Al no acatar la recomendación de la CNDH, Barrera Concha manda un mensaje de impunidad y de que la Policía de Mérida puede seguir vulnerando derechos humanos

Senado podría llamar a comparecer al alcalde y otras autoridades por no acatar recomendación

Barrera Concha muestra un “desconocimiento brutal” de los derechos humanos

Texto y fotos: Abraham Bote

Agrupaciones y activistas que defienden los derechos humanos a nivel nacional e internacional, condenaron que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, no acate la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),en torno al caso de José Eduardo.

Representantes de Amnistía Internacional México, Elementa Derechos Humanos y la activista Carla Luisa Escoffié Duarte coinciden: No acatar la determinación de la CNDH manda un mensaje de impunidad y de que la policía de Mérida puede seguir agrediendo a la ciudadanía; además que demuestra un “desconocimiento brutal” hacia los derechos humanos y las funciones de este organismo autónomo.

Señalaron que la comisión debería llamar a comparecer a Barrera Concha ante el Senado de la República para que justifica los motivos por los cuales no acató esta recomendación.

Luego de más de dos semanas, el pasado 29 de enero, el Ayuntamiento de Mérida informó que Renán Barrera  no acataría la recomendación de CNDH, es decir no pedirá disculpas por el caso de José Eduardo, ni otorgará reparación integral del daño a la familia de la víctima. 

Argumentaron que la determinación del organismo nacional es diferente a la que ha dictado las autoridades judiciales entorno a este caso.

“Confirmamos nuestro compromiso para la realización de las recomendaciones, salvo aquellas que desconocen los resultados de la autoridad de justicia y reiteramos que seguiremos colaborando con las instancias hasta la culminación de sus procesos”, indicó la comuna en un comunicado.

Sin embargo, el mes de diciembre pasado, un juez ordenó retirar el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de José Eduardo Ravelo de la página oficial de la dependencia y de las plataformas digitales.

Al respecto, Luisa Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, comentó que esto manda un mensaje de impunidad, pues a pesar de las evidencias, los vídeos filtrados, donde se observa que el joven veracruzano fue agredido por varios elementos, Barrera Concha sigue protegiendo a las policías, justificando que la resolución de la CNDH es diferente a lo que dice la Fiscalía General de la República, (FGR).

De acuerdo con la defensora de los derechos humanos, ante esta negativa, el organismo puede solicitar la comparecencia del presidente municipal ante el Senado para responder a cuestionamos por el incumplimientO, y que argumente por qué no va a acatar la recomendación.

“Por el caso y su trascendencia, no existe razón jurídica, ni política para que no ejerza esa facultad”, opinó. Para la activista, el caso lo exige por su brutalidad y por representar algo sistemático en Yucatán.

Además, dijo que es urgente que se cree una comisión especial que se encarga de investigar los delitos y otras vulneraciones que han cometido los cuerpos policiacos en todo el estado, ya que es una práctica constante y no se trata de casos asilados.

“Manda un mensaje de no nos importa, vamos a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, el statu quo está para quedarse y eso implica impunidad”, opinó Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH.

La respuesta del alcalde de Mérida es inaceptable, agregó, aunado al silencio del gobierno estatal, y de la Fiscalía esa estado, lo que hace más grave la preocupación que hay sobre la situación de violaciones a los derechos humanos que ocurren en Yucatán.

Las cuales siguen el mismo patrón, según expuso, “el rechazo, desconocimiento y silencio frente a las violaciones a los derechos humanos…es completamente inaceptable la actitud que está tomando el gobierno municipal, estatal”.

Falta política estatal en derechos humanos

Aunque no sorprende este discurso, reconoció Demichelis Ávila, pues ya son muchos años de que organizaciones, activistas y demás personas han expuestos las violaciones de los derechos y abusos que se cometen en Yucatán; y a pesar de esto todavía no hay una política estatal en derechos humanos.

No solo demuestra un desconocimiento de los derechos humanos, sino que también mantiene el mensaje de que “aquí no pasa nada, Yucatán es un estado seguro”.

Tampoco le pareció adecuado defender a las instancias judiciales, como si fueran las que tiene la última verdad de lo que sucede, “Entonces para qué sirven los organismos autónomos de derechos humanos, si no es para hacer un contrapeso a las autoridades que tiene el monopolio de la persecución y la procuración de justicia”, sentenció.

Al pedir disculpas y reconocer la recomendación, precisó, que se ofrece garantías de no repetición, pero con el rechazo se asegura que van a seguir ocurriendo estos lamentables casos.

Si bien, las recomendación carecen de fuerza vinculante, coincidió con Carla, la CNDH puede solicitar al Senado que llame a comparecer a Barrera Concha, incluso al gobernador Mauricio Vila Dosal, y al Fiscal estatal para que expliquen las razones de por que rechazan o no acatan la determinación, ya que igual pide que se continúen con las investigaciones.

“Al final del día, el mensaje que se manda es que aquí puede haber cualquier violación a derechos humanos”, afirmó Norma González Benitez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.

Comentó que primero el alcalde de Mérida no es claro en su postura, ya que el comunicado que emitió el ayuntamiento es “tramposo”, y “sesgado”, ya que no aclara si va o no acatar la recomendación, pero es lo que se da a entender.

Argumentan que aceptan las recomendaciones, “salvo aquellas que desconocen los resultados de la autoridad de justicia”, no obstante el caso de José Eduardo siguen en investigación, hay carpetas de investigación en las fiscalía estatal y la que tiene que ver con tortura en la Fiscalía General de la República.

González Benitez aclaró que la el documento de la CNDH jamás desconoce los resultados de las autoridades de justicia, sino lo que ha hecho es analizar todas las deficiencias que hay en las investigaciones, aunado a su propia investigación que realizó, determinó que hubo tortura, y otras violaciones.

“La comisión no está desconociendo los resultados, al contrario señala las deficiencias y pide a las fiscalías es que investiguen conforme a derecho y que incorporen los estándares internacionales de derechos humanos”, subrayó.

Desconocimiento “brutal”

Amnistía, además, observa que hay “desconocimiento brutal” sobre qué son y qué papel juegan las comisiones de derechos humanos, y los alcances que pueda tener una recomendación de este tipo.

La activista reconoció que estos organismos han sido un logro desde los años 90, de todos los movimientos sociales, y han fungido como instancias que investigan a las personas servidoras públicas en su actuar y han sido un mecanismo alternativo para acceder a la justicia ante las negligencias, omisiones, y violaciones con las que actúan los propios sistemas jurisdiccionales.

“Las fiscalías investigan un delito, las comisiones tienen una visión más amplias porque ven las violaciones a los derechos humanos”,indicó.

Entonces, este discurso del presidente municipal no abonan a que las familias puedan acceder a la justicia, a la impunidad y a la verdad, añadió; al negar esto, es negar una realidad que se vive en el estado.

Asimismo, según ha documentado Amnistía, la mayoría de los casos de violaciones y detenciones arbitrarias de la policía tienen algo en común: se realizan en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación.

En ese punto, recordó que las autoridades municipales y estatales fue estigmatizado, discriminado, una serie de argumentos que utilizaron para minimizar su detención ilegal y desviar la atención hacia las violaciones de derechos humanos.

También aceptó que al no cumplir la recomendación, la CNDH tiene la facultad de solicitar al senado para que llame a comparecer a la autoridad y rinda los motivos por los cuales no reconoce su responsabilidad.

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