutos y en la que únicamente pudieron participar quienes formaran parte de alguna organización legalmente constituida.
2. En cuanto al contenido de la propuesta de Ley Estatal subrayamos:
a), En relación a la seguridad vial, la Ley General establece muy claramente la perspectiva a adoptar de sistema seguro para reducir a cero las muertes y lesiones graves; define las responsabilidades de las autoridades para garantizar a movilidad segura; establece los límites de velocidad a las cuales todas las entidades deberán respetar y las estructuras, modalidades de participación y diseño de infraestructura y planeación para reducir los riesgos y aumentar la seguridad vial. En la iniciativa del gobierno estatal, la seguridad vial está ausente y queda condenada a seguir siendo igual de inefectiva e ineficiente como sucede en la actualidad.
b) En relación a la articulación entre la movilidad y la planeación urbana planteada en la Ley General y que permite avanzar en la construcción de ciudades sustentables y seguras, en la Ley Estatal queda reducida a una retórica sin fuerza para direccionar esa articulación ni mejorar la sustentabilidad ni la seguridad de nuestras ciudades y localidades.
c) La Ley General indica y subraya la importancia de dar protección y garantías a las victimas de siniestros viales. Sin embargo, esta perspectiva y mecanismo de garantías están ausentes en la Ley Estatal, así como la integración de la perspectiva de género, la pluriculturalidad y la inclusión de personas vulnerables en las tomas de decisión.
d) La Ley General propone una estructura organizativa que garantice el trabajo inter y multisectorial, la participación social, la generación y análisis y usos de datos en la toma de decisión, y la responsabilidad compartida entre las autoridades de los diferentes niveles jurisdiccionales. La propuesta de Ley Estatal plantea una fragmentación institucional, aún mayor de la que se tiene, sin establecer mecanismos ni estrategias de coordinación, solo indica atribuciones donde se duplican entre el IMDUT y la Agencia de Transporte propuesta.
e) Finalmente, consideramos que siendo una oportunidad de avanzar en una legislación que ayude a disminuir muertes y lesiones graves en el estado y dado que Yucatán es el primer estado en pretender armonizar la Ley General y, que esto implica estar bajo la mirada nacional, las organizaciones firmantes sugerimos que se postergue la aprobación de una ley que será letra muerta para la agenda de movilidad y seguridad vial y que se retome el proceso, fortaleciendo la participación y recibiendo asesoría de la Coalición de Movilidad Segura que llevaron adelante esta ley en el Senado de la República.
Organizaciones Firmantes:
Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo (LUM)
Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo
Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM)
Cicloturixes A.C.
MetrópoliMid
Asociación de Vecinos de las Américas A.C.
Bitácora de Movilidad
Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán A.C.
Colegio Yucatanense de Arquitectos A.C.
Poder Antigandalla Mérida
Foro cultural Amaro.
Red Ciudadana por la Sostenibilidad Yucatán
Mundo y Conciencia A.C.
Casa Savia
Movimiento Conciencia Radio
Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
Ciudad Libre
Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán
Articulación Yucatán
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