Yucatán, dentro de los 11 estados del país con mayor impunidad dentro de sus Fiscalías
De cada 100 denuncias que se hacen en contra de funcionarios de la Fiscalía General de Yucatán, sólo 20 reciben alguna sanción
Por Abraham Bote
Yucatán se encuentran dentro de los 11 estados del país con mayor impunidad administrativa en sus fiscalías y procuradurías estatales, con un índice del 79.61 por ciento ocupa el lugar 10, según revela la investigación “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad”, que realizaron Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.
Esto quiero decir que de cada 100 denuncias que se hacen en contra de funcionarios de la Fiscalía General de Yucatán, por alguna irregularidad, falta o acto de corrupción, se sancionan sólo a 20, indicó Darío Ángeles González, investigador de Impunidad Cero y autor de este trabajo. “Hay un problema fuerte en la eficacia de la solución”; remató.
El estudio analiza los sistemas de responsabilidad administrativas de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de las fiscalías de todos los estados del país y del gobierno federal (en total 132 instituciones públicas), con el fin de observar cómo están sancionando las irregularidades de sus funcionarios.
De acuerdo con el análisis, las fiscalías estatales con mayor impunidad administrativa son Aguascalientes y Baja California, con 93.6 por ciento y 93.2 por ciento, respectivamente; mientras que las que tienen menor impunidad administrativa son Tlaxcala y Querétaro, con -87.5 por ciento y 0.9 por ciento, cada una.
“La impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado del desempeño de su cargo”; explica el documento.
Cabe destacar que en el estudio no se pudo analizar el nivel de impunidad del Poder Ejecutivo ni del Poder judicial de Yucatán, pues estos organismos no proporcionaron la información adecuada o era errónea, pero no se trata de un problema de ocultar datos, según explicó Darío.
La investigación señala que del 2014 al 2019, se han hecho 150 denuncias en contra de la Fiscalía del estado; y 566 quejas en este mismo lapso de tiempo. Sólo en el 2019 se registraron 25 denuncias y 132 quejas.
Sin embargo, pese al número de denuncias y quejas, del 2014 al 2019, sólo se han iniciado 54 expedientes para imponer responsabilidades administrativas a servidores públicos; y únicamente alrededor del 20 por ciento de los expedientes fueron concluidos con resolución definitiva que determinó la existencia de responsabilidad administrativa.
Las principales denuncias por irregularidades en servidores públicos de este dependencia, seguían evidencia el informe, son por respuestas genéricas, irregularidades en integración de investigación; demora en el cumplimiento de sus funciones, así como violaciones a los Derechos Humanos, uso indebido de bienes públicos, abandono de labores, cohecho, abuso de autoridad, actos de corrupción, amenazas, entre otras.
Para Ángeles González, estas cifras indican que aunque se hacen denuncias en contra de algún funcionario o funcionaria de la Fiscalía, por incumplimiento de sus deberes, al final no reciben alguna sanción.
“Estamos hablando de un sistema que sirve para sancionar a servidores públicos cuando actúan indebidamente, tienen un trabajo que les encomendamos, se les solicita que lo cumplan con ciertos estándares, y si no lo hacen deberían recibir una sanción, multa, amonestación o multa”; manifestó. Atender esta situación, ayudaría a prevenir problemas más serios de corrupción; agregó.
En cuanto la impunidad en el poder ejecutivo, Quintana Roo obtuvo un 67. 57 por ciento, y Campeche es de los estados que presentan menor impunidad, con un 37. 55 por ciento; en cuanto al poder judicial, Jalisco junto a Quintana Roo y Colima registran la menor impunidad administrativa, con -61.5, -58.3 y 8.3 por ciento, respectivamente; mientras que el poder judicial que menos sanciona faltas administrativas es Campeche, con 99.5 por ciento.
Por otro lado, sobre la impunidad en el poder legislativo, Campeche obtuvo un 60 por ciento; Yucatán y Quintana Roo no aparecen en la lista pues no proporcionaron la información adecuada para hacer la evaluación.
Recomendaciones
En cuando a las recomendaciones para solucionar este problema, que se deben considerar en el Sistema estatal Anticorrupción, y al interior de cada uno de los poderes y dependencias, el estudio indica algunas:
Al momento de recibir una denuncia, queja o cualquier otro medio de aviso que inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas se identifique la conducta denunciada para efectos de gestión interna.
La información debe reflejar las razones de las distintas “salidas” del procedimiento que han sido identificadas como medios de terminación
De acuerdo con el tipo de gestión que tenga cada órgano, es factible que desde la recepción de la noticia de alguna falta hasta la apertura de un expediente se presenten casos en los que se deseche la denuncia o queja.
Con el fin de contar con datos adecuados para analizar lo que sucede durante los procedimientos de responsabilidades administrativas, más allá de meras estadísticas formales sobre sanciones, se deben sistematizar los hechos que son sancionados (tanto de forma general como con clasificaciones específicas y debidamente homologadas en el país), el tipo de sanción, el fundamento legal (de forma detallada y no con referencias a normas de forma genérica) y la cuantía, entre otros datos que resulten susceptibles de clasificación.
Una vez finalizada la parte de la imposición de sanciones, se debe registrar de manera adecuada la información sobre si la sanción queda firme o si se presentan impugnaciones en contra de las mismas.
Registrar la información derivada de los procedimientos de impugnación, independientemente del resultado de los procedimientos, permite observar estadísticamente en qué casos se tiene una mayor eficacia (por ejemplo, en aquellas resoluciones que se mantengan firmes tras la impugnación) para, en su caso, realizar muestras concretas que permitan evaluar buenas prácticas de dichos expedientes.
En este enlace pueden encontrar mayo información: http://www.impunidadadministrativa.com/