Existe un desprecio por parte del Estado hacia comunidades indígenas de Yucatán
Informe documenta violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas de Yucatán
Casos de Homún y Chablekal son expuestos
Por Abraham Bote Tun
Violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de Yucatán y sus luchas por defender sus territorios y sus recursos naturales son expuestos en el reporte “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, elaborado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI).
En la investigación se documentan los casos de las comunidades de Homún y Chablekal, de Yucatán, junto a otros 14 pueblos del país;Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala, figuran en la lista. En general se detalla cómo las poblaciones han sufrido diversas amenazas, desde criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad.
De acuerdo con el informe, las comunidades indígenas viven una situación que profundiza las condiciones de desigualdad, pobreza, violencia e impunidad, en especial, para quienes defienden sus territorios y su libre determinación, quienes enfrentan conflictos agrarioterritoriales y quienes defienden sus derechos en el marco de proyectos extractivos, energéticos, hidroeléctricos, hidrológicos y turísticos.
Todo esto, sumado a la omisión por parte de las autoridades de la garantía, el respeto y la protección de manera efectiva y oportuna de los derechos de los pueblos indígenas. “Lo que implica la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento de familias y comunidades enteras, así como de autoridades y personas que defienden sus territorios”, advierte el organismo.
Personas que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida de manera directa a atender tales situaciones ni las causas que las originan. “Vivimos un momento muy difícil, especialmente por los asesinatos de líderes comunitarios durante la actual administración, de la cual no vemos un compromiso mayor para atender las necesidades de justicia de los pueblos indígenas”; advierten.
“Para muchos pueblos indígenas de México ha sido difícil obtener el reconocimiento como pueblos indígenas, originarios, a ejercer sus derechos, por lo que ha sido una verdadera batalla acceder a la justicia. Se trata, pues, de una situación sistemática, consecuencia de la discriminación histórica y estructural” , indica la organización.
Citlalli Hernández Saad, coordinadora ejecutiva de IPRI en México, comentó que la discriminación y el desprecio hacia las comunidades indígenas prevalece dentro de los 16 casos documentados por la agrupación en todo el país, incluyendo Yucatán, pues la atención pública únicamente se da a los pueblos cuando hay situaciones de asesinatos, desapariciones forzadas.
No obstante, indicó, todas las demás problemáticas que sufren las comunidades se encuentran invisibilizadas ante la opinión pública. “Pareciera que no reconocemos cómo estructural y sistemáticamente reproducimos esta discrimnación con ciertas conductas y actitudes”; afirmó-
Entonces, en la investigación observan dos tipo de discrimnación graves, por un lado la violencia directa que viven, casos de asedio, como la delincuencia organizada interviene en los territorios y en otros casos que viven un esquema de desprecio.
En el caso de Yucatán, indicó la actividad, la violencia se ve reflejada a través de la violencia estructural y las condiciones sistemáticas de discriminación que viven las comunidades, tanto en el marco legal como en los recursos que tienen, en la intervención del Estado y además los dejan sujetos ante una situación de vulnerabilidad ante esta violencia.
En el estado, precisó, existen vacíos por parte del Estado en el marco jurídico para el reconocimiento del derecho al territorio, el derecho agrario, el derecho comunal de la tierra en el marco del ejido.
Por ejemplo, indicó que en el caso de Chablekal el limitado marco que permite la Ley Agraria, deja sin derechos sobre el territorio al resto de la comunidad indígena que habita en este espacio. “Tendría que haber un marco jurídico que reconociera el derecho de los pueblos indígenas al territorio en un sentido amplio y que les permitiera ejercerlo de manera plena”, indicó.
En el caso de Homún, donde las granjas porcícolas se están imponiendo sobre el territorio maya, se puede observar que no se respeta el derecho de las comunidades al consentimiento previo, libre e informado, además no se respeta el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, derecho a organizarse, realizar sus fiestas, sus ceremonias. “Todos estos derechos se van limitando en la medida que no se respeta el derecho a la libre determinación”, indicó.
Para la activista, en temas de derechos humanos, este tipo de situaciones no las podemos ver como hechos aislados, sino que tiene que ver con la forma de vida, el respeto de todos los elementos que conforman la vida de los pueblos, y su relación con el mundo y el entorno.
Asimismo, han observado que el Estado y las autoridades han abandonado a las comunidades, en el caso de Homún, el mismo pueblo se ha visto obligado a desarrollar procesos judiciales donde han tenido que acudir a los tribunales, conseguir abogados, apoyo de agrupaciones civiles, para poder defender su territorio.
Por lo tanto, indicó el Poder Judicial debe aplicar los controles de convencionalidad, es decir la herramienta que permite al Estado concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia.
“Se tiene que garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas que han sido establecidos en los instrumentos internacionales sobre el derecho al territorio y autonomía”, enfatizó.
Aunado a esto, agregó, el establecimiento de un maco jurídico que garantice el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que la decisión de una asamblea se debe respetar, y no llevarse a un tribual, algo que se establece igual en en los tratados internacionales.
La investigación señala que los pobladores de Homún se sienten amenazados y desprotegidos como pueblo indígena ya que, inicialmente, los permisos para la construcción y comienzo de operaciones de una granja fueron otorgados por el municipio sin consultar a las comunidades. No les permitieron, pues, ejercer sus derechos como pueblos indígenas y tener la oportunidad de sugerir y decidir sobre los planes y proyectos de desarrollo que les afectan directamente.
Ante esto, según detalla el documento, el pueblo se ha organizado para cuidar el agua, proteger su territorio y defender sus derechos colectivos.
Doroteo Haukui comenta: “Nosotros vimos que había problemas… Hablamos con el presidente municipal, quien nos dijo: ‘Espérense ocho días’. En ocho días fuimos y preguntamos: ‘¿Qué pasa?’. A lo que les respondieron: ‘Lo que ya está hecho, ya está hecho’. Estuvo detenida ocho días por un juez de Mérida”. Después del plazo señalado, regresaron al municipio, pero para entonces el juez confirmaba que la granja podía continuar porque el presidente municipal había dado los permisos y la orden de seguir trabajando.
También, de acuerdo a los testimonios, los pobladores se preguntaban preocupados qué harían, pues ya se estaba trabajando en la construcción de la obra. Entonces decidieron llevar documentos a varias dependencias como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), Conagua (Comisión Nacional del Agua) e INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). Esperaron dos meses por una respuesta que debía ser dada por escrito y, al no recibirla, decidieron ir a preguntar.
En la Profepa les respondieron: “Traiga su solicitud dentro de cuatro o cinco años”, que hasta entonces se sabría si ocurrirían daños o algún problema. “Ya cuando actúan así, es el propio gobierno; están conectados, de que lo van a abrir, lo va a abrir. Nos cerraron las puertas de la administración estatal y federal; qué más nos queda” comenta Doroteo.
Acceder a la justicia ha sido complicado. Desde 2017 se han presentado diversas acciones legales: denuncia ante la Profepa, amparos, recursos de revisión, recursos de queja, incidentes y recusaciones ante juzgados de distrito y tribunales colegiados.
La Suprema Corte de Justicia atrajo el caso para resolver la revisión del juicio incidental por la suspensión de la mega granja. El 19 mayo de 2021, la SCJN otorgó la suspensión definitiva mientras la jueza del Cuarto Distrito resuelve el fondo del asunto. De acuerdo a los testimonios de la comunidad, la empresa estuvo en operación pese a la orden de suspensión otorgada por el Juzgado Segundo, y contaminó el Área Natural Protegida Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes de la cual se extrae casi la mitad del agua para proveer al estado y que es también un humedal de importancia internacional (certificado RAMSAR).
La salud de la niñez no puede convivir con las granjas porcícolas, y tampoco el turismo, pues hay muchos olores — recordemos que el turismo ha sido el sustento de pueblo maya desde que el henequén se acabó—: “¿Qué turista va a querer venir con esos olores?”. Asimismo, jamás se le dio importancia a la consulta del pueblo indígena, ni por parte de la empresa ni del gobierno estatal y federal. Una consulta en la que, como se mencionó más arriba, los pobladores votaron por la no instalación y operación de la granja: “Invitamos a una asamblea a todos los órdenes de gobierno estatal y federal, y solo asistió el municipal. Si las leyes y normas permiten la contaminación, entonces deben ser cambiadas”, asintió José Clemente Muy Echeverría.
Chablekal
El estudio indica que se crearon ejidos agrarios sobre los territorios mayas que ancestralmente les pertenecían a los pobladores de Chablekal, no obstante, cuando exigieron la restitución de las tierras, lo primero que les dijo el gobierno es: “A ver, muéstrame tu papel donde dice que es tuya esa tierra que quieres que te devuelvan”. Como no hubo esos documentos, el gobierno no restituye, sino que termina donando.
“Es evidente el estigma y la negación del pueblo indígena aun cuando el mismo nombre del lugar, Chablekal, está en lengua maya y significa “oso hormiguero”, al mismo tiempo que Yucatán está lleno de templos y vestigios mayas”, señalan en la investigación.
A finales de los 90, el ejido de Chablekal fue alcanzado por la plusvalía y la especulación inmobiliaria que motivaron la venta de tierras, la depuración del padrón ejidal y la privación ilegal de derechos agrarios a partir del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). En algún momento de los años 1992 y 2000 se empezó la depuración de ejidatarios, y a quien no estaba conforme o no consentía la venta de sus tierras, se le privaba de sus derechos agrarios. Familiares y gente cercana al comisariado en turno sustituyeron inmediatamente a los ejidatarios depurados.
Exigen que paren las ventas, que reconozcan la posesión y el derecho que tienen a decidir y preservar un lugar no quieren ver destruido. Quieren seguir siendo mayas con territorio y no convertirse en una colonia o fraccionamiento en la periferia de una ciudad. La invisibilización de Chablekal como pueblo maya ha sucedido desde el momento en que se solicita la restitución de su territorio ancestral y, posteriormente, al ser ignoradas sus autoridades tradicionales, y al solo tomarse en cuenta al comisariado ejidal y al Consejo de Vigilancia cuyo tipo de economía no es inclusiva y es más bien propia de una sociedad que desconoce ciertos sectores sociales, como el pueblo maya.