La política de seguridad de Yucatán ha incrementado las detenciones arbitrarias y el abuso policial: Elementa DDHH
En Yucatán, la mayoría de las detenciones arbitrarias realizadas por los cuerpos policíacos tienen en común: la discriminación, los abusos , la violencia, tortura, la homofobia
Por Abraham Bote Tun /Ilustraciones Elementa DDHH
En Yucatán, la mayoría de las detenciones arbitrarias realizadas por los cuerpos policíacos tienen en común: la discriminación, los abusos , la violencia, tortura, la homofobia, reveló el informe Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán, que realizó Elementa DDHH.
La investigación advierte que la política de seguridad local ha incrementado las detenciones arbitrarias y el abuso policial. “En Yucatán se han normalizado tanto las detenciones como los arrestos arbitrarios y con ellos, el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes las realizan. En muchas ocasiones no hay evidencias de si la persona cometió el delito/falta o no: “lo importante es detener a alguien, para que pague los platos rotos y eso da falsa percepción de seguridad.”
Yucatán es un “estado seguro sólo para determinadas personas en ciertos contextos”, subraya la investigación, la cual, según expone la agrupación, tiene por objetivo continuar con el trabajo previamente realizado y visibilizar que #EnYucatánSíPasa.
Si bien la entidad se coloca como la más pacífica del país, esto ha provocado que otro tipo de violencias sean ignoradas e invisibilizadas, por ejemplo, los feminicidios y desapariciones que se han incrementado en los últimos años, exponen.
El documento aporta datos y testimonios de personas que han sido detenidas de manera arbitraria, y mediante abusos policiales documentados, lo que derriban el discurso de las autoridades de que Yucatán es el estado “más seguro del país”.
“Se trata de 24 testimonios que relatan detenciones arbitrarias que tuvieron lugar en Yucatán entre 2011 y 2021. Estos dan cuenta de las condiciones y motivos de las detenciones realizadas por policías estatales y municipales del estado y exponen la arbitrariedad, el abuso de fuerza, la violencia y las violaciones a derechos humanos que ocurren durante las mismas”, precisa la investigación.
Estas historias, de acuerdo con la organización, son reflejo de un proceso de perfilamiento racial y de clase que se intersecciona con otros motivos de discriminación como su orientación sexual, el género, la forma en que se ven, se visten y son concebidas ante la mirada de otras personas.
El documenta revela que en Yucatán la presencia policial y militar ha ido en aumento desde 2010. En ese entonces existían 3 mil 762 cuerpos policiales desplegados, los cuales aumentaron a 4 mil 932 para 2016 y a 5 mil 290 en 2020.
Esta cifra lo posiciona como el tercer estado con la tasa más alta de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatal por cada 100 mil 000 mil habitantes.
“La estrategia de prevención del delito ha colocado en el centro a militares y policías, además de establecer medidas de vigilancia y control que vulneran derechos humanos”, advierten,
Además, Yucatán es el estado que más personas puso a disposición ante juez o ministerio público en el 2020 con 194 mil 438 puestas a disposición, no obstante en la mayoría de los casos se desconoce el motivo de las detenciones, de acuerdo con información del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.
De esta cifra, 144 mi 656 fueron las personas puestas a disposición ante un juez civil u oficial calificador en el 2020 por “faltas cívicas”; y 49 mil 782 personas puestas a disposición ante un ministerio público en el 2020 por delito.
La mayoría de los casos se presentaron en Mérida, con 98 mil 523 personas puestas a disposición; le sigue Kanasín con 14 mil 374; Umán con 5 mil 730; Progreso, 4 mil 851 y Valladolid con 4 mil 119.
“Es alarmante el proceder de la policía, sobre todo porque el propio estado reconoce deficiencias en el registro de estas detenciones que llevan a desconocer sus motivos, condiciones y consecuencias”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, en el 74.3 por ciento de las puestas a disposición la razón fue la presunta comisión de una falta cívica. De estas puestas a disposición, la mayoría: el 66.1 por ciento, unas 95 mil 625) se registró en vía pública.
“En lo que compete al tipo de faltas y delitos registrados por el Censo, en la mayoría de los casos no fue posible identificar con certeza qué faltas o delitos cometieron las personas que se pusieron a disposición. Asimismo, en la mayoría de los casos, los registros del Censo tampoco permiten indagar en el sexo y edad de las personas que fueron puestas a disposición”.
“Resulta preocupante que las autoridades encargadas de proporcionar y documentar la información sobre los presuntos delitos y faltas registradas en 2020 no cuenten con la información necesaria para explicar cuál es el delito o la falta cívica por los que se detuvo y presentan personas a disposición”, resaltaron.
Las violaciones a derechos humanos del modelo de seguridad
Para Elementa, las consecuencias de sostener la imagen de Yucatán como un estado donde no pasa nada, las viven de manera perjudicial las personas que son discriminadas, detenidas arbitrariamente, desplazadas a las periferias, violentadas en sus derechos humanos, despojadas de sus tierras, y quienes no encajan en el estereotipo de la ciudad blanca.
Por ejemplo, el caso de José Eduardo Ravelo es “paradigmático de las formas en que la violencia, el abuso policial, la impunidad y la arbitrariedad pueden ejercerse tras una detención arbitraria, así como de las graves consecuencias que tienen estas prácticas”.
Su caso también expuso la renuencia de las autoridades para reconocer la comisión de violaciones graves a derechos humanos que se cometieron y se cometen en el marco del modelo de seguridad. “Dicho modelo ha redefinido las dinámicas de exclusión y persecución que se ejercen en el estado para mantener un espacio seguro donde la blanquitud se reafirma como signo de tranquilidad”; advierten.
La organización documentó que desde 2010 a 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ha generado 118 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), esto es el 31 por ciento del total de recomendaciones generadas en estos años dirigidas a diversas autoridades del Estado .De los años recientes que concentran más recomendaciones son 2020 y 2021, cada uno con 13 respectivamente.
La Codhey informó en abril de 2022, en respuesta a solicitudes de información, que de 2008 a 2022 se recibieron 2 mil 083 quejas por posibles violaciones a derechos humanos consistentes en amenazas, lesiones, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a personal de la SSP.
En promedio se registraron 150 quejas al año. El año con más quejas fue 2019 con 200 quejas. En los primeros dos meses de 2022 se han recibido 16 quejas.
En cuanto a las quejas iniciadas por hechos en los que se señalan detenciones arbitrarias, lael organismo autónomo, igual vía transparencia, especificó que se iniciaron mil 668 quejas. Los tres principales municipios en los que se reportan hechos de detención arbitraria son Mérida (1,202), Progreso (107) y Kanasín (60).
En este caso, precisa el documento, el 96.5 por ciento de las quejas se señala a la SSP como la autoridad responsable y en el 10.3 por ciento a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). De las autoridades municipales que se mencionaron, el 2.7 por ciento de las quejas involucran a la Policía Municipal de Progreso, en el 13.2 por ciento de las quejas se señalan a las policías municipales —de municipios distintos a Progreso—, en el 2 por ciento de las quejas señalan a presidencias municipales, en el 0.12 por ciento a ayuntamientos municipales y en el resto a otras autoridades.
No obstante, según la propia encuesta que realizó la agrupación, el 70.8 por ciento de las personas encuestadas (17) indicaron haber sido detenidas por la policía estatal, el 16.7 por ciento de ellas (4) indicó haber sido detenida por la policía municipal y el 12.5 por ciento dijo no estar seguro.
¿Quiénes son las personas detenidas en Yucatán?
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de las personas, el 75 por ciento (18 personas) se identificaron como hombres, el 20.8 por ciento (5) como mujeres y el 4.2 por ciento (1) restante como personas no binaries. Todas las personas encuestadas manifestaron ser de nacionalidad mexicana. La mayoría, 19 personas, son originarias de Yucatán.
Sobre el nivel educativo de las personas detenidas que respondieron la encuesta, el 45 por ciento contaban con una licenciatura en proceso al momento de la detención, y el 29.5 por ciento con la licenciatura concluida. Al momento de la detención, 50 por ciento de las personas encuestadas (12) señalaron ser estudiantes. No se pudo identificar la profesión de 2 personas. Por otro lado, una de las personas encuestadas manifestó haber tenido una discapacidad al momento de la detención.
Mérida, el epicentro de las detenciones
De acuerdo con diversas fuentes, Mérida es la ciudad que más detenciones concentra. Por un lado, así lo reporta el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 donde éste es el municipio donde más personas fueron puestas a disposición. Por otro lado, información proporcionada por la Codhey sobre los lugares donde se registraron más denuncias entre 2008 y 2022, apuntan que el 80% de los hechos denunciados por hechos violatorios consistentes en amenazas, lesiones, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a personal de la SSP ocurrieron en los municipios de Mérida (1,488), Progreso (127) y Kanasín (68), el restante 20% de las quejas (400) ocurrieron en los diversos municipios del estado.
El hecho de que tanto detenciones arbitrarias como denuncias se concentren en la capital obedece a múltiples razones, dentro de éstas tanto el crecimiento urbano de la ciudad así como la concentración de servicios e instituciones que se encuentran en la capital han hecho de ésta un polo de migración que ha tenido múltiples implicaciones.
Discriminación: el móvil de las detenciones
De acuerdo con resultados de la encuesta realizada por Elementa DDHH, el 91.6 por ciento (22) de las personas que fueron entrevistadas consideran que la discriminación es un factor determinante al momento en que las autoridades detienen a una persona sin razón aparente.
La vestimenta resultó ser la característica más mencionada dentro de los motivos por los que las personas encuestadas se sintieron en riesgo o criminalizadas; 50 por ciento (12) de las personas encuestadas señalaron la relación entre esta característica y la criminalización.
En investigaciones previas, han identificado un patrón de discriminación que motiva las detenciones arbitrarias. Ésta es otro medio de control de seguridad ampliamente utilizado en
“La discriminación en el estado se ejerce por distintos motivos, la que se relaciona al origen étnico de las personas es sólo una de sus caras”.
Detenciones y violencia contra las mujeres
En el contexto de las detenciones la organización observó el perfilamiento a grupos en situación de vulnerabilidad, como parte de esto, en las historias de detención se refleja la violencia, el abuso y el uso excesivo de la fuerza que ejerce la policía relacionada con una violencia de corte sexual que se dirige a los cuerpos femeninos. En estos casos el abuso policial se ejerce desde una estructura estadocéntrica patriarcal que incrementa la vulnerabilidad de los cuerpos de las mujeres y se aprovecha de esta condición.
Detenciones y actos de homofobia
Otro tipo de violencia policial que se identificó en las historias de detenciones, se manifiesta sobre los cuerpos que expresan una identidad de género no normativa, en este caso las personas homosexuales y trans.
“Yucatán destaca por el poder estructural que concentran las élites conservadoras y religiosas en la política y la economía de este estado. Los estereotipos y prejuicios que se ejercen desde una moral conservadora repercuten en la discriminacion e invisibilización de los derechos de la población LGBT+, un ejemplo de esto es la invisibilización que llegó hasta la obstaculización de aceptar constitucionalmente el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo”.
Tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes
Las detenciones arbitrarias dan paso a la comisión de otros delitos y abusos policiales como la siembra de drogas, extorsión, intimidación, estigmatización, represalias, amenazas y malos tratos. Todo ello se documentó en la encuesta realizada.
El 29 por ciento de las personas encuestadas reportaron haber sido víctimas de malos tratos y violencia física, golpes, uso excesivo de la fuerza; 16 por ciento de amenazas e intimidación y el 16.7 por ciento de extorsión. De 24 personas encuestadas, 21, es decir el 87.5 por ciento, reportó haber sido víctima de otras violencias: física, verbal, amenazas, forcejeos. De este total el 62.5 por ciento de las personas indicó que esto ocurrió al momento de la detención.
Recomendaciones:
Sensibilizar a la población sobre la discriminación, estigmatización, y las consecuencias de las detenciones arbitrarias y los actos de tortura.
Diseñar mecanismos interinstitucionales con enfoque de derechos humanos para atender el origen estructural de la violencia y la incidencia delictiva en el estado.
Implementar mecanismos de rendición de cuentas respecto a la actuación de la policía. Replantear las metodologías de capacitación de elementos de las fuerzas públicas para salvaguardar los derechos humanos con apego a los estándares internacionales.
El Gobierno Estatal debe reconocer la falta de mecanismos para prevenir e identificar la tortura y realizar las investigaciones correspondientes; con apoyo de la Codhey, debe desarrollar e implementar un Programa Estatal para la prevención de abusos policiales.
Promover investigaciones ante las posibles violaciones a derechos humanos —señaladas en el presente documento y el resto ocurridas en el estado— y garantizar sanciones para las autoridades responsables, así como la implementación de medidas de no repetición.