Urge que Yucatán cuente con una Ley estatal de Movilidad
Que garantice recursos específicos para la mejora del sistema de transporte público
“Transporte público por encima del privado”
Por Abraham Bote
Urge que Yucatán cuente con una Ley estatal de Movilidad que garantice recursos específicos para la mejora del sistema de transporte público, reconoció Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida (OMSM).
La norma, agregó, deberá contener la creación de Fondo Estatal de Movilidad, en el cual se puedan buscar mecanismos de recaudación de recursos, ya sea a través de impuestos, que pueden destinarse a la mejora del transporte.
O bien, agregó, garantizar que parte del presupuesto estatal, con el que se cuente, vaya destinado a este rubro, y no tanto a obras viales y de pavimentación.
“La prioridad debe ser el transporte público por encima del privado”, indicó.
Ante un evento con empresarios, el pasado 4 de marzo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, prometió mejoras al sistema de transporte de la ciudad, con o sin los concesionarios; o a pesar de ellos. Los cambios “ya no pueden esperar más”, señaló.
“Aquí, queremos decirles a los concesionarios del transporte público que queremos hacer este gran cambio por nuestra ciudad con ellos, pero también, lo vamos hacer sin ellos o a pesar de ellos porque los 400 mil 000 usuarios del transporte público que utilizan en Yucatán ya no pueden esperar más”, indicó.
Al respecto, Monsreal Toraya opinó que además de deficiencias internas que pueda haber dentro de los concesionarios del transporte, el servicio requiere financiamiento externo, no puede sostenerse únicamente con la tarifa, esto está demostrado en todo el mundo, afirmó.
“El apoyo económico al sistema de transporte público es muy escaso, discrecional y obedece más a factores políticos que administrativos”, subrayó.
Se necesita un Fondo Estatal de Movilidad, que podría ser financiado a través de impuestos, de la tenencia, elementos recaudatorios que se deben plantear para destinar recursos a este fondo, que sería usado para beneficio del transporte, principalmente, como ocurre en Ciudad del México.
Para lograr esto, agregó, se debe contar con una Ley de Movilidad que avale estas acciones, además de que regule el tema de las concesiones.
“Una ley que establezca los términos y condiciones para poder asignar recursos”, expresó.
No se trata tanto de cancelar y retirar concesiones, precisó, si no ver que funcionen en las mejores condiciones posibles.
Si bien el tema de los impuestos podría generar dudas y descontentos, la realidad es que el Estado no puede recurrir a deuda para la mejora del sistema, que luego resulte inpagable para la ciudadanía, consideró el analista urbano. “Tiene que haber una manera sostenible y autofinanciable”, indicó.
También, indicó, con esta ley se debe establecer “candados”, para que no todo el repuesto en materia de obra se destine a distribuidores viales o pavimentación, y que mejor se distribuya al transporte y movilidad; la infraestructura ciclista, peatonal, inclusión para personas con discapacidad.
Labor del municipio
Por otro lado, pese a no estar involucrado en tema de las concesiones, el municipio, indicó, juega un papel determinante en el diseño y operación del sistema de transporte público, a través de diferentes intervenciones, entre las cuales están las siguientes:
Asumir la responsabilidad para instalar, mantener y rehabilitar los parabuses, procurando que sean funcionales, accesibles y libres de publicidad invasiva y cuyas ubicaciones respondan a criterios urbanísticos y no a criterios de marketing.
Habilitar cruces seguros en zonas de transbordo de rutas, mediante la ampliación de banquetas, construcción de pasos de prioridad peatonal e instalación de dispositivos reductores de velocidad.
Instalar bici estacionamientos de larga estancia en inmediaciones de paradas de transporte, especialmente en comisarías y accesos a desarrollos inmobiliarios habitacionales de tipo privado ubicados en las periferias de la ciudad.
Crear corredores peatonales entre paraderos y grandes equipamientos urbanos.
Habilitar carriles preferenciales o exclusivos para el transporte público de pasajeros, ya sea de forma permanente o estableciendo restricciones al tránsito de automóviles durante los horarios de máxima demanda vehicular.
Apostar por fraccionamientos con trazas urbanas que garanticen la máxima permeabilidad urbana y la mayor cantidad de opciones para desplazarse a pie, en bicicleta y autobús dentro y fuera de éstos, así como evitar la presencia de cerradas habitacionales en fraccionamientos públicos.