CNDH realizó una investigación de cárceles municipales y cuerpos policiacos de Yucatán

A finales de este año deben dar a conocer el informe completo

Por Abraham Bote

Ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos en el estado, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), junto con la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) realizó una investigación de cárceles municipales y cuerpos policiacos de 30 municipios, incluidos Mérida.

Así lo dio a conocer Miguel Óscar Sabido Santana, titular del organismo autónomo estatal, quien anunció que el informe concreto con los resultados se darían a conocer antes de que acaba este año.

También recalcó que el caso de José Eduardo, joven originario de Veracruz, quien supuestamente habría sido asesinado por elementos de la policía de Mérida, prendieron “los focos de alarma” sobre el actuar de los cuerpos de seguridad a nivel nacional, por lo que se decide hacer esta supervisión junto con la CNDH.

Sabido Santana detalló que este año, además de hacer su programa de supervisión en las cárceles del estado, también hicieron otra investigación aleatoria a 30 cárceles municipales, del sur, oriente y centro del estado, junto con personal de la CNDH, que forman parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Actualmente, detalló que están procesando toda la información junto al organismo nacional para emitir un informe al respecto; aunque adelantó que “las condiciones de las cárceles públicas están muy mal”.

Algunas de las irregularidades que persisten en estros espacios son desde maltrato a los detenidos, deficiencias en la infraestructura, falta de médicos, registros, de bando de policía y buen gobierno, seguridad jurídica del detenido, los tiempos de detención se exceden; las puestas a disposición de ls detenidos al Ministerio Público no se cumplen.

También, agregó, la preparación de los policías es muy deficiente. En este tema, indicó que los elementos deben tener el Certificado Único Policial (CUP), y la Clave Única de Identificación Permanente (Cuip), pero en casi todos los municipios no lo tienen.

Los Ayuntamientos, según indicó el Miguel Óscar Sabido, alegan que para obtener estos certificados tiene que pagar entre 10 mil y 20 mil pesos por elemento, pero no cuentan con el presupuesto para estos pagos.

Asimismo, algunos sí logran certificar a sus elementos, pero luego migran a otros municipios, a otros estados o dejan de ser policías y la inversión se pierde.

Para que haya buenos policías bien formados y capacitados, expuso que debe haber certeza laboral para que no migren a otros lados.

A su vez, indicó que este tipo de investigaciones son relevantes si se quiere seguir manteniendo el discurso de que Yucatán es el estado más seguro del país.

“Hemos dicho que en los últimos años, Yucatán es uno de los estados más seguros, esto obliga a las autoridades a reforzar estas actividades para mantener esos niveles de seguridad,pero dentro del marco de la legalidad y seguridad jurídica”, subrayó.

Asimismo, recordó que desde el pasado lunes, iniciaron trabajos con autoridades municipales de Cenotillo, Hunucmá, Dzemul, Cacalchén, Bokobá, Abalá, Baca, Cansahcab, Celestún, Progreso, Motul, Hoctún, Ucú, Telchac Pueblo, Umán, Tetiz y Samahil, para la capacitación a sus policías municipales y verificar las condiciones de las cárceles públicas.